El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico solicitó su personación en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en julio por el Defensor del Pueblo contra las disposiciones de la Ley 1/2025 de pérdidas y desperdicio alimentario que “han desprotegido” al lobo y ha admitido a trámite el Tribunal Constitucional, según un comunicado recogido por Ical.
En respuesta al anuncio hecho por las comunidades autónomas favorables a la gestión anterior del lobo –Castilla y León, Cantabria y Asturias– de que están preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional para tratar de defender la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley 1/2025 que excluyeron al lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre), que de facto permite cazar lobos en sus territorios, el Fondo Lobo ha solicitado personarse en el procedimiento.
Esta organización mantiene que las disposiciones que desprotegen a la especie son inconstitucionales. El equipo jurídico del Fondo Lobo defiende que las disposiciones final decimonovena, adicional octava y transitoria única son inconstitucionales tanto por las irregularidades en su tramitación y aprobación, como por el hecho de que han supuesto la desprotección del lobo ibérico tanto al norte como al sur del río Duero.
El recurso del Defensor del Pueblo, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el pasado 22 de julio, alega, entre otros motivos, la “vulneración” del artículo 45 de la Constitución relativo al derecho al medio ambiente y su protección, la del derecho de tutela judicial efectiva y cuestiona el procedimiento de tramitación e inclusión de las disposiciones que “desprotegen” al lobo ibérico.
El Fondo Lobo se alinea de este modo con los motivos expresados en el recurso de inconstitucionalidad, y reclama las deficiencias legales y formales en la tramitación de la Ley 1/2025, que nace de una iniciativa legislativa “tan justa y necesaria” como la reducción del volumen de pérdidas y desperdicio alimentario, y que “mediante una maniobra política del grupo parlamentario del PP en el Senado, junto con otros grupos de la derecha y la ultraderecha, acabó significando la desprotección del lobo en España”.
Por último, el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico anunció que “seguirá trabajando bajo las premisas de la ciencia y de la legalidad para conseguir la protección del lobo en todo el territorio español”.
