El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Consejo de Gobierno aprobará este martes un paso decisivo en la Ley de Simplificación Administrativa, que supondrá la reducción o eliminación de hasta 80 procedimientos burocráticos. Una medida que, según ha defendido, permitirá avanzar hacia una administración más ágil, sin perder de vista la protección de los intereses ciudadanos.
Page ha remarcado que este proceso de «poda burocrática» debe ser permanente, pero siempre con un equilibrio que evite desproteger a la ciudadanía o a sectores sensibles. «Vamos a suprimir o simplificar al máximo, y queremos seguir insistiendo en un proceso permanente en el que hay que medir muy bien la burocracia que se suprime para no desproteger otros intereses», ha señalado.
El anuncio lo ha realizado durante la inauguración de las IV Jornadas ‘Castilla-La Mancha tierra de oportunidades’, organizadas por el medio de comunicación encastillalamancha.es bajo el lema «Modelos de negocio para el siglo XXI». En este foro empresarial, el presidente ha animado a las personas emprendedoras de la región a seguir adelante con sus proyectos, recordando que «las oportunidades llegan y se construyen».
Defensa de la financiación autonómica
El jefe del Ejecutivo regional ha aprovechado este escenario para volver a reivindicar un nuevo modelo de financiación autonómica, denunciando la falta de avances en este terreno. «Llevo once años escuchando que se va a cambiar y once años sin ver un papel», ha criticado, subrayando que en este tiempo el Estado ha multiplicado por cuatro sus ingresos, mientras las autonomías han quedado atrás.
Page ha advertido de que la riqueza nacional «no es de las comunidades autónomas, sino de todos los españoles» y que el modelo actual no puede fragmentar el país en «17 mercados con 17 legislaciones y 17 modelos fiscales distintos«. A su juicio, un sistema progresista y justo debe tener en cuenta que quienes pagan los impuestos «son las personas y las empresas, no los territorios».
Ha cargado además contra los partidos independentistas, a los que ha acusado de querer blindar por ley que sus territorios tengan «siempre más que los demás», lo que, en su opinión, impide alcanzar un modelo justo de redistribución.
«Puigdemont lo tiene crudo»
En este mismo acto, García-Page ha sido preguntado por la situación política nacional y ha cargado contra Carles Puigdemont y su partido Junts, advirtiendo de que «lo tienen crudo» si amenazan con tumbar los Presupuestos Generales del Estado. Ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya afirmó hace «no mucho tiempo» que seguiría gobernando sin cuentas, lo que a su juicio actúa como «una apreciación preventiva» frente a los intentos de chantaje.
«El Gobierno no puede fiarse lo más mínimo de alguien que lo que quiere es romper España», ha señalado, denunciando que «los peajes que pone el independentismo son normalmente peores y más caros que aprobar o no un presupuesto».
Sobre el encuentro de Puigdemont con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, García-Page ha considerado que no debía haberse producido, porque «alguien que se reclama progresista y de la igualdad no puede pactar con una persona que quiere acabar con la igualdad entre españoles».
Asimismo, ha calificado de «absolutamente inmoral» el posible traspaso de competencias en inmigración a Cataluña, asegurando coincidir «por completo» con la crítica de Podemos en este punto. «Lo que pretende Junts es distinguir a los emigrantes por lengua o identidad, y eso es propio de un racista, de un xenófobo», ha sentenciado.