Más de 22.000 familias de policías y guardias civiles reclamarán al Ministerio del Interior que se arbitren las medidas necesarias para que la Policía Nacional y la Guardia Civil accedan a la consideración de profesión de riesgo que ya disfrutan otros cuerpos judiciales autonómicos y locales.
Esgrimen la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el pasado mes de mayo dictó una sentencia ordenando al Gobierno la elaboración de una disposición reglamentaria para la jubilación anticipada de miembros de la Policía encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, los que ingresaron a partir de 2011.
La ofensiva, primero a nivel administrativo como después judicial, ya que ven bastante probable que el ministro Fernando Grande-Marlaska de la callada por respuesta, ha sido diseñada por despacho de abogados Duran&Durán, va más allá de lo señalado en dicha sentencia y pretende que la consideración de riesgo reclamada, y que permitiría entre otras cosas que los agentes accedan a la jubilación anticipada, se aplique a la totalidad de los miembros de ambos cuerpos de seguridad del Estado.
