La defensa de Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez en Moncloa investigada por malversación de caudales públicos por Juan Carlos Peinado –que imputa a la esposa de Pedro Sánchez un uso privado de este cargo de confianza– considera que este juez está realizando una «instrucción Schrödinger», en alusión a la teoría del físico austríaco sobre el gato a la vez vivo y muerto en una caja.
Así lo señala textualmente, y no es la primera vez que lo hace, el abogado José María de Pablo en un recurso directo de apelación que ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de requerir al exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio «a fin de que en el plazo de 10 días remita a este Juzgado todos los correos de que disponga en la que resulte remitente o destinataria la investigada doña María Cristina Álvarez Rodríguez».
El juez Peinado demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor / EP
En su recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Álvarez llama la atención sobre el hecho de que la reclamación de estos correos fue planteada por la acusación popular y rechazada por el juez primero en reforma el pasado mes de julio y después a principios de agosto, al negarse a elevar un recurso de apelación sobre este asunto.
Cambio en mes y medio
«Lo hemos bautizado en anteriores escritos como la instrucción de Schrödinger», señala De Pablo en su escrito, ya que «solo un mes después y mediante la resolución recurrida se acuerda exactamente lo contrario«.
Es decir, «el juzgado, no una, sino dos veces, y ambas inmotivadamente ha establecido que no procede requerir al señor Doadrio la aportación de los correos que ahora acuerda recabar», agrega el recurso dirigido al tribunal de apelación. Insiste en que el cambio se hace «de manera caprichosa y sin ofrecer una explicación suficiente de los motivos que le llevan a tan copernicano cambio de criterio». La falta de motivación es incluso más gravosa al tratarse de diligencia restrictiva de derechos fundamentales, incide.
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