El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo toque de queda, esta vez en cinco provincias ecuatorianas, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Bolívar y Carchi. La medida, que podría extenderse a otras regiones, no está esta vez relacionada con la inseguridad urbana y el narcotráfico. El Gobierno decidió afrontar con dureza a la huelga nacional convocada este viernes por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La medida de fuerza obedece a la eliminación del subsidio al diésel que, sostienen las comunidades originarias, afecta de manera sensible a los campesinos y la población en general. Previamente, Noboa había ampliado la vigencia del estado de excepción debido a la «grave conmoción interna» existente en el país.
«Nadie está por encima de la ley», dijo el presidente y aseguró que el Gobierno actuará con dureza frente a posibles disturbios en las calles. «Ecuador es un Estado indivisible».
La Conaie sostiene que el giro «neoliberal» trae enormes perjuicios sociales y profundiza la política de extracción petrolera y minera sobre la base de la revocatoria de normativas que protegen el medio ambiente. También denunció actos de represión, persecución y «criminalización» de los dirigentes por parte de las autoridades. Las movilizaciones indígenas pusieron en serios aprietos a los gobiernos anteriores de Lenin Moreno y Guillermo Lasso.
Bases militares
Noboa no solo se propone demostrar que mantiene firmes las redes del poder político. Este mismo viernes convocó a un referendo para tratar la pregunta acerca de la presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional (CC) a la reforma constitucional, la ciudadanía deberá pronunciarse si permitirá o no el retorno de las Fuerzas Armadas norteamericanas a ese país. Todavía no se estableció la fecha de la consulta popular. El tema de las bases militares es nodal para Noboa en el marco de su alineamiento con la Administración de Donald Trump.
