La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, subrayó este sábado que la advertencia de cierre y paralización de actividad que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le requiere a la concesionaria responsable del taller de megayates –Rodritol-, ubicado en el muelle del Refugio, por carecer de licencia o título habilitante para su funcionamiento «es una cuestión entre el Ayuntamiento y la empresa».
A pesar de que el taller se encuentra en suelo propiedad del Puerto, Calzada recordó que se trata de una concesión otorgada en 2020 bajo el concepto «a riesgo y ventura y sin prejuicio de cualquier licencia o título que necesiten para llevar a cabo la actividad».
Con ello, la presidenta de la Autoridad Portuaria quiso aclarar que si una empresa, una vez tiene la concesión, empieza a llevar a cabo su actividad sin licencia o con cualquier otra irregularidad «es la administración competente en darle esa licencia de actividad la que actúa contra ella y, en este caso, la Autoridad Portuaria no interviene para nada», puntualizó.
Aún así, resaltó que «lo que queremos es, evidentemente, que todas las concesiones y toda la actividad que se desarrolla en nuestro Puerto se haga de forma totalmente legal, cumpliendo las normas y sin que haya ningún problema» y confió en que la empresa «esté solventando» la situación con el Ayuntamiento.
El ruido fue la antesala
Una denuncia vecinal por ruido en la zona presentada ante la Policía Local en marzo de este año motivó la intervención de la Dirección General de Edificación y Actividades del Ayuntamiento, en la que se personó la Autoridad Portuaria de Las Palmas como propietaria del suelo que gestiona en concesión Rodritol, empresa requerida por el Consistorio.
Tras el informe presentado por la institución, Urbanismo halló la presunta irregularidad de falta de licencia. Calzada recordó este sábado durante unas jornadas de limpieza en la playa de Las Alcaravaneras que antes de que iniciara la actividad, se habían puesto sensores de ruido para recoger los indicadores, antes y después, cuyo informe se presentó ante la autoridad municipal.
«Lo que nos sale es que realmente no hay un nivel de ruido que esté por encima de los límites establecidos por las normas. Eso es diferente a la sensación de ruido que pueda tener alguien. Tengan en cuenta que todos los ruidos del Puerto los tapa la GC-1, en términos generales. Eso no significa que de forma puntual, en un momento dado, pueda haber algo».
Calzada añadió también que no es la primera vez que una empresa concesionaria tiene un problema de gestión con su licencia de actividad, una vez otorgada, «y normalmente se termina resolviendo».
E insistió en que situaciones como esta «no tienen por qué suponer ninguna brecha, ni ser un elemento más de discordia entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la propia Autoridad Portuaria».
Suscríbete para seguir leyendo
