Las patronales que agrupan a propietarios de los pisos turísticos acusaron este viernes al expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de haber legislado con conflicto de intereses al firmar el decreto ley que deroga las licencias. La familia de Aragonès es propietaria de una cadena de hoteles catalana. El expresidente anunció esta semana que iba a renunciar a su salario tras haber ocupado el puesto de mayor prestigio en Catalunya ya que pensaba pasar a gestionar el negocio familiar.
El objeto de la polémica es que Aragonès pasará a gestionar la firma hotelera familiar. Se trata de Golden Hotels & Experiences, creada por su abuelo en los años 60 al amparo del boom turístico apoyado por el aperturismo franquista. Se compone de siete hoteles y que dan empleo directo a unos 800 trabajadores, según la propia firma. Los hoteles se reparten entre la costa Daurada (Salou) y la costa Brava (Tossa de Mar), más otro en la población de Pineda de Mar (el mayor, con 350 habitaciones). Están dirigidos básicamente a turismo familiar y muestran especial cuidado a las infraestructuras y actividades acuáticas. Según la propia cadena, Golden Hotels & Experiences tiene en propiedad seis hoteles y gestiona otro en cesión de explotación, el de Tossa de Mar, con un total de 2.000 habitaciones.
Para la patronal de pisos turísticos Federatur, el hecho de que Aragonès pase a trabajar en la cadena de hoteles familiar supone una «competencia directa de las viviendas legales de uso turístico, cuyas licencias serán derogadas en el 2028 tras la aprobación del decreto catalán, aprobado bajo su mandato como presidente de la Generalitat».
La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), de la que forman parte la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), la Asociación Turística Apartamentos Costa Brava y Pirineo de Girona (ATA) y la Asociación de Apartamentos Turísticos Costa Daurada y Terres de l’Ebre (AAT), ha iniciado una recogida de firmas entre propietarios para presentar un escrito en el Parlament con el objetivo de que se reabra el debate político, ya que consideran que «el decreto se aprobó en situación de posible conflicto de intereses familiares y personales discriminando y demonizando a un sector legal, controlado y contributivo». Federatur agrupa a propietarios con más de 19.500 apartamentos turísticos.
La posición de los pisos turísticos
Los propietarios recuerdan que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se mostraron contrarias al decreto ley 3/2023 advirtiendo de que existen alternativas menos gravosas, como incentivos fiscales o el fomento de la vivienda social, que podrían ser más eficaces para incrementar la oferta de vivienda, que la eliminación de las viviendas turísticas. Para la patronal, «la desaparición de esta oferta de alojamiento forzada por el “decreto Aragonès”, una oferta especialmente solicitada y utilizada en Catalunya por familias y también por viajeros de negocios en la ciudad de Barcelona, generará un déficit de plazas de alojamiento que será cubierta con oferta de grandes tenedores y cadenas hoteleras. Al eliminarse la competencia, los precios hoteleros se incrementarán y se generará una oferta ilegal de viviendas turísticas como ya ha pasado en Nueva York».
Expulsar a los particulares
Las empresas de pisos turísticos acusan a la normativa de Aragonès de fomentar las condiciones para expulsar a los particulares del mercado, en favor de los grandes tenedores y de las cadenas hoteleras: «Convierte en papel mojado nuestras licencias y atenta de forma insólita contra los derechos de los propietarios que no sólo han invertido sus ahorros en estos negocios, sino que además han construido un sector legal, referencia para muchas ciudades en el mundo”, denuncia el presidente de Federatur, David Riba. “El segundo afectado son las familias que necesitan una oferta que les permita acceder a alojamientos turísticos con unas condiciones más acordes a sus necesidades y a un precio más adecuado para sus bolsillos”.
Falta de vivienda
Otra de las alertas del sector es que la actitud de Aragonès «se está reproduciendo en la clase política que actúa de manera consciente generando informaciones erróneas en torno a los pisos turísticos legales y mintiendo a la ciudadanía cuando se les acusa de ser los causantes de la falta de vivienda para tapar la falta de políticas públicas reales para crear una mayor y mejor oferta». Las viviendas turísticas reguladas en Barcelona solo representan el 1% del parque total de la ciudad, por lo que la patronal considera que «nada garantiza que vayan a pasar al mercado del alquiler de larga duración si se eliminan las licencias, ya que cada propietario, en base al derecho de propiedad, decidirá el uso que le dará a su inmueble». Asimismo, los propietarios también advierten de que su eliminación sí que comportará la desaparición de un sector regulado y normalizado, dando un paso atrás que hará aflorar la oferta ilegal en la ciudad.
