El PSIB-PSOE asegura que el informe de la Comunidad Autónoma confirma que la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, abandona en repetidas ocasiones su puesto de trabajo como funcionaria para realizar tareas políticas que la ley no ampara. Para los socialistas, la resolución derriba la última línea de defensa que los presidentes del Govern y del Consell, Marga Prohens y Llorenç Galmés, mantienen en torno a Riera y abre la puerta a su destitución inmediata como portavoz del PP en la institución insular, a su renuncia al acta de consellera y a la devolución de más de 120.000 euros cobrados indebidamente durante la legislatura.
El PSIB denuncia que Riera percibe de manera simultánea un sueldo de 70.000 euros anuales como funcionaria y otros 58.000 euros como portavoz del PP en el Consell desde septiembre de 2023. En total, casi 130.000 euros al año por una jornada equivalente al 175 % de dedicación, lo que la convierte —según los socialistas— en la política mejor pagada de Baleares, por encima de la propia presidenta Prohens y del presidente insular Galmés. La formación recuerda que la legislación laboral prohíbe expresamente esta acumulación de remuneraciones sin la correspondiente compatibilidad.
La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, sostiene que la situación de Riera es “insostenible” y acusa a la dirigente popular de “abusar de las arcas públicas de la Comunidad Autónoma y del Consell de Mallorca, ejerciendo como portavoz mientras cobraba dos sueldos públicos, algo ilegal e inmoral”.
El PSIB critica también la falta de diligencia del Govern en la tramitación del expediente, que se encarga en febrero y no se conoce hasta ocho meses después, a finales de septiembre. Asegura que esta dilación provoca que la mayoría de las faltas detectadas prescriban. Por ello, exige que el Govern entregue a la oposición el expediente completo, el informe y las alegaciones presentadas, así como explicaciones sobre la participación de las conselleras Antònia Maria Estarellas y Catalina Cabrer, y de la propia presidenta Prohens, en la gestión de este procedimiento.
