Los operadores jurídicos de Canarias han decidido salir a la calle este jueves para denunciar el genocidio que comete el Estado de Israel contra el pueblo de Palestina. A primera hora de la tarde, un centenar de togas se concentraba frente a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas, apenas unas horas después de conocerse la decisión de la Fiscalía española de investigar violaciones de derechos humanos en Gaza que puedan constituir crímenes contra la humanidad.
Al llamamiento acudieron ataviados con banderas y pañuelos palestinos jueces, abogados, graduados sociales, funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, procuradores, profesores y estudiantes de Derecho. Entre los manifestantes se encontraban la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Gloria Poyatos, la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell, y el magistrado y exsenador socialista Arcadio Díaz.
Además de esta protesta, la plataforma Juristas por Palestina convocó el miércoles otras concentraciones en Lleida y Pamplona. Mientras tanto, en Madrid y Barcelona los manifestantes se reunieron frente a la Embajada y el Consulado de Israel bajo el lema: «Soy jurista y mi toga no es neutral ante la barbarie».
Manifiesto para condenar los «crímenes de guerra»
Los operadores jurídicos canarios que se unieron al llamamiento firman un manifiesto conjunto en el que condenan «enérgicamente» la política del Estado de Israel «que viene cometiendo actos sistemáticos que, con fundamento en informes nacionales e internacionales, constituyen genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad«. Asumen «tales violaciones», agravadas desde los atentados terroristas del siete de octubre de 2023, y «la responsabilidad internacional que se deriva».
Frente a esta situación, exigen «medidas urgentes para prevenir daños mayores». Estas se traducen en un cese de las hostilidades, el acceso sin restricciones a la población civil que lleva ayuda humanitaria, el acceso de los medios nacionales e internacionales de información en todo el territorio, la protección de la infraestructura civil crítica y prestar especial atención a las poblaciones vulnerables. Más de 18.000 niños han sido asesinados en Gaza desde el comienzo del conflicto.
Reclaman una «rendición de cuentas plena» y que se repare íntegramente el daño causado
Los manifestantes reclaman una «rendición de cuentas plena» y que se repare íntegramente el daño causado mediante mecanismos nacionales e internacionales en todos los grados de autoría. Es decir, el cumplimiento de las órdenes judiciales pertinentes y sanciones individuales y estatales «contra quienes han participado y participan en los crímenes denunciados».
«Instamos a que las condenas políticas del Estado Español, la Unión Europea y otros gobiernos, se acompañen de políticas económicas coherentes, incluyendo la supervisión de inversiones, fondos de pensiones, gestoras de activos u otros fondos financieros con participaciones en empresas vinculadas a la producción de armamento, infraestructura militar o actividades que faciliten la ocupación», señalan en el manifiesto.
A su vez, recuerdan que los Estados «están obligados por el derecho internacional a prevenir, sancionar y remediar los crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad» mediante una cooperación con la Corte Penal Internacional, la abstención a reconocer «hechos ilícitos» como la ocupación ilegal o los asentamientos y asegurando que su legislación interna contemple sanciones contra aquellos actores que financien o faciliten estas acciones.
Exigencias al Estado
En base a ello, proponen al Estado español que establezca un marco legal que obligue a los bancos, fondos de inversión, aseguradoras y otras entidades financieras a declarar de forma pública sus posiciones en empresas implicadas en la producción de armamento o tecnología militar utilizada en la ocupación. Piden, además, la creación de un órgano de supervisión independiente con facultades sancionadoras para evaluar la diligencia en derechos humanos.
Por último, ponen el foco en condicionar las ayudas públicas y la contratación estatal a la desvinculación de empresas que colaboren con la ocupación o las violaciones del Derecho internacional, que se desinviertan fondos públicos de entidades que financien empresas vinculadas a la ocupación y una ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas, comerciales y financieras coherentes con la condena política, que incluya el embargo de armas y restricciones a productos de los asentamientos ilegales.
Piden más cooperación con instituciones palestinas y evitar comportamientos antisemitas en las aulas
En cuanto a la Unión Europea, elevan distintas propuestas que pasan desde la armonización de sanciones entre los Estados miembros hasta la suspensión de acuerdos comerciales, científicos y culturales con Israel. Destacan la necesidad de imponer «medidas restrictivas» contra los dirigentes políticos y militares responsables de estos actos e identificar «claramente» los productos de los asentamientos.
Otras reclamaciones van dirigidas a las empresas y a la comunidad académica, a las que piden cesar aquellas actividades que contribuyan a perpetrar las violaciones de derechos humanos, mejorar la transparencia y desvincularse de contratos y relaciones comerciales con los actores implicados. Exigen también una mayor cooperación con instituciones palestinas, revisar los acuerdos con las universidades israelíes que no condenen estos actos, más formación en derecho internacional y derechos humanos y evitar conductas de antisemitismo, islamofobia o palestinofobia en el ámbito universitario.
Suscríbete para seguir leyendo
