«El funcionario me traía perfumes, chocolate, cremas y cositas. También se llevó el móvil que yo tenía para que no me lo incautaran cuando iban a hacer los cacheos. Y yo pues… tenía relaciones sexuales con él en mi celda». Es la declaración de Ana Julia Quezada, el pasado mes de mayo, ante la jueza que investiga a un funcionario y un cocinero de la cárcel de Brieva (Ávila) por hacer favores a la asesina del niño Gabriel Cruz a cambio de sexo.
Entonces, Ana Julia declaró como testigo en el juzgado de instrucción 4 de Ávila, tras intentar, sin éxito, personarse como acusación particular en el procedimiento abierto por cohecho a los dos investigados. Una circunstancia que ahora la Audiencia de Ávila acaba de cambiar. Según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, el tribunal de la Sección 1, formado por dos hombres y una mujer, acaba de dictar un auto en el que reconoce a Ana Julia la condición de «perjudicada u ofendida» en los hechos, le permite personarse y tener acceso a la documentación del caso.
Libertad sexual
Concluye el tribunal en su auto que en los delitos investigados, «de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y del abuso en el ejercicio de su función», Ana Julia «ostentaría la condición de sujeto pasivo», y que al tratarse de un «delito pluriofensivo» su tipificación también «tutela la libertad e indemnidad sexuales» de la asesina, en «su condición de interna en centro penitenciario».
El delito de cohecho se castiga «aun en los supuestos en que pueda el funcionario presumir la predisposición de la persona sujeta a su guarda a acceder a sus apetencias carnales», señala el auto de la Audiencia
La Audiencia de Ávila añade en su auto que la ley vela por «el correcto comportamiento del funcionario y el interés de la administración en que su gestión se realice con respeto a los derechos de los administrados», sobre todo en el caso de las personas privadas de libertad, al estar «sometidos a una relación de sujeción especial con una privación importante de un derecho fundamental como la libertad de deambulación«. El tribunal afirma que «la situación de los internos en un centro penitenciario respecto del funcionario encargado de su guardia es parecida a la de los menores de 16 años, de una total indemnidad sexual».
«Unas veces quería, otras no»
Ana Julia admitió ante la jueza que había mantenido durante meses relaciones sexuales con el funcionario y con el cocinero investigados, aunque ellos lo negaron en sus declaraciones. Dijo que cuando lo hizo, «unas veces quería y otras no, pero no podía negarme«. El tribunal recuerda en su auto que los funcionarios que presuntamente tuvieron sexo con la asesina, habrían delinquido aun cuando ella hubiera consentido dichas relaciones.
El delito de cohecho se castiga «aun en los supuestos en que pueda el agente presumir la predisposición de la persona sujeta a su guarda a acceder a sus apetencias carnales«, señala el auto de la Audiencia. La ley establece como delito «el mero aprovechamiento de una conducta sexual dirigida a quien por su específica situación personal, como es la que tienen las personas que cumplen en instituciones penitenciarios penas o medidas privativas de libertad, pueden tener humana y fundadamente limitada o condicionada su voluntad y capacidad de decisión«.
Chantajeó a la cárcel
Desde que se judicializó el caso, el abogado de Quezada ha sostenido que, de haberse cometido algún delito por parte de los funcionarios de la prisión de Brieva, Ana Julia sería la «víctima» de sus actos delictivos, dada la «condición de autoridad» que los investigados ostentaban y la «relación de superioridad» que tenían respecto a ella y el resto de las internas del centro penitenciario.
Sin embargo, la jueza del caso rechazó que la asesina fuera «perjudicada u ofendida» en los hechos. Sobre todo, después de que un educador de la cárcel de Brieva declarara que Ana Julia chantajeó a la prisión de Brieva con sacar a la luz fotos del funcionario investigado en calzoncillos, en el interior de su celda, si no le concedían un traslado a otro centro penitenciario, como publicó este medio.
Los funcionarios, «encoñados»
Varias presas, compañeras de Ana Julia, también declararon que la asesina presumía de tener «encoñados» a varios funcionarios y de conseguir regalos y privilegios de ellos.
La jueza del caso tampoco permitió personarse como acusación particular a los padres de Gabriel, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, que figuran como acusación popular en la causa abierta por el juzgado 4 de Ávila, que ahora ha dado la condición de víctima a la asesina de su hijo.
