Asturias, Castilla y León y Galicia, las comunidades afectadas por los peajes cuestionados por la Unión Europea, se movilizan para conseguir su anulación. Se trata de la autovía del Huerna (AP-66), que discurre por territorio asturiano y castellano-leonés, y la AP-9, en la comunidad gallega.
La Comisión Europea considera que las ampliaciones de la concesión en ambas infraestructuras son ilegales, pero el Gobierno central las justifica y avala mantener las dos autopistas de pago, en el caso de la que afecta a Asturias hasta 2050. El expediente abierto se encamina hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero mientras tanto se suceden los movimientos políticos.
La Xunta de Galicia, donde gobierna Alfonso Rueda, (PP), anunció ayer su intención de «coordinar acciones con Asturias y Castilla y León para lograr la liberación de la concesión de la AP-9 y la AP-66», tendiéndole la mano al Gobierno asturiano, del PSOE.
El Principado declinó ayer definir su posición política ante el ofrecimiento de coordinación de la comunidad vecina, que va abiertamente al choque con el Gobierno central. María Martínez, la consejera de Vivienda e Infraestructuras de Galicia, acusó al Ejecutivo de «falta de transparencia» y declaró su intención de ir a los tribunales en el caso de que no de a conocer el expediente. «Galicia no sabe absolutamente nada», indicó. La consejera gallega afirmó que «no entiende» por qué el Gobierno central «no procede» al rescate de esta concesión y apuntó que la Xunta actualizó el informe sobre la estimación del coste del rescate, que ahora, según detalló asciende a 2.356 millones de euros.
La Junta de Castilla y León, gobernada también por el PP, también respaldó ayer que se elimine el peaje y secundó que Asturias, comunidad «hermana», haya solicitado la anulación. El Gobierno de Barbón no comparte el criterio del Ministerio de Transportes, y así lo ha hecho saber a la Comisión Europea, pero de momento ha evitado críticas al Ejecutivo, de su mismo partido.
El PP asturiano, en cambio, salió ayer a la carga contra el peaje, pese a que su ampliación fue aprobada por el gobierno del popular José María Aznar. «Es una enorme injusticia y lo digo con claridad». Así se pronunció Álvaro Queipo, presidente del partido.
«Es evidente que hemos sido arrastrados por el Presidente y por Adrián Barbón a un debate en el fango, en el que se acusa a los gobiernos de Aznar de una decisión ilegal. Pero es evidente que cuando tomó esa decisión la hizo basada en criterios técnicos, que son los mismos que el gobierno de Sánchez utiliza para defender la decisión ahora de avalarlo», abundó Queipo.
El Presidente del PP de Asturias quiere «despejar dudas» y pidió mirar al futuro: «Hay que hablar de la bonificación al cien por ciento del peaje, que se ha debatido hasta la saciedad en la Junta, donde se ha conseguido el consenso de las fuerzas parlamentarias. La pregunta es qué va a hacer el gobierno de España: ¿va a bonificar el peaje o va a seguir arrastrándonos a un debate que es absolutamente infructuoso?».
Plataforma cívica contra el peaje. Por su parte, Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, que se reunió ayer con Queipo, se mostró partidario de reeditar una gran plataforma cívica al estilo de la que fue la de la Variante de Pajares para luchar por la supresión del peaje. El líder del empresariado advirtió de que mantener el peaje en la autopista del Huerna tiene un efecto económico y de aislamiento. «Toca que la sociedad asturiana de manera unánime genere otra gran plataforma. Esto no es cuestión de ideologías, sino que es un tema de Asturias contra el Estado y es justo defendernos como pasó otras veces», destacó Paniceres, reclamando unidad. El director de FADE, Alberto González, también afirmó que la patronal reclama «acción política» para suprimir el peaje más allá del debate de señalar culpables. «Nos tememos que si eso acaba en los tribunales la decisión se produzca dentro de mucho tiempo», afirmó González.
«Si fuésemos catalanes ya no habría peaje», afirman los gallegos
«La posición del Gobierno está bien clara: no quieren que los asturianos y los gallegos tengamos una autopista gratuita. Si esto hubiese pasado en otra comunidad autónoma, como Cataluña o País Vasco, ya estaría resuelto: no habría peaje». Son palabras del gallego Diego Maraña, presidente de En Colectivo, que es la asociación de Vigo que puso la denuncia en Bruselas por la concesión del Gobierno a Audasa de la AP-9 gallega.
La apertura de ese procedimiento en 2021 supuso un terremoto político en Asturias que, tras un escrito de Daniel Ripa, por entonces diputado de Podemos, se sumó al proceso con la autopista del Huerna, prorrogada en condiciones prácticamente idénticas a la AP-9. «Debemos aunar fuerzas y organizar un frente común entre Galicia y Asturias, siendo las regiones más perjudicadas y marginadas por esta operación», destaca Maraña, que ya está en contacto con asociaciones del Principado para estudiar acciones conjuntas. En cualquier caso, el procedimiento está en el seno de la Comisión y ningún particular o asociación puede personarse.
«El único camino que debería tener esto es la anulación de los dos peajes. Lo que hace el Gobierno es pasarle la pelota a la Comisión Europa y dilatar los plazos lo máximo posible», destaca Maraña, que confía en que la justicia europea pueda dar la razón en un futuro a la Comisión, anulando de este modo los peajes e instaurando la gratuidad. «Hay dos peajes injustos e ilegales, esa es la única verdad», sostiene.
Ripa llama a una movilización en un mes para presionar al Ejecutivo
Luis Ángel vega
«Si la Comisión declarase ilegal un peaje en Cataluña, al día siguiente estaba suprimido», cree el exdiputado de Podemos Daniel Ripa, que este jueves presentó una solicitud en la Delegación del Gobierno para que el Consejo de Ministros revise y revierta la decisión de mantener el oneroso peaje del Huerna. Ripa aseguró que la solicitud podrá ser suscrita por cualquier ciudadano, para hacer más fuerza. E invitó a los asturianos a participar de una manifestación que tendrá lugar el 18 de octubre, para exigir el fin de un peaje «injusto e ilegal», y que lastra el desarrollo económico, cuatro años después que el propio Ripa lo denunciase ante la UE.
Ripa criticó la decisión del Gobierno y el ministro de Óscar Puente de avalar, casi en el límite de plazo, la continuidad del peaje. «Es decepcionante y triste que el Gobierno pierda la oportunidad de posicionarse del lado de la ciudadanía asturiana», opinó.
El del Huerna «va a ser el peaje de mayor duración de la Península, uno de los más caros, cuando vemos cómo se suprimen entre Bilbao y Zaragoza, Cádiz y Sevilla, en Guadarrama, Cataluña y Valencia. Miles de personas están guardando los tickets y van a exigir la devolución».
No obstante, llamó a la calma. «El procedimiento se va a ganar: en unos días, si cambia de posición el Gobierno, o en uno o dos años, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo tumbe», dijo.
Parte del optimismo le viene por el cambio de posición del Gobierno asturiano, contrario ahora al peaje. «Hace cuatro años nos decían que era imposible quitarlo. El PSOE, afortunadamente, cambia su posición en base a las protestas», aseguró.
Y advirtió: «Sería una muy mala idea que (el Gobierno) llegase sin los deberes hechos a las próximas elecciones. Creo que podría tener un coste electoral desgraciadamente para ellos en Asturias, en León, en Galicia. Se va a judicializar y la UE va a imponer multas millonarias». Y es que «por las buenas o por las malas, van a quitar el peaje».
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