Construir más vivienda, limitar los precios de los alquileres, facilitar más pisos de protección oficial, agilizar el desalojo de okupas, regular las viviendas turísticas… La crisis de la vivienda ha puesto sobre la mesa multitud de propuestas de solución, algunas de las cuales se han convertido en ley y otras forman parte del debate entre los partidos. Pero, ¿está tan polarizada la sociedad española como sus representantes políticos? El estudio realizado por el Observatorio Social de la Vivienda en España de Prensa Ibérica y Banco Santander deja claro que la mayoría de la ciudadanía tiene claras las principales causas del problema y las recetas para paliarlo. Pero también demuestra un clamor muy transversal a favor de que el Gobierno, sus socios y la oposición dejen de lanzarse reproches y lleguen a un consenso en una cuestión tan sensible.
El principal reflejo de este clamor es que nueve de cada 10 españoles exigen un pacto de Estado por la vivienda (91%) que aborde de forma consensuada esta problemática, idea que comparten el 97% de los votantes del PSOE y de Sumar, el 88% del electorado del PP y el 83% de afines a Vox. El apoyo es casi unánime en todo el espectro político, social y territorial, con porcentajes que alcanzan el 100% en varios de los segmentos entrevistados por la empresa demoscópica Cluster 17, y superan el 90% en la mayoría de ellos. De hecho, representa el mayor consenso transversal de todas las preguntas de la encuesta, lo que sugiere que, a pesar de que puedan plantearse soluciones diversas, existe una abrumadora demanda de un enfoque unitario para atajar la crisis de la vivienda.
Si el pacto de Estado se presume una quimera en estos tiempos de crispación política, ocho de cada 10 españoles reclaman a los partidos que, al menos, alcancen un acuerdo para aprobar la reforma de la ley del suelo (79%), actualmente paralizada en el Congreso, a fin de agilizar la construcción de nuevas viviendas. El respaldo a esta medida vuelve a ser mayoritario en casi todos los electorados, superando el 70% en la mayoría de ellos. Por ejemplo, hay un amplio apoyo entre los votantes de las cuatro grandes formaciones (el 85% de los electores del PSOE, el 82% del PP, el 81% de Vox y el 71% de Sumar) que se extiende a todas las autonomías y a todos los perfiles sociales, aunque se observa que crece con la edad: del 74% en la franja de 18 a 24 años al 89% entre 64 y 75 años.
Esta respuesta es muy significativa porque exhibe un notable nivel de consenso en una iniciativa legislativa, la reforma de la ley del suelo, que podría generar división al abordar la espinosa cuestión de la gestión del suelo. No en vano, beBartlet, partner demoscópico del Observatorio, subraya que este es un ejemplo de un alto consenso transversal entre votantes de todos los principales partidos, lo que deja patente la importancia percibida en otras respuestas de agilizar la construcción de viviendas.
El consenso desaparece cuando se trata de atribuir responsabilidades a las diferentes administraciones implicadas en las políticas de vivienda. La mayoría de los españoles consideran que el Gobierno central tiene la mayor responsabilidad para mejorar el acceso a la vivienda, pero el porcentaje se queda en el 55%, lejos de los niveles de apoyo que concitan los acuerdos entre partidos. El 30% de los españoles señalan a las comunidades autónomas como principales responsables y solo el 9% culpa en primer lugar a los ayuntamientos. Los grupos de edad más jóvenes tienen a responsabilizar más al Gobierno central: un 57% de los españoles de 18 a 24 años y un 61% de quienes tienen de 25 a 34 años.
Esta pregunta también plasma una clara fractura ideológica: los votantes de izquierdas apuntan a las autonomías, la mayoría de ellas gobernadas por el PP (PSOE 51%, Sumar 57%), mientras que los electores de derechas achacan la responsabilidad a la coalición de PSOE y Sumar. Con todo, el 30% de los votantes socialistas y el 32% de los de Sumar ponen más el foco en Sánchez que en las comunidades. Sin embargo, entre comunidades no hay tanta fractura, pues en prácticamente todas hay más entrevistados que le echan la culpa al Gobierno que a su Ejecutivo autonómico. Como datos llamativos, el territorio que más acusa a Sánchez está gobernado por el PSOE, Asturias (79%); el que más señala a las autonomías es el País Vasco (50%); y donde se achaca más responsabilidad a los ayuntamientos es en Baleares (23%).
En términos generales, el estudio concluye que las políticas de vivienda son un factor considerable, pero no determinante, para decidir el voto de los españoles, con una media de 6,3 sobre 10. En parte, este dato refleja una fuerte contradicción: la ciudadanía percibe el acceso a la vivienda como un problema grave (la preocupación alcanzaba el 8,6), pero no siempre lo convierte en un criterio decisivo en las urnas. En consonancia con el impacto de la crisis, los jóvenes de 18 a 34 años son quienes le dan más importancia a la vivienda a la hora de decantarse por una opción política u otra, disminuyendo a 5,4 en los mayores de 75 años.
La importancia de las políticas de vivienda al votar es inversamente proporcional a la renta, puesto que es más alta entre los españoles que ingresan de 1.000 a 1.500 euros (6,8) y desciende en los ingresos más altos (5,1 para quienes cobran más de 5.000 euros). Por electorados, los votantes de Sumar (7,6) son quienes otorgan mayor importancia electoral a este factor. Y por autonomías, los cántabros (8,1) y los canarios (7,8) es donde la vivienda influye más en el voto.
Ficha técnica del sondeo
–Empresa responsable: Cluster 17.
–Técnica de investigación: Entrevistas ‘online’.
–Universo: Población de 18 años y más residente en España.
–Muestra: 2.404 entrevistas.
–Tipo de muestreo: Cuotas por sexo, edad, provincia, dimensión de municipio, categoría socioprofesional y voto pasado en las elecciones generales de 2023 y las europeas de 2024.
–Margen de error: +/- 0,8% máximo para un nivel de confianza del 95%.
–Trabajo de campo: Del 2 al 5 de septiembre de 2025.
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