En noviembre de 2023, tras perder las elecciones celebradas en julio del mismo año, Pedro Sánchez fue reelegido presidente del Gobierno por el Congreso, en una votación que arrojó 179 votos a favor y 171 en contra. En la noche electoral, de celebración en la calle Ferraz a pesar de la derrota, el líder socialista se mostró ya confiado en tener el apoyo de una mayoría parlamentaria. En los meses siguientes, el PSOE firmó acuerdos con los grupos de izquierdas y nacionalistas. Los pactos garantizaban el voto a su investidura. El respaldo al Gobierno durante la legislatura quedaba sujeto al cumplimiento de los acuerdos. El documento firmado con Junts era el que incluía de forma más explícita esta cláusula preventiva. Aún retumba en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo la carcajada que soltó cuando a Feijóo, en un alarde retórico, se le ocurrió afirmar que no era presidente porque no quería.
Haciendo malabares, transgrediendo con frecuencia la ortodoxia democrática, Pedro Sánchez pone todo su empeño y cuanto sea necesario para dar continuidad a su gobierno de coalición progresista. Pero ha ido perdiendo apoyos y hoy, si tuviera lugar una votación en la Cámara Baja sobre su permanencia, el resultado es una incógnita. Tampoco él tiene la seguridad de ganarla y quizá por esta razón no presenta una cuestión de confianza. Cuatro diputados elegidos en las listas de Sumar se han pasado a la oposición. Los nacionalistas catalanes denuncian el incumplimiento de los pactos y amenazan con retirar su apoyo. ERC ha registrado una proposición de ley con la intención de hacer realidad el sistema fiscal singular de Cataluña acordado, ante la inhibición de los socialistas, y ponen su aprobación como condición para negociar los presupuestos de la comunidad autónoma y del Estado. Junts proclama siempre que se le presenta una oportunidad que se siente defraudado y que no pertenece al bloque que sostiene al Gobierno. Todas las encuestas, con la excepción del CIS, que publica una estimación de voto poco verosímil hasta para el propio Gobierno, reflejan pérdidas en la valoración y el apoyo electoral de los partidos de la coalición.
La situación parlamentaria actual del Gobierno es muy diferente a la del inicio de la legislatura. Numerosas iniciativas encallan en el Congreso, donde son retenidas para evitar una derrota o, si se someten a votación, son rechazadas. De hecho, es un gobierno suspendido en el aire. Consciente de ello, Pedro Sánchez ha advertido que seguirá adelante, aunque no obtenga la aprobación de los presupuestos, que se ha comprometido a presentar. A una pregunta sobre la gobernabilidad de Miriam Nogueras, portavoz de Junts, respondió que su Gobierno no garantiza la estabilidad porque tenga una mayoría parlamentaria, sino porque «gobierna para la mayoría».
La afirmación de Pedro Sánchez produce inquietud, porque contraviene la norma básica de una democracia parlamentaria. Que gobierna para la mayoría, indiferente al apoyo con que cuenta, es lo que diría todo gobierno autoritario. Las palabras de Pedro Sánchez pueden servir para justificar cualquier acción de gobierno, sin estar expuesto a control alguno. Lo característico de la democracia es que quien gobierna lo hace porque ha recibido el apoyo necesario, expresado en las urnas y en el parlamento que representa a los ciudadanos. Cuando lo ha tenido y luego lo ha perdido, como le ocurre a Pedro Sánchez, debe consultar al parlamento o trasladar la decisión sobre su continuidad a los electores.
Permanecer en el gobierno con la oposición del parlamento afecta muy negativamente a la democracia. Provoca confusión, parálisis e incita al gobierno a alterar el buen desempeño de las instituciones. El hecho de que un parlamento no apruebe unos presupuestos a lo largo de una legislatura es una anomalía muy grave que la Constitución no prevé, de la que el gobierno debe hacerse responsable, sobre todo si ni siquiera ha presentado un proyecto. Este es un ejemplo de las posibles consecuencias de la precariedad parlamentaria del gobierno, pero no el único. Pueden citarse las deficiencias observadas en el procedimiento legislativo, el filibusterismo parlamentario practicado en esta ocasión por el Ejecutivo, los compromisos asumidos por el gobierno con escasa voluntad de cumplirlos y un largo etcétera que huelga reiterar.
Un gobierno puede gobernar indefinidamente con la mayoría del parlamento en contra, mientras no sea derrotado en una cuestión de confianza o prospere una moción de censura, pero mal. No es conveniente para los intereses de los ciudadanos, ni para la buena marcha de la democracia. El responsable de que eso suceda es el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez adelantó las últimas elecciones generales horas después de conocer el resultado de las locales que se acababan de celebrar. Los españoles, dijo, deben decidir sin demora entre el progreso y la reacción. Ahora ha decidido atrasarlas para no facilitar un gobierno de la derecha. Si el problema es Vox, está en manos del PP y del PSOE resolverlo.
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