La derecha contra República Dominicana, ¿es verdaderamente un paraíso fiscal?

En los últimos meses se están sucediendo las menciones críticas a República Dominicana para tratar de desestabilizar al Gobierno de España. Distintos políticos de la oposición han atacado de manera continuada al Gobierno y al Partido Socialista utilizando como excusa al país. Para ello, han aludido en varias ocasiones a presuntas tramas corruptas, que no están probadas y no pasan de ser rumores, afectando, así, a la isla caribeña, a la que se le acusa de ser un paraíso fiscal, algo que ateniendo a criterios europeos no goza de gran credibilidad, ya que República Dominicana no forma parte de la lista de paraísos fiscales reconocidos por la Unión Europea. 

En las últimas semanas, algunos representantes de la oposición han señalado a República Dominicana y hablado de una falta de transparencia y opacidad, sembrando la duda sobre si miembros del Gobierno y del PSOE estarían beneficiándose de un supuesto trato de favor. Una serie de ataques al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al Partido Socialista que causan, como daño colateral, una merma en la imagen que puede quedar en algunos ciudadanos españoles sobre la realidad de República Dominicana

Las críticas y alusiones a presuntas y no comprobadas tramas corruptas por parte del PSOE que estarían vinculadas al país utilizan informaciones sin contexto como las visitas realizadas a Dominicana por parte del equipo de Gobierno español. Pero estos ataques sin fundamento no pueden ocultar la realidad de las buenas relaciones que siempre han mantenido España y República Dominicana a nivel social, económico y cultural.  

Economía

Según información del Ejecutivo dominicano, España es el segundo mayor inversor extranjero en este país contando allí con la presencia de más de 100 empresas que generan alrededor de 29,000 empleos en turismo, ingeniería, energía renovable, transporte y alimentación. Entre ellas, por ejemplo, destacan Acciona, Meliá, Técnicas Reunidas, Dominion, Santander, Telefónica, Inditex y Globalia, las cuales llevan a cabo operaciones e inversiones relevantes como el Aeropuerto de Cabo Rojo (€62 M), la venta del 25% de hoteles de Meliá (€60 M), la Central Los Mina ($140 M, 2014), una planta fotovoltaica de 50 MW y operaciones estables en servicios y finanzas 

Además, República Dominicana cuenta con una diversificación sectorial en el que la inversión extranjera directa impulsa una canasta variada que fortalece la competitividad y reduce vulnerabilidades, con turismo (21.3%), ingeniería y construcción (14.8%), energía renovable (9.3%), transporte (8.3%) y alimentos y bebidas (6.5%). 

Esfuerzos en la lucha contra la corrupción

En lo referido a la transparencia, se debe subrayar que este país se adhirió y pone grandes esfuerzos en la lucha anticorrupción. Así, cumple con los estándares marcados por la Convención de la ONU contra la Corrupción (CNUCC, 2006) y la Convención Interamericana de la OEA (2004), además de mantener acuerdos de cooperación con la ONU para fortalecer integridad, ética pública y transparencia.  

Sus principales acciones no quedan únicamente referidas a la inversión que recibe de otros países y a su trabajo por garantizar la transparencia económica y de procesos, sino que también goza de una relevante posición internacional en diferentes ámbitos. De esta manera, en infraestructura es pionera en el Caribe al unirse a CoST (2021) y aplicar estándares como OC4IDS y el Infrastructure Transparency Index con apoyo internacional; y en materia fiscal participa activamente en el Global Forum de la OCDE, cumple con los Beneficios Económicos Periódicos, concretamente en su Acción 5 de combatir las prácticas tributarias perniciosas, así como mantiene acuerdos de intercambio de información con Canadá, España y EE. UU. y suscribió la Declaración de Punta del Este (2018) para combatir flujos financieros ilícitos.  

De esta forma, sus esfuerzos por asegurar el lícito flujo del dinero se evidencian, también, en el liderazgo institucional que lleva a cabo al ostentar la presidencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información de Iberoamérica (2024–2027) y por trabajar con la OCDE y la OEA en un Sistema Nacional de Integridad Pública y un Plan Nacional Anticorrupción, y participa en Globe Network (ONU) e IAACA. Líneas de trabajo desarrolladas que han recibido un reconocimiento internacional, contando apoyo del BID para fortalecer la transparencia en el gasto y la ética institucion. Además, en el 2020 creó el Gabinete para la Transparencia y la Previsión y Control del Gasto Público en la Presidencia y el país fue seleccionado como sede de la Conferencia Internacional contra la Corrupción (IACC) que se celebrará en 2026 por Transparencia Internacional, un gesto que se muestra como señal de confianza en los avances logrados. 

Por último, es reseñable que la agencia estadounidense Moody´s, dedicada a la realización de calificaciones de riesgo que lleva a cabo investigaciones financieras internacionales y análisis de las entidades comerciales y gubernamentales,  elevó la calificación de República Dominicana a Ba2 con perspectiva estable, mientras que otras agencias de rating como Fitch Ratings y S&P mantuvieron un BB- y BB, reconociendo mayor solidez fiscal, mejora de la gobernanza y crecimiento por encima del promedio regional; frente a sus pares, República Dominicana presenta mejores perspectivas de mejora de calificación incluso frente a México (Baa2/BBB/≈BBB) y Brasil (Ba1/BB/BB). ¿En qué se traduce esto? Estas siglas vienen a indicar el estado de la deuda de los países y que se convierten en especialmente relevantes pues se tratan de notas que indicarán el grado de confianza que puede tenerse en el Estado analizado a la hora de devolver un préstamo económico. En definitiva, se trata de una calificación de su solvencia. Así, en la tabla que establece las mejores y peores calificaciones crediticias, encontrando en lo más alto a países como Alemania, España o los países nórdicos, y hallando en la categoría inmediata después a República Dominicana, es decir una posición intermedia que augura una alta probabilidad de devolución de los créditos, mayor, por ejemplo, que otros países de Latinoamérica como Argentina.