Ante un Pacto de Estado por el Clima que olvida a Canarias, se impone el desarrollo de una estrategia a largo plazo capaz de abordar los problemas específicos de las Islas. Hay que atender, de acuerdo con el viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo, las singularidades del Archipiélago canario, una de las regiones más vulnerables al impacto climático debido a su alto nivel de fragilidad. Las políticas no pueden ser fruto de la improvisación, de decisiones tomadas de una manera precipitada como respuesta reactiva ante las últimas catástrofes. Se impone la planificación para construir esa estrategia a largo plazo que demanda Canarias y estos son los doce puntos fundamentales que sugiere el Gobierno de Canarias que es necesario abordar.
Reconocimiento de la singularidad insular
Uno de los elementos cruciales, especialmente en el caso de las Islas Canarias, es el reconocimiento de su singularidad insular. Las islas requieren un enfoque diferenciado en las políticas climáticas y de prevención de riesgos, considerando su vulnerabilidad, aislamiento geográfico y dependencia de ecosistemas sensibles. En este contexto, Canarias presenta un alto nivel de fragilidad frente a los impactos climáticos. De hecho, la alerta por incendio en el Archipiélago debería prolongarse a más de la mitad del año, advierte González. Lo mismo ocurre con los fenómenos meteorológicos extremos. El Pacto de Estado olvida estas particularidades. El documento se centra principalmente en la realidad del territorio continental, dejando fuera aspectos clave que caracterizan al Archipiélago como su dependencia del exterior, la elevada biodiversidad o la riqueza paisajística. La postura es clara: «Las Islas están totalmente olvidadas en el Pacto», señala López. Este elemento respalda la opinión de quienes califican la propuesta como débil o carente de solidez.
Escala local como base de la prevención
En el caso de los municipios, constituyen el primer eslabón en la cadena de la protección civil y la reducción del riesgo. El verdadero desafío, opina López, se encuentra en este mismo aspecto: los mecanismos que permitan a los ayuntamientos tomar acción aún no existen y cada municipio cuenta con unas singularidades -tanto sociales como económicas- que deben ser atendidas. Los ayuntamientos además poseen una competencia clave en materia de adaptación al cambio climático: la ordenación del territorio. A través de estos planes generales se pueden implementar medidas concretas para construir ciudades más resilientes y sostenibles. El instrumento permite, por ejemplo, evitar la edificación en zonas de alto riesgo, fomentar infraestructuras verdes, promover una movilidad sostenible o impulsar un modelo urbano más compacto y eficiente.
Pero a los planes generales de ordenación deben sumarse «más herramientas y recursos municipales», subraya Octavio Caraballo. Entre estas destaca la educación y la formación. Un aspecto primordial en la gobernanza climática, pese a que el Pacto de Estado no lo tiene en cuenta. En el caso de Canarias, los municipios, los cabildos y el Gobierno autonómico, deben, en palabras de González, coordinarse. Los «recursos humanos» son fundamentales en la lucha contra la debilidad estructural. Esto tiene que ser «un eje central» del Pacto con el Clima.
Canarias, laboratorio climático ignorado por la política nacional / LP/DLP
Cumplimiento de las leyes ya existentes
Otra de las críticas apunta a la falta de cumplimiento de las leyes ya vigentes. Normas como la Ley de Cambio Climático, la Ley del Suelo o la Ley de Ordenación del Territorio fueron concebidas como herramientas clave en la lucha contra la emergencia climática. Sin embargo, según advierten los expertos, estas legislaciones aún no han desplegado todo su potencial, pero aplicarlas de forma efectiva sería «más útil que seguir sumando documentos» como el Pacto de Estado. El éxito, en palabras de Abel López, estaría garantizado si se cumpliese lo que ya establecen los marcos jurídicos.
A todo ello se añade la lentitud del proceso administrativo. La burocracia «ahoga» la acción climática tanto a nivel nacional como regional. Un reto que tan solo se podrá abordar cuando se le dé un carácter de urgencia a esta problemática: «Igual que tomamos la vía de urgencia para la pandemia, deberíamos tomarla para otras cuestiones asociadas a la adaptación a la crisis climática. No podemos permitir que en un contexto donde aumentan las amenazas, haya todavía tanta población que vive en espacios con niveles de riesgo alto de inundaciones», denuncia López. Una acusación que se extiende al ámbito europeo. La gobernanza climática requiere de una agilidad administrativa con la que, al menos hasta el día de hoy, no cuentan los marcos normativos de Europa y el cambio climático «necesita emergencia».
Nubes tropicales sobre el Océano Atlántico. / MARUM, UNIVERSITÄT BREMEN/L. JONKERS.
