El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha defendido que no hay «ilegalidades o corrupción» ni nada «raro» en el procedimiento, tras conocerse el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que considera que tenía que haberse declarado «nula de pleno derecho» la adjudicación de las obras del túnel Belate.
Este informe es uno de los solicitados por la propia presidenta de Navarra, María Chivite, cuando la UCO publicó un informe, a raíz del caso Koldo, que mencionaba a las empresas Acciona y Servinabar, adjudicatarias de obras públicas en la Comunidad Foral.
El consejero Chivite ha comparecido ante los medios de comunicación para defender la labor de la Mesa de Contratación y ha asegurado que el presidente de esta tenía sus puntuaciones decididas «antes de recibir las de otros cuatro miembros» frente a lo recogido por Anticorrupción que apunta que fijó su puntuación conociendo previamente las de los demás.
Ha dejado claro que «el criterio que ha manifestado la Oficina no paraliza la ejecución de las obras» que se están llevando a cabo en Belate por la UTE formada por Acciona, Osés Construcción y Servinabar.
En los informes conocidos este lunes y remitidos a la comisión de investigación creada en el Parlamento de Navarra también se aprecian «irregularidades administrativas» en adjudicaciones de vivienda de protección oficial.
Sobre estas últimas ha hablado el actual consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y director gerente de Nasuvinsa entre 2015 y 2019, José María Aierdi, quien ha señalado que en el proceso de adjudicación de la construcción de 62 Viviendas de Protección Oficial (VPO) a la UTE de Acciona y Servinabar «no hubo trato de favor a ninguna empresa».
En su opinión, «el informe hace una interpretación parcial y personal de las actuaciones».
Aierdi ha sostenido que «no se incumplió de ninguna manera la Ley foral de Contratos» porque esta no había entrado en vigor y era «imposible» que se aplicara y, ante las informaciones alusivas a que no se enviaron ciertas actas, ha dicho que han pasado 7 años y no puede explicar por qué la empresa pública Nasuvinsa no las ha aportado, porque «existen».
En cuanto a la ausencia de autorización y de actuaciones preparatorias para los contratos, ha explicado que «no se puede considerar de manera individual cada actuación, sino como un plan de vivienda en el que estaba perfectamente documentado el apoyo e intervención del Gobierno en este caso».
En su intervención ha subrayado que «la documentación disponible en las mesas de valoración dan un fiel reflejo de los procedimientos que se han seguido. No hubo trato de favor a ninguna empresa. De 30 lotes únicamente en dos resultaron adjudicatarias» la UTE entre Acciona y Servinabar, «de un total de 164 millones, supuso el 8 % del presupuesto».
