España se enfrenta a un gran reto. La baja natalidad y el despoblamiento de las zonas rurales comprometen no solo el futuro demográfico del país, sino también el equilibrio poblacional de Europa. Ante esto, la migración se perfila como una posible solución para revitalizar la España vaciada. Un argumento del que echan mano desde la política y que cobra aún más relevancia en el actual contexto de crispación marcado por el debate en torno al reparto de menores migrantes no acompañados: a un lado se sitúan las regiones gobernadas por el Partido Popular que tildan la distribución de «injusta porque utiliza a los chicos como moneda de cambio». Al otro, el Gobierno central que opina que el posicionamiento del PP es «racista». Pero en medio del embrollo político, los expertos aseguran que en un país de 48 millones de personas, «que recibe un número similar de turistas, no debe ser un problema acoger a un pequeño grupo de niños». Así lo explica el geógrafo y director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, Vicente Zapata. Su discurso toma aún más fuerza cuando se trata de aquellas zonas que han experimentado una pérdida de población y que las compromete «desde el punto de vista de su vitalidad humana o su dinámica económica» porque han desactivado la permanencia de ciertos servicios de carácter público o privado.
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