El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido la fianza de 75.000 fijada por el instructor de la causa por revelación de secretos que le ha sentado en el banquillo, relacionada con la filtración de un correo electrónico que pudo vulnerar el derecho de defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, según adelantó la Cadena Ser y han confirmado fuentes de la Fiscalía a EL PERIÓDICO.
Lo hace pese a que el juez Ángel Hurtado redujo este martes la fianza inicial de 150.000 euros que había impuesto a García Ortiz para que se pueda responder por su responsabilidad civil en el caso de ser condenado. Apenas unas horas antes, el fiscal general había ha hecho frente a esta obligación presentando un aval para garantizar dicha cantidad con parte de su patrimonio. En su recurso, la Abogacía del Estado reclama la anulación de la multa –no está de acuerdo ni con la cantidad inicial ni con la rebajada– y subsidiariamente solicita una nueva rebaja.
El instructor justificó la rebaja, que realizó de oficio, en cumplimiento de la actual doctrina del Tribunal Constitucional, que no aplicó al incluir para el cálculo inicial de la fianza lo correspondiente a la multa a la que el fiscal general podría tener que pagar si la sentencia que se dicta contra él resulta ser finalmente condenatoria. Es algo que el órgano de garantías declaró inconstitucional hace dos años.
