Las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero encabezaron este sábado las protestas propalestinas que obligaron a la organización de La Vuelta a España a modificar el recorrido de la penúltima etapa.
Su participación en la manifestación convocada en Cercedilla (en el noroeste de la Comunidad de Madrid) marcó uno de los momentos de mayor tensión en una competición ciclista que se ha visto salpicada por múltiples incidentes desde hace semanas.
Lejos de intentar controlar las protestas de cara a la última etapa de este domingo, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, aseguró que los 1.500 policías y guardias civiles desplegados están preparados para «velar por la seguridad, tanto para el evento deportivo como de todos los espectadores y de los manifestantes que quieran protestar frente al genocidio que está cometiendo Israel en Gaza».
Belarra y Montero participaron en la concentración de Cercedilla que obligó a los corredores que marchaban en fuga a evitar el núcleo urbano por una ruta alternativa.
La situación se agravó posteriormente cuando un centenar de manifestantes intentó ocupar la carretera a la altura del cruce de Becerril de la Sierra, a 18 kilómetros de la meta.
Los ciclistas del grupo de favoritos, incluyendo al líder Jonas Vingegaard, se vieron obligados a pasar por los laterales de la calzada mientras los vehículos de la organización quedaban temporalmente bloqueados.
«Una imagen bochornosa» para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha reprochado que haya ministros «alentándola» en lugar de «condenarla» y «denunciarla».
Afortunadamente España no es esto.
Pero qué triste haber dado una imagen tan bochornosa en la Vuelta Ciclista a España.
En lugar de ministros alentándolo, el Gobierno debería condenarlo, denunciarlo y evitarlo. pic.twitter.com/oHRdXHjZ6o
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 13, 2025
Boicot al final
La irrupción directa de las dirigentes de Podemos en las protestas contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la carrera sólo ha intensificado la división política en torno a las protestas.
La secretaria general, Ione Belarra, hizo un llamamiento a «un desborde de miles de personas que se sobreponga pacíficamente a la militarización y que boicotee el final de una competición que no se tendría que haber celebrado»
Nadie en el Gobierno ha condenado esta posición que, efectivamente, amenaza con sabotear la etapa final de La Vuelta por las calles de Madrid.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, volvió a defender este sábado que «el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo a España en el lado correcto de la historia». Y reprochó a Feijóo y al PP por «esperar a ver qué hacen los [países] importantes» para «condenar el genocidio».
Ante la situación, la organización de La Vuelta ya ha decidido recortar en cinco kilómetros la etapa final que transcurrirá entre Alalpardo y Madrid alegando «motivos de circulación».
Y desde la Comunidad de Madrid han advertido que denunciarán y emprenderán «las acciones legales oportunas para que actos violentos», como los ocurridos en la penúltima etapa, «no vuelvan a repetirse».
Fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han condenado que «cualquier tipo de manifestación o reivindicación deja de ser legítima cuando se usan medios violentos y se pone en riesgo la vida de corredores o aficionados». Por ello, han anunciado que encausarán a sus autores para que «puedan ser castigados».
La Delegación del Gobierno en Madrid ha recordado que la manifestación forma parte de un derecho fundamental que no puede limitarse sin las motivaciones que contempla la ley y que, por tanto, se garantizará el derecho legítimo de manifestación pacífica durante el desarrollo de la competición.
Para esta última etapa Interior ha movilizado a 1.100 agentes de la Policía Nacional y 400 de la Guardia Civil en lo que constituye el mayor despliegue efectuado hasta la fecha en una prueba ciclista en Madrid y el mayor esfuerzo de seguridad desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en la capital.
