Irene Montero, eurodiputada de Podemos en el Parlamento Europeo, ha viajado hasta Oriente Próximo para mirar de frente a quienes nadie mira: algunos de los seis millones de refugiados palestinos que hay en el mundo. En una misión del grupo parlamentario de La Izquierda, junto al eurodiputado belga Marc Botenga, han pasado por varios campos de refugiados palestinos en Jordania y Líbano para conocer de cerca el impacto de la retirada de financiación de la UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos. “Los debates que tenemos en la Unión Europea tienen consecuencias reales sobre la gente”, ha dicho Montero a la prensa española en la capital libanesa.
En Líbano, hay medio millón de refugiados palestinos. No tienen sus derechos reconocidos, por lo que no pueden acceder a los mismos servicios que los libaneses. En Jordania, son alrededor de 2,39 millones. Aunque viven en mejores condiciones, siguen sin poder retornar a su tierra. En ambos países, estos refugiados palestinos dependen de la ayuda de la UNRWA. “Sin esta financiación por parte de los países europeos, supone una grave vulneración de los derechos para las personas refugiadas palestinas: su derecho a la educación, a la sanidad o a tener unas infraestructuras mínimas en las que vivir, y no estos campamentos que tenían que ser provisionales, pero llevan viviendo allí desde el 1948 cuando Israel empezó a ejecutar este plan de exterminio”, ha afirmado Montero.
Ataques a la UNRWA
Con la ofensiva militar lanzada sobre Gaza desde el 7 de octubre de 2023, Israel emprendió otra campaña paralela de difamación contra la UNRWA. Las autoridades israelíes acusaron a varios empleados de la agencia de haber participado en el ataque de Hamás, que mató a 1.139 personas aquel trágico sábado de otoño. A raíz de estas acusaciones, un número destacado de países retiraron sus fondos de la agencia. Tras un informe independiente de Naciones Unidas que negaba estas afirmaciones, algunos han vuelto, aunque no todos. La falta de financiación a la agencia tiene un grave impacto sobre los asediados gazatíes, ya que es la principal organización que les provee de servicios educativos, sanitarios o de ayuda humanitaria.
“Estas políticas de limitar el financiamiento que recibe la UNRWA tiene un impacto muy negativo en los campos de refugiados palestinos”, ha señalado Botenga, tras visitar tres campamentos en Beirut y otro en Amman. “Muchas personas han visto que ha habido una deterioración en los servicios ofrecidos, ya sea en la salud, o en la educación, donde la gente tiene miedo de que estos cortes de presupuesto tengan un efecto extremadamente negativo en la calidad y la cuantía del cuidado”, ha añadido. Más allá de la dependencia a estos servicios, gran parte de la población refugiada palestina tanto en el Líbano como en Jordania trabaja en la agencia frente a la dificultad de encontrar trabajo en la sociedad que las acoge. En la Franja de Gaza, la UNRWA contaba con unos 30.000 empleados antes de la guerra.
De alguna forma, la existencia de la UNRWA, es decir, de una agencia dedicada específicamente a los refugiados palestinos —cosa que no ocurre con ningún otro pueblo exiliado del mundo— es el recordatorio de que, por muchas décadas que pasen lejos de su tierra, los palestinos siguen siendo un pueblo expulsado de su patria. Por lo tanto, tienen derecho al retorno. “La comunidad internacional tenemos la obligación de mantener esta agencia, y, sobre todo, la obligación de garantizar que no se olvida su derecho al retorno hasta que puedan volver a sus casas”, ha subrayado Montero. “Como eurodiputados y eurodiputadas somos conscientes de la responsabilidad que las instituciones europeas tienen en el genocidio y en la ocupación ilegal y la limpieza étnica que Israel está llevando a cabo”, ha declarado.
«Es evidente que es un genocidio»
“Vamos muy tarde”, ha dicho Montero en declaraciones exclusivas a EL PERIÓDICO. “No puede ser que dos años después Europa esté empezando a decir la palabra genocidio y esté pensando si debe actuar”, ha añadido. Durante los últimos días, los principales partidos políticos españoles se han enfrascado en el debate por el lenguaje al centrar la discusión en considerar si la ofensiva militar israelí en Gaza, que ha matado a más de 65.140 palestinos en menos de dos años, constituye un genocidio o no. “Es una forma criminalmente hipócrita de evitar actuar, de no asumir las obligaciones legales que tenemos de acuerdo a la legalidad internacional y también a la legalidad nacional”, ha respondido a las preguntas de este diario.
Montero ha recordado que “el Gobierno de España y todas las instituciones tenemos la obligación de prevenir y de sancionar el genocidio”. Para lograrlo, la eurodiputada de Podemos ha señalado la importancia de “practicar un embargo total de armas” a Israel, y “romper las relaciones comerciales y diplomáticas”. “Desde el principio, es evidente que es un genocidio, y ese debate ya no tiene ninguna cabida; es una excusa para seguir sosteniendo la narrativa sionista, y la narrativa genocida”, ha añadido. Durante este jueves, el Ejército israelí ha matado a 48 palestinos en toda la Franja de Gaza, incluidos 37 en la ciudad de Gaza, donde continúa una gran ofensiva a pesar de las amenazas de sanciones contra Israel.
