Castilla y León vuelve a mirar hacia atrás. Diez años después de estallar el escándalo, comienza el juicio de la trama eólica, un caso que no solo compromete a ex altos cargos de la Junta y empresarios, sino que proyecta su sombra sobre el actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Aunque no está procesado, su etapa en el Gobierno coincide con el periodo en el que se gestó el entramado.
La Audiencia Provincial de Valladolid acoge desde este lunes 15 de septiembre un macrojuicio que se prolongará hasta enero de 2026, con 43 sesiones previstas. En el banquillo se sentarán catorce personas acusadas de participar en un mecanismo que condicionaba la autorización de parques eólicos a la entrada de determinadas empresas locales como socias. La Fiscalía Anticorrupción calcula que los beneficios obtenidos por estas prácticas superaron los 75 millones de euros, una cifra que sitúa este caso como el mayor escándalo de corrupción de la comunidad.
Catorce acusados y un sumario de 11.000 folios
El principal procesado es Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía y considerado el cerebro de la trama. Para él, la Fiscalía pide 42 años de prisión y multas millonarias que superarían los 200 millones de euros. Junto a Delgado, se sientan empresarios y antiguos responsables de la administración autonómica, acusados de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Le siguen los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.
En la lista de imputados figuran otros ocho con seis años de cárcel de solicitud de pena, como es el caso de Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que se piden 100 millones de multa; Rafael Icaza, de Ibercyl, también con idéntica petición de multa; Francisco Esgueva, al que se piden 60 millones; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa, a los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, expuesto a una multa de ocho millones, mientras que para María del Mar Moreno, esposa de Alberto Esgueva, interesa cuatros años de cárcel y 215.000 euros.
El sumario, de más de 11.000 folios, refleja cómo durante años se habrían tejido redes de favores en los despachos de la Consejería de Economía. Según Anticorrupción, los promotores energéticos se vieron forzados a aceptar la entrada de compañías locales en sus sociedades como condición indispensable para obtener las autorizaciones. El procedimiento, aseguran, no respondía a criterios técnicos sino al interés de beneficiar a determinados grupos cercanos al poder político.
La sombra de Mañueco
El inicio del juicio vuelve a colocar en el foco a Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta. Entre 2003 y 2011, fue consejero de Presidencia en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, la etapa en la que se produjeron la mayoría de las autorizaciones investigadas. Aunque Mañueco no figura en la causa, la oposición ha señalado reiteradamente su responsabilidad política por formar parte de un Ejecutivo que permitió el desarrollo de este entramado.
Mañueco siempre ha insistido en que “los corruptos deben pagar por sus actos” y en que la Justicia aclarará las responsabilidades individuales. Sin embargo, su papel en aquellos años alimenta el debate sobre si el actual presidente pudo desconocer un sistema que operó de forma estructural en el corazón de la Junta. La cercanía de Mañueco a los núcleos de poder de la época, y su ascenso posterior hasta la presidencia autonómica, refuerzan las críticas de quienes consideran que el PP no ha asumido la responsabilidad política del caso.
En las Cortes de Castilla y León, el tema se ha convertido en un arma recurrente de la oposición. PSOE y Unidas Podemos han pedido en varias ocasiones que Mañueco dé explicaciones sobre lo que sabía, algo que él ha rechazado al no estar implicado judicialmente. Vox, socio de Gobierno en la actualidad, evita abrir grietas internas y guarda silencio ante un proceso que afecta directamente a su socio mayoritario.
El calendario judicial prevé que el juicio se extienda durante cuatro meses, con sesiones en las que se escuchará a los acusados, decenas de testigos y peritos. Las defensas tratarán de plantear nulidades en las primeras jornadas, mientras que la Fiscalía confía en que la abundante documentación y los informes periciales avalen la existencia del entramado.
Las eólicas, bajo sospecha
La causa también abre un debate más amplio: el de la transparencia en el desarrollo de las energías renovables. Castilla y León fue durante años líder europeo en generación eólica, pero el juicio amenaza con empañar esa trayectoria. El modelo que atrajo inversiones millonarias se presenta ahora como ejemplo de cómo las políticas públicas pueden ser capturadas por intereses privados si no existen mecanismos de control suficientes.
Los municipios rurales, que acogieron los parques eólicos con la esperanza de desarrollo y empleo, miran ahora con desconfianza un proceso que pudo haber beneficiado más a despachos y empresas vinculadas al poder que a las comunidades locales.
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