Las Comisiones Provinciales de Coordinación contra la Violencia de Género de distintos puntos de España han debatido en los últimos meses las «incidencias» en el funcionamiento de las pulseras telemáticas que controlan si los agresores o presuntos agresores cumplen las órdenes de alejarse de las mujeres en riesgo.
De esas comisiones, integradas por jueces, fiscales, miembros de las fuerzas de seguridad y representantes municipales, forman parte los responsables de las unidades de violencia de género que existen en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
En las actas consta su compromiso de transmitir al Ministerio de Igualdad las «disfunciones» observadas, lo que desmiente a la ministra Ana Redondo, que sigue afirmando que los dispositivos funcionan.
«Las pulseras funcionan. El dispositivo Cometa [que depende del MInisterio y controla los brazaletes] siempre ha funcionado y sigue funcionando», insistió ayer Redondo.
En contra de sus afirmaciones se alza el acta de la Comisión Provincial contra la Violencia de Género de Granada del 19 de febrero de 2025.
A petición de los representantes de la Guardia Civil, la sesión incluyó en el orden del día un punto titulado Disfunciones en el funcionamiento del dispositivo Cometa .
«Se indica por la Guardia Civil que, debido a las disfunciones en el funcionamiento técnico del dispositivo Cometa y la gestión de las incidencias por parte del centro de control del mismo, existe un número de víctimas que se sienten desprotegidas», señala el acta.
Estas víctimas «comunican de manera reiterada y manifiesta el perjuicio que les está suponiendo la asignación de dicho dispositivo y se plantean renunciar a esa medida de protección, llegando alguna víctima a entregar su dispositivo en sede judicial», añadió la representación de la Guardia Civil.
Durante la reunión se expuso el caso «especialmente relevante» de una víctima residente en un pequeño municipio (9.000 habitantes). «El agresor se ha desplazado al domicilio de la víctima y ha sido captado por las cámaras de tráfico de la localidad en distintos días, teniendo además la medida de prohibición de residir y acudir a dicho municipio, sin haberse producido ninguna alarma por parte del centro de control Cometa por la entrada en zona de exclusión», explicó la Benemérita.
La víctima ya había presentado un total de cinco denuncias por quebrantamientos de la orden de protección.
La Guardia Civil recopiló pruebas de que «el autor, de alguna manera, manipuló el brazalete o su dispositivo para aproximarse al domicilio de la víctima, sin que el [sistema] Cometa detectara la entrada en zona de exclusión».
El asesor jurídico del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Granada afirmó que en este caso «se dio traslado por escrito desde el Ayuntamiento a la Subdelegación del Gobierno, y aun así se produjeron nuevos quebrantamientos que no fueron recogidos por el sistema, pese a que desde centro Cometa se indicaba que el dispositivo funcionaba perfectamente«.
«Incluso la víctima llegó a decir que prefería no tener el dispositivo, porque refería que el informe de centro Cometa iba a favorecer al agresor«.
Este miembro de la comisión manifestó que, tras la adjudicación del contrato de los dispositivos a Vodafone, «están funcionando mucho peor».
Pidió una auditoría del sistema «ya que es una herramienta que en teoría debe servir para proteger a las víctimas, pero se está constatando que personas que cuentan con cierta cualificación parece que tienen habilidad para modificarlos».
Una juez de violencia sobre la mujer confirmó que «el sistema de control de dispositivos falla, como ya se ha puesto de relieve en anteriores reuniones».
Agregó que esto «crea, por un lado, una situación de ansiedad e inseguridad en las víctimas y, por otro, un grave problema de prueba en la tramitación de los procedimientos por quebrantamiento«.
A ello se une que se está acordando la imposición de «muchísimos dispositivos», por lo que «dichos problemas se están produciendo en multitud de causas penales».
La concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Granada lamentó que «no se dé credibilidad a la víctima».
Otra juez de violencia sobre la mujer le contestó que «no es una cuestión de credibilidad de la víctima». «Si en el informe de Cometa consta que el obligado estaba a 80 kilómetros de donde la víctima afirma que estaba, eso tiene mucho peso probatorio», explicó.
«Se transmite a la Delegación del Gobierno»
La jefa de la unidad de violencia de género de la Subdelegación del Gobierno en Granada manifestó que ésta es una de las provincias donde más dispositivos se utilizan.
Reconoció que «desde que cambió la empresa adjudicataria ha habido una serie de disfunciones» y aseguró que «cualquier problema se transmite a la Delegación e intentan resolverlo».
A su parecer, «si se está siempre afirmando que los dispositivos Cometa no funcionan, las mujeres no van a querer que los mismos se impongan«.
Una juez le replicó que «es necesario, para proteger a las víctimas, que se corrijan las disfunciones que se están apreciando»
Durante la reunión se comentaron deficiencias tales como la ilocalización de víctimas con pulsera instalada, que «durante varios días» no iban a poder implantarse dispositivos y que las alarmas «saltan de forma incesante, causando ansiedad a la víctima».
También se ha constatado que el agresor burla el sensor térmico del dispositivo «colocándoselo a un animal».
Hubo también quejas de que los documentos de Cometa sobre posicionamientos incluyen coordenadas y tiempos «muy difíciles de interpretar», en lugar de un ‘track’.
Guipúzcoa: «Ineficaz»
La de Granada no es la única comisión provincial Viogen que ha puesto de manifiesto disfunciones en las pulseras telemáticas. En Guipúzcoa hubo una reunión el pasado 9 de junio en la que se constató «no tanto un aumento de las denuncias como sí un aumento de los quebrantamientos«.
«La Ertzaintza y el sector judicial coinciden en la ineficacia, en muchas ocasiones, de las pulseras de localización».
