El pleno del Congreso ha rechazado este martes con los votos en contra de PP, Vox y Junts la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, lo que significa que la iniciativa decae al no seguir adelante su tramitación parlamentaria.
Es el segundo varapalo que sufre Sumar en el nuevo curso parlamentario tras prosperar la semana pasada el veto de PP, Vox y Junts al proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral, una de las medidas estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
En esta ocasión, la proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción ha sido rechazada con los votos en contra del PP, Vox y Junts, mientras que socios de investidura de Pedro Sánchez como Podemos, ERC, PNV y Bildu han votado a favor junto a Sumar y el PSOE, aunque con reservas, sobre todo en el caso de la formación morada.
La iniciativa sumó 170 votos a favor, frente a los 176 en contra de PP, Vox y Junts, y una abstención. Los tres partidos fueron muy críticos con Sumar, al que acusaron de urdir una operación de «blanqueamiento» como socio que es de un Gobierno que está «de corrupción hasta las cejas». Sin embargo, la coalición liderada por Yolanda Díaz confiaba en sacar el apoyo de, al menos, PP o Junts, pero finalmente no ha sido así y el Pleno del Congreso ha rechazado la propuesta en un tema tan delicado como la corrupción, con el objetivo de evidenciar la debilidad de los apoyos del Gobierno.
Elevar el tono
Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar y defensor de la iniciativa, pidió el apoyo de todos los grupos parlamentarios para iniciar la tramitación parlamentaria y se comprometió a dialogar con ellos para mejorar el texto. Además, fuentes de la coalición reconocieron que el discurso buscó persuadir a los independentistas catalanes al aludir a los casos de corrupción de Convergència i Unió (CiU) eludiendo que Junts nació de la misma coalición que protagonizó el caso judicial del 3%. «A lo mejor tenemos que empezar a elevar el tono», señalaron resignados tras conocer la posición final de Junts.
Alianza de la derecha
Junts vuelve a endosar otra derrota parlamentaria al Gobierno de la mano de Vox y del PP, que se mofó de que el PSOE apoye la creación de una Oficina Anticorrupción cuando justo ayer, en Navarra, este órgano de índole autonómica emitió un dictamen en el que afirma que la adjudicación de las obras de los túneles de Belate por 76 millones de euros fue «nula de pleno derecho». Más allá del rechazo de la oposición y Junts, la iniciativa había despertado muchos recelos en los propios socios del Gobierno e, incluso, en el PSOE.
Los parlamentarios Francesc-Marc Alvaro y Oskar Matute, de ERC y Bildu, coincidieron en que es necesario introducir las herramientas necesarias para prevenir «una invasión» de las competencias autonómicas y ampliar su alcance a la Casa Real.
Una oficina deseable pero indesesada
La propuesta de Sumar, registrada en marzo de 2024, recogía entre sus principales medidas la creación de una oficina con amplias funciones en la prevención, detección, investigación, erradicación y sanción de la corrupción. El nuevo ente tendría autonomía como autoridad independiente, con un director no afiliado a partidos políticos y un cuerpo de inspección seleccionado mediante oposición.
Sus funciones debían incluir la investigación de irregularidades en el uso de fondos públicos y la imposición de sanciones severas que podrían ascender a un millón de euros a empresas en los casos más graves, así como la posibilidad de impedirles contratar con la administración pública durante tres años. Para las personas físicas, la sanción más alta prevista es de 400.000 euros. Además, la oficina podía investigar el uso irregular de fondos públicos, requerir documentación a instituciones y bancos, e imponer sanciones como la prohibición de recibir subvenciones o beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años.
