A Borja Suárez Corujo (Madrid, 1973), secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, le hace especial ilusión ser entrevistado por LA NUEVA ESPAÑA. «Recuerdo a mi abuelo Anselmo, que era de Cabañaquinta, leyendo el periódico», asegura Suárez, que mantiene su vínculo con la región pasando los veranos en Nava. Doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, el responsable del sistema público de pensiones visitó Oviedo la semana pasada para presentar el convenio de la Consejería de Salud con las mutuas para aligerar la tramitación de bajas labores, así como para negociar con el Gobierno regional el futuro uso del viejo HUCA en los terrenos ovetenses del Cristo.
-¿Qué novedad supone el convenio con las mutuas?
-El convenio tiene su origen en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos en 2024. Ahí nos comprometimos a poner en marcha convenios que permitan a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas aprovechar los medios asistenciales de las mutuas. Aprovechar significa que estas puedan realizar pruebas diagnósticas o tratamientos de rehabilitación en procesos traumatológicos, pero siempre con la supervisión del médico de la Seguridad Social, que es que autoriza la baja y, llegado el momento, el alta. Ante un hecho que sucede aquí en Asturias y en toda España, que es la saturación de la sanidad pública, de lo que se trata es de agilizar esa recuperación.
-¿Pero en qué medida cambia el papel que hasta ahora tenían las mutuas en esos procesos?
-Las mutuas tienen dos papeles fundamentales. Todo lo que tiene que ver con el accidente de trabajo o con la enfermedad profesional, ahí el protagonismo es de la mutua, que es la que hace, en el 95% de los casos, toda la asistencia sanitaria y la que declara la baja y después el alta. Además, en las incapacidades temporales por contingencias comunes, la mutua realiza una labor de supervisión y seguimiento, aunque la labor sanitaria y la emisión de altas y bajas corresponde siempre a la sanidad pública. Por lo tanto, estrictamente en lo que se refiere al proceso de incapacidades temporales el convenio no supone ninguna novedad, pero la sanidad pública tiene ahora la posibilidad de adelantar pruebas diagnósticas a través de las mutuas, de forma que, por ejemplo, una radiografía que en el sistema público tardaría dos semanas se puede hacer en una mutua de un día para otro. Ya existen convenios de colaboración de este tipo, pero queremos hacer una cosa mucho más sistemática.
-Los sindicatos han advertido de que esta medida no puede significar una desatención de la sanidad pública en favor de la privada.
-Deben eliminarse los recelos a las mutuas, que efectivamente tienen una trayectoria histórica polémica, pero ya no son lo que fueron en el siglo XX. Las mutuas ahora son sector público estatal de carácter administrativo, y eso significa que manejan recursos públicos. Es una asistencia sanitaria pública que se financia con cotizaciones sociales, y cuya labor está sometida a la ley de Contratos del Estado y a la supervisión del Ministerio. Lo que se hace con este convenio es reforzar su aprovechamiento por parte de los servicios públicos de salud en un momento en el que estos sufren una gran congestión que alarga más de lo debido los procesos de incapacidad temporal.
-Las pensiones son un pilar de la economía asturiana, aportando casi 6.000 millones de euros al año. ¿Eso es bueno o malo?
-No me parece algo negativo. La red de protección social tiene que adaptarse a la realidad sociológica de cada momento, y es verdad que una sociedad envejecida plantea incertidumbres de cara al futuro y debe dar lugar a políticas que permitan una renovación demográfica. Pero el hecho de que haya muchos pensionistas indica que en el pasado había muchos trabajadores. La grandeza de la Seguridad Social es que es un sistema de generosidad intergeneracional e interterritorial y, por tanto, las pensiones de Asturias se pagan sin ninguna dificultad porque también se financian desde otros territorios con una población más joven y ocupada. Además, hay que insistir más en la dimensión de dinamización económica que tienen las pensiones, sobre todo en una época en que ha mejorado la calidad de vida de la gente mayor y esta puede viajar, consumir…
-La sostenibilidad del sistema es objeto de intenso debate desde hace años. ¿Los jóvenes de hoy y del futuro tendrán pensión pública?
-Por supuesto que tendrán pensión. La Seguridad Social es un ser vivo y siempre habrá que hacer reformas, porque hay que adaptarse a la evolución sociológica y económica. Dicho lo cual, en estos últimos años se ha llevado a cabo un conjunto de reformas que fundamentalmente abordan el reto que supone la jubilación del «baby boom», lo que supondrá un aumento muy importante de la población pensionista de aquí a 2050. Esas reformas se enfocan en dos ámbitos.
-¿Cuáles?
-En primer lugar, algo totalmente novedoso en el contexto europeo: poner la atención estructural en el lado de los ingresos. El Estado debe implicarse en la financiación del sistema de Seguridad Social, porque en ningún sitio las pensiones se financian exclusivamente con cotizaciones. También en el ámbito de los ingresos, existía margen en el aumento de cotizaciones de las rentas más altas. Asimismo, introdujimos el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Y, por otro lado, hemos recuperado la revalorización de las pensiones de acuerdo a la inflación. Lo que sucedió en 2013 con el aumento del 0,25% fue un desastre, eso no tenía que haber pasado nunca porque en la práctica congeló las pensiones durante años. Además, se han puesto en marcha incentivos para que las personas que así lo deseen trabajen más años.
-Si en el futuro es necesaria una mayor financiación del Estado, ¿eso significaría subir o crear impuestos para garantizar el sistema?
-El contexto político es muy complicado, pero, igual que la Seguridad Social se adapta a la realidad sociológica y económica, la estructura impositiva también lo hace y lo hará. España tiene un nivel impositivo más bajo que la media europea y es perfectamente posible, sin que afecte a la gran mayoría de los ciudadanos, encontrar ámbitos donde pueda haber un esfuerzo adicional para financiar algo tan valioso y vertebrador como el sistema público de pensiones. La democracia no puede concebirse sin ese sistema.
Suscríbete para seguir leyendo
