Las enmiendas pactadas entre Junts y el Gobierno al proyecto de Ley de Atención a la Clientela para imponer el catalán en estos servicios para toda España han soliviantado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Por principios y por pragmatismo.
Las fuentes consultadas en la cúpula de CEOE consideran, por un lado, que esta exigencia acordada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el partido de Carles Puigdemont representa «un nuevo ataque a la libertad empresarial» que afectará a las más de 6.000 empresas españolas con más de 250 trabajadores.
Según los datos oficiales más recientes del Ministerio de Industria, estas compañías representan menos del 1% del tejido empresarial nacional, pero concentran la mayor parte de la facturación y el empleo del país.
Por eso, Juan Bravo, el vicesecretario económico del Partido Popular, lamenta, en conversación con EL ESPAÑOL, esta reforma de la ley: «Este Gobierno y sus socios podrían, por una vez, proponer algo que no conlleve decrecimiento económico y pérdida de competitividad de nuestras empresas».
Otro alto cargo de CEOE abunda en el argumento: «Pedimos a los políticos que dejen en paz a las empresas y no sigan dificultando su trabajo», expresa en declaraciones a este periódico. La medida generará un impacto directo en sectores clave como la banca, energía, telecomunicaciones y gran distribución.
Los representantes de los empresarios advierten del riesgo de que se produzca un peligroso efecto dominó con otras lenguas cooficiales. «Seguramente, el PNV y Bildu pedirán lo mismo para el euskera; y el BNG, para el gallego», alertan fuentes cercanas a la cúpula de la patronal.
Además, estos portavoces empresariales apuntan con sorna a que este eventual agravio, pactado en el proyecto de ley, podría extenderse hasta las instituciones europeas. «La Comisión Europea también podría mañana exigir que las empresas de más de 250 trabajadores atiendan en las lenguas oficiales de la UE«, señalan las mismas fuentes consultadas.
Oral y escrito
Para los altos cargos de CEOE, esta iniciativa constituye «una intromisión intolerable en la libertad empresarial». También destacan el elevado componente gravoso que la medida tendría para las compañías españolas «más allá de costes y gestión de plantillas».
El origen de esta controversia se encuentra en el acuerdo estratégico entre el Gobierno de Sánchez y la formación independentista catalana, en el peor momento de sus relaciones desde la investidura.
Junts per Catalunya ha advertido de que no pactará nada con el PSOE mientras no se cumpla lo ya acordado. Por eso, ahora logra que una medida que se negoció con ERC caiga en su casillero, introduciendo varias enmiendas sustanciales al proyecto de Ley de Atención a la Clientela, que ahora tramita el Congreso de los Diputados.
Una de las modificaciones más relevantes establece que «la respuesta a las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias se lleve a cabo en la misma lengua en la que se realizaron estas».
Otra enmienda clave determina la obligación de que «los medios de interlocución de atención a la clientela figuren en los contratos», para que cualquier consumidor que lo solicite sea atendido en catalán, por vía oral o escrita.
El ambicioso paquete de enmiendas negociado por los independentistas catalanes afecta de manera directa a todos los servicios básicos de interés general. La norma abarca todos los servicios básicos de interés general: compañías eléctricas, de suministros gas, de agua, de servicios de telecomunicaciones o aeronáuticas.
También a las empresas ferroviarias, de transporte por autobús, las bancarias y de servicios postales.
Derechos lingüísticos
La obligación lingüística también se extenderá a cualquier empresa española con más de 250 empleados o que supere los 50 millones de euros de facturación anual. La adaptación normativa cubrirá tanto las comunicaciones verbales como todas las escritas entre la empresa y sus clientes.
Los defensores del acuerdo, por el contrario, argumentan que la iniciativa garantiza derechos lingüísticos fundamentales. Consideran que esta medida contribuirá decisivamente al «blindaje y la normalización del uso del catalán».
La nueva concesión del PSOE a Junts llega en un momento especialmente crítico para las relaciones entre Sánchez y sus socios independentistas. Puigdemont reunió este lunes a sus líderes en Waterloo, donde acordaron condicionar explícitamente su apoyo parlamentario al cumplimiento efectivo de varios pactos pendientes.
Entre las exigencias del expresident fugado se encuentra la oficialidad del catalán en la UE. También reclama el «traspaso integral» de las políticas de inmigración a la Generalitat y el impulso de una «verdadera financiación singular» para Cataluña.
Por último, Puigdemont insiste en la implementación completa de la Ley de Amnistía. La norma, en vigor desde hace más de un año, aún no se le aplica a él. El Tribunal Supremo considera que su acusación de malversación no está amparada por la ley, a la espera de que su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional sea resuelto.
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