En el PSOE se encomiendan al fallo de algún diputado del PP o de Vox para lograr, este martes, que la proposición de ley que pactaron con Junts para delegar las competencias en materia migratoria a Catalunya consiga sortear el primer paso de su tramitación en el Congreso. Evocar el error de Alberto Casero, el diputado popular que permitió la aprobación de la reforma laboral en 2022, parece el único camino que vislumbran los socialistas ante la negativa de Podemos a respaldar el texto, el cual consideran «racista». Si esa equivocación en la votación no se produce -todo es posible, aunque bastante improbable-, la iniciativa decaerá, tensando aún más la relación entre el PSOE y Junts.
«El PSOE cumple con sus acuerdos y negocia y suda la camiseta con todos los grupos políticos«, aseguró este lunes la portavoz nacional de los socialistas y secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso, Montse Mínguez. Sin embargo, minutos antes, su homólogo en Podemos, Alberto Fernández, dejaba claro que el Gobierno no podrá contar con los cuatro diputados morados para «hacer políticas racistas».
El rechazo de Podemos, sumado al de PP, Vox, UPN, suman 175 ‘noes’, los justos para que el texto decaiga. Además, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, integrado en Sumar, también se plantea el voto en contra y en IU existe cierto debate sobre qué votar. Todo ello llevará a una derrota que resentirá aún más las relaciones entre los socialistas y posconvergentes. Este mismo fin de semana, en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO, el secretario general de Junts, Jordi Turull, avisó de que perder la votación por culpa de Podemos «no ayudaría» en su diálogo con el PSOE.
Reparto de responsabilidades
No obstante, Mínguez quiso recordar este lunes que su formación es responsable de los acuerdos que alcanza, pero que no se le puede achacar «lo que vayan a votar otros partidos«. A comienzos de este año fueron Junts y PNV los que tumbaron el acuerdo del Gobierno con ERC, EH Bildu y Podemos para prorrogar el impuesto a las energéticas. En aquel momento, en las filas del PSOE se esgrimió el mismo argumento, ellos no tienen la culpa de lo que voten sus socios.
Aun así, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, trató de elevar la presión sobre Podemos este lunes: «Cada grupo tendrá que ser responsable de su votación, del acuerdo alcanzado, un acuerdo dentro del marco constitucional, un acuerdo que se cuenta con total transparencia». Además, aseguró sentirse «absolutamente cómoda» con la iniciativa pactada con los posconvergentes. «Me parece muy positivo que una comunidad autónoma dé un paso adelante adecuado, asumiendo una responsabilidad de una gestión de una política migratoria que es muy compleja», dijo.
La norma plantea que sean los Mossos d’Esquadra quienes gestionen «la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas en cooperación» con la Guardia Civil y la Policía Nacional, y también permitiría que la Generalitat efectuase las devoluciones de inmigrantes. También propone la creación de una «ventanilla única en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración» y que la Generalitat expida «el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español».
¿Qué ocurrirá si la norma no sale?
En el PSOE prefieren no adelantar escenarios y piden esperar a que el martes, rozando el final de la tarde, se vote en el Congreso. Mínguez ha evitado adelantar si están analizando alguna fórmula alternativa para aprobar alguna de las medidas que contiene la norma sin necesidad de pasar por el Congreso y así contentar a los posconvergentes. Eso sí, la portavoz socialista ha querido quitar hierro a cómo afectará esta derrota a las conversaciones con los de Carles Puigdemont: «Cada semana es el fin del mundo y cada semana se nos acaba la legislatura y ya llevamos 7 años del Gobierno de Pedro Sánchez«.
Suscríbete para seguir leyendo
