Miles de personas afectadas por enfermedades laborales graves podrán por fin recibir una reparación justa gracias al Real Decreto que implementa el Fondo de Compensación para Víctimas del Amianto, reparando daños que arrastran décadas de olvido institucional.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto 483/2025, de 17 de junio, ha oficializado la puesta en marcha del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. La norma, que entró en vigor este 18 de septiembre de 2025, permitirá a las personas con una incapacidad permanente reconocida por enfermedades vinculadas a la exposición a este material acceder a una indemnización directa, con cuantías que en los casos más graves alcanzan los 96.621 euros.
La medida desarrolla la Ley 21/2022, que dio luz verde a la creación de este fondo tras años de reivindicaciones de sindicatos, asociaciones de víctimas y juristas especializados en salud laboral. El nuevo decreto concreta quién puede beneficiarse, cómo se solicita y qué cuantías corresponden a cada patología reconocida, cerrando así un vacío que hasta ahora dejaba a miles de afectados en un laberinto judicial.
Quién puede acceder?
El texto establece que podrán solicitar la compensación no sólo los trabajadores diagnosticados con determinadas patologías, sino también sus familiares directos en caso de fallecimiento. Los beneficiarios principales son quienes tienen reconocida una incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional causada por amianto. También podrán acceder las personas con sentencias firmes de indemnización que no pudieron ejecutarse por insolvencia empresarial, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la declaración de insolvencia.
Además, se contemplan los diagnósticos médicos inscritos en el Registro de Trabajadores Expuestos al Amianto (RETEA) o en registros autonómicos equivalentes. En caso de fallecimiento del afectado, la indemnización podrá ser solicitada por cónyuges, parejas de hecho o hijos.
Cuantías fijadas en el decreto
El pago será único y se realizará a tanto alzado mediante transferencia bancaria gestionada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El baremo de compensaciones se fija en función de la gravedad de la enfermedad:
- Mesotelioma: 96.621€.
- Cáncer de pulmón: 64.414€.
- Cáncer de laringe: 48.310€.
- Asbestosis moderada o severa: 32.207€.
Una deuda histórica con las víctimas
La entrada en vigor de este fondo supone un paso importante en términos de justicia social, según el Gobierno. El amianto, prohibido en España desde 2002, fue utilizado de forma masiva en la construcción, la industria naval o la automoción. Sus efectos en la salud pueden tardar décadas en manifestarse, lo que ha dificultado históricamente la reparación a las víctimas.
Hasta ahora, muchas personas afectadas y sus familias se veían obligadas a emprender largos procesos judiciales para obtener una indemnización, con sentencias dispares y, en muchos casos, imposibles de ejecutar por la quiebra de las empresas responsables. El nuevo fondo pretende agilizar ese reconocimiento económico y evitar que la justicia llegue demasiado tarde.
La Seguridad Social afirma que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.245,7 millones en España, con una pensión media de 1.209 euros mensuales. A ello se suman más de 3,2 millones de personas con discapacidad reconocida, según informa la red IMPULSA IGUALDAD. Aunque no todas las patologías derivadas del amianto están cubiertas, el decreto supone un alivio para un colectivo que llevaba años reclamando una respuesta institucional.
Críticas y limitaciones
Pese a la satisfacción general, asociaciones de víctimas han mostrado cautela. Denuncian que sólo se contemplan cuatro patologías en el baremo, dejando fuera a otras dolencias relacionadas con el amianto. También preocupa la exigencia de inscripción en registros oficiales, lo que podría dificultar el acceso a quienes no fueron incluidos en su momento.
Aun así, la norma marca un antes y un después en la reparación de un problema que ha acompañado a la industria española durante décadas. Para muchos afectados, es la primera vez que el Estado reconoce de manera tangible el daño sufrido.
