Pedro Sánchez ha aprovechado su reunión bilateral con el canciller alemán, Friedrich Merz, para poner sobre la mesa la oficialidad del catalán en la UE e intentar erosionar la oposición de Alemania. “Llevamos 40 años esperando este momento y espero que podamos lograrlo en un futuro no muy lejano”, presionó el jefe del Ejecutivo durante su comparecencia conjunta con Merz ante los medios en el Palacio de la Moncloa, tras reconocer que habían tratado esta cuestión. La posición del canciller alemán parece seguir siendo monolítica, aunque se mostró comprensivo respecto al “interés” del Gobierno español respecto a los “desafíos lingüísticos aquí en España”. Un pequeño gesto a la hora de asumir parte de la retórica del Ejecutivo que ha situado esta cuestión dentro de su tríada de prioridades en política exterior, junto a Ucrania y Oriente Medio.
El presidente del Gobierno volvió a recordar que se necesita unanimidad de todos países europeos para poder sacar adelante esta medida, y en este punto la diplomacia española considera que Alemania juega un “papel clave”. Fuentes de Moncloa trasladaban antes de este encuentro que si se logra reconducir la posición de los alemanes, hasta ahora contraria, otros países seguirán su estela para levantar el veto. El Gobierno ya evitó forzar la inclusión de este asunto en el orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE, el organismo europeo que decide sobre este asunto, celebrada el pasado martes.
“Cada lengua multiplica la necesidad de traducciones. A medio plazo, con la IA no necesitaremos intérpretes, podremos hablar en todos los idiomas de la UE”, se posicionó el canciller alemán para enfocar esta cuestión desde un punto de vista más pragmático o meramente logístico. En lo relativo al enfoque económico, España se comprometió a asumir los costes derivados de su implantación, que la Comisión Europea calculó en unos 132 millones de euros al año.
Para limar asperezas ante un asunto sobre el que se requiere unanimidad y presenta dudas legales entre algunos estados miembros, el Gobierno también se prestó a que su medida se revise por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Compromisos pendientes
La negociación de los Presupuestos de 2026 depende en buena medida de que se desencallen compromisos pendientes con los socios de investidura y la oficialidad del catalán en la UE es uno de ellos. La intención del Ejecutivo para sacar adelante las que serían las primeras cuentas públicas de la legislatura, que garantizarían a Pedro Sánchez estirar su mandato hasta 2027, pasa por despejar asuntos que sus socios consideran «fundamentales».
El Gobierno arrancó el curso político llevando al Consejo de Ministros la condonación parcial de la deuda de las comunidades, comprometida con ERC, y una reunión en Bruselas entre Salvador Illa y Carles Puigdemont. Tras este encuentro, en Moncloa ratificaron su compromiso de que Pedro Sánchez se reunirá también con el expresident y líder de Junts, aun sin fijar fecha ni lugar. Un reconocimiento como interlocutor y en aplicación de la reclamada «amnistía política”.
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