El acceso a la vivienda preocupa a los europeos – y españoles – tanto o más que la seguridad y defensa, incluso pese a la escalada y proximidad geográfica de la guerra de Ucrania. Por eso, tras una semana de arranque de curso europeo muy centrada en el exterior, Parlamento y Comisión Europea terminaron el pleno de esta semana en Estrasburgo en clave doméstica: los Estados miembros podrán destinar a vivienda pública los Fondos de Cohesión y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) que ya tienen asignados en el presupuesto actual.
«Los ciudadanos locales están siendo expulsados de nuestras ciudades más bellas e islas. Esto es inaceptable. Necesitamos devolver las ciudades a los ciudadanos», explica el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, en un encuentro en Estrasburgo con un grupo reducido de medios españoles, incluido EL PERIÓDICO. Y es que el precio de la vivienda en la UE aumentó un 48% entre 2015 y 2023, una cifra media idéntica a la de España, dentro de un abanico dispar: el máximo fue el 173% en Hungría, mientras que en Finlandia fue de apenas un 5%.
«La UE no tiene muchas competencias en vivienda, pero sí en provisión de fondos», ha explicado a este diario el eurodiputado socialista español Marcos Ros, que ha liderado en la Eurocámara la propuesta de ampliar el uso de estos fondos y que ha obtenido luz verde de la Comisión con una amplia mayoría en un tiempo récord. En el caso de España, este dinero lo gestionan las comunidades autónomas y será decisión de cada una si destinarlos a este u otros fines. La novedad es que, hasta ahora, su uso estaba restringido a vivienda de emergencia social y a rehabilitación de edificios para adaptarse a normativa energética.
«Ya no son solo los más vulnerables los que no pueden acceder a una vivienda, sino que son también los jóvenes, familias y personas trabajadores con sueldos normales», enfatiza Ros. Al ampliarse las posibilidades de uso, se espera que se duplique la cantidad de fondos destinados a este propósito. Aunque la cifra destinada depende en última instancia de cada país, para el periodo 2021-2027, la UE tiene previsto el despliegue de 392.000 millones de euros a través de Feder, Fondo Social Europeo y el Fondo de Transición Justa.
Prioridad prometida
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elevó a la categoría de «crisis social» el problema del acceso a la vivienda en su discurso sobre el estado de la nación este miércoles. «Para demasiados europeos hoy en día, el hogar se ha convertido en una fuente de ansiedad», admitió ante el hemiciclo. La imposibilidad de acceder a una vivienda, añadió, «desgarra el tejido social europeo y debilita nuestra cohesión», palabra clave que ha terminado por justificar la ampliación de fondos.
«La crisis de la vivienda a la que se enfrentan millones de europeos requiere medidas urgentes. Tenemos que hacer que sea más asequible, más sostenible y de mejor calidad», afirmó Jørgensen, cuya cartera de nueva creación fue una condición del grupo socialista europeo para apoyar la investidura de Von der Leyen el año pasado. El comisario aseguró que planea presentar este mismo año resultados del Plan Europeo de Vivienda Asequible, que además de la construcción de nuevo parque de vivienda con inversión pública, prevé más mano dura con los alquileres turísticos y de temporada, que deberán estar registrados a partir de 2026.
La crisis en datos
Las dificultades golpean con fuerza a los jóvenes. En la UE, la edad media para dejar la casa de los padres es de 26,3 años. En España, el dato escala hasta los 30,4 años, casi cuatro años por encima de la media, con el impacto que la emancipación tardía conlleva al bloquear proyectos vitales, retrasar la formación de nuevas familias y alimentar la brecha generacional. El alquiler tampoco es una alternativa asequible. Entre 2010 y 2022 el precio del arrendamiento subió un 18% de media en Europa, en gran parte por la proliferación de pisos turísticos que sacaron viviendas del mercado convencional.
Se considera que nadie debería gastar más del 40% de sus ingresos en el alquiler o la hipoteca, incluyendo los costos de los servicios básicos, según el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, esa es la realidad de al menos el 10,6% de los hogares europeos en ciudades y un 7% en zonas rurales. Von der Leyen aseguró ser consciente de ello: «Nadie debería gastar casi la mitad de su salario en tener un techo», dijo. Mencionó a estudiantes que abandonan sus estudios por no poder pagar un alquiler y a trabajadores esenciales —sanitarios, profesores, bomberos— que no pueden vivir en las ciudades donde trabajan.
Faltan viviendas
En diciembre del mismo año, la Eurocámara dio un paso más al aprobar un comité especial encargado de elaborar propuestas contra la crisis habitacional. Borja Giménez, eurodiputado del PP, fue ponente principal del informe para enviar unas recomendaciones a la Comisión. La conclusión principal fue que el problema es de déficit de viviendas. En el caso de España, harían falta unas 600.000 viviendas, según cálculos del Banco de España, ya que entre 2022 y 2025 se crearon 90.000 viviendas al año pero la demanda era de 275.000 viviendas anualmente.
Si bien socialistas y populares están de acuerdo en el diagnóstico de la situación, el remedio que proponen es opuesto. Para los populares, la pregunta es «¿por qué el sector privado no tiene apetito para invertir ante esta amplia demanda?», según ha explicado a este diario Borja Giménez. Su respuesta es que «hay una excesiva burocracia y una falta de mano de obra y de terrenos disponibles, y la necesidad de más garantías jurídicas». A su parecer, el plan socialista es resulta «intervencionista», y se enfoca demasiado en la carga contra alquiler turístico y fondos buitre y poco en estimular el mercado.
Construcción de un edificio sostenible en Vallcarca, Barcelona, en julio de 2025 / David Zorrakino – Europa Press / Europa Press
Comisión y Parlamento están en la misma página sobre lo imprescindible de abordar esta crisis social. El siguiente paso es acordar el cómo. «Lo más importante es que nos pongamos de acuerdo y seamos capaces de dar una respuesta urgente», concluye Giménez, haciendo gala de la capacidad de diálogo por la que históricamente ha brillado más la política comunitaria que la nacional. Bruselas es consciente de que el acceso a la vivienda no es solo un problema económico. Es también una prueba de cohesión para la Unión Europea.
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