El papel olvidado del océano
Ante esta emergencia que advierten los especialistas, destacan que el océano juega un papel fundamental en la regulación del clima, la protección de las zonas costeras, la economía y la biodiversidad. La acción climática debe incorporar la dimensión marina y costera como un eje estratégico y prioritario. Una necesidad que es especialmente patente en Canarias, donde la ausencia de este enfoque resulta más preocupante. El Pacto de Estado no habla de los océanos. Algo que se tacha como sorprendente, pues son «el gran regulador del clima», explica González. Surge entonces la pregunta: ¿Puede una normativa eficaz ignorar el papel de los océanos? La respuesta es clara, sobre todo si se considera que las zonas habitadas susceptibles de inundaciones están mayoritariamente próximas al mar. Además, el aumento de las temperaturas genera graves problemas para la biodiversidad, afectando al entorno en su conjunto. El incremento del nivel del mar pone en riesgo infraestructuras, ecosistemas y el patrimonio natural. Por lo tanto, hablar de cambio climático sin incluir al océano «no tiene ningún sentido».
Inversión en ciencia y conocimiento
En este sentido, tanto las universidades como los centros de investigación desempeñan un papel crucial en la búsqueda de soluciones. De manera histórica, áreas como la gestión del agua, el desarrollo de energías limpias o la reducción de los riesgos en los desastres han encontrado respuestas efectivas gracias al trabajo académico. Sin embargo, la principal demanda de estas instituciones se centra en la falta financiación. Algo que el viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias reconoce: «Es un asunto que tenemos que hablar entre todos, pero por supuesto que habrá que incrementar las partidas presupuestarias relacionadas con el cambio climático». En el caso del Archipiélago, las universidades públicas generan más del 90% de los avances científicos, consolidándose como un pilar fundamental a nivel nacional. Pese a ello, no existe una política estructurada y diferenciada para estos centros, denuncia el doctor en Ciencias del Mar, quien agrega que hacen falta programas estables y actualizados.
PLOCAN pone en operación un vehículo no tripulado de superficie para la observación de las aguas próximas al volcán de la Palma / CEDIDO POR PLOCAN
Visión sistemática de los riesgos
El reto se vuelve mayúsculo si se tiene en cuenta que los riesgos no pueden seguir abordándose de forma aislada. Expertos y organismos internacionales insisten en la necesidad de superar la fragmentación que implica «un plan por cada amenaza» y avanzar hacia un modelo integral de gestión del riesgo de desastres. Este enfoque, más ambicioso, coherente y eficiente, debe alinearse, según los expertos, con el Marco de Sendai, un acuerdo internacional aprobado por los países miembros de Naciones Unidas. Su objetivo principal es reducir las pérdidas de vidas, daños a la salud, impactos en los medios de subsistencia y perjuicios materiales y ambientales causados por los desastres.
Turismo y resiliencia
Superar la fragmentación también se extiende a sectores económicos clave, como el turismo, fundamental para España. Este sector debe incorporar la adaptación al cambio climático en su modelo de desarrollo, apostando por infraestructuras resilientes, la reducción de su huella hídrica y energética, certificaciones verdes y la creación de refugios climáticos en zonas turísticas. En las Islas Canarias, donde el turismo representa más del 30% del PIB y es especialmente vulnerable al clima, esta transformación resulta indispensable para asegurar su competitividad y sostenibilidad a largo plazo. El turismo «tiene que contribuir aún más al desarrollo», señala Caraballo. Destaca además que, al ser una de las áreas prioritarias para el Archipiélago, su impacto territorial es mayor debido a su elevada contribución a las emisiones de carbono. En este sentido, definir estrategias mucho más sostenibles es imprescindible para reducir la huella ecológica de los turistas. Otra de las cuestiones que el Pacto de Estado deja en el aire.
Turistas se refrescan en la orilla de la playa de Maspalomas. / J. PÉREZ CURBELO
El sector primario
Así, a la necesaria adaptación del turismo se suma la del sector primario, también impactado por el cambio climático. La variación en las temperaturas y el descenso progresivo de las precipitaciones suponen un reto creciente para la agricultura. Cada vez llueve menos, y los cultivos que requieren grandes cantidades de agua necesitan «mecanismos de eficiencia hídrica», advierte López. En este contexto, será clave optimizar los sistemas de riego, especialmente ante previsiones que apuntan a una reducción de hasta un tercio en las lluvias. Todo ello demuestra que el cambio climático es una cuestión multilateral. Pero la realidad -en el Pacto de Estado– es que el Gobierno se ha centrado «en la mitigación, pero ha dejado la adaptación a un lado», mantiene González.
Participación social
La deficiencia del Pacto también reside en la ausencia de mecanismos claros para fomentar la participación ciudadana. Un vacío relevante si se tiene en cuenta que los grandes cambios no se van a conseguir sin una población concienciada y consciente de cómo adaptarse a los mismos. En esta línea, cabe preguntarse si la acción climática puede ser efectiva sin procesos participativos reales. La participación ciudadana no puede limitarse a informar sobre decisiones ya tomadas. Debe implicar a la población local desde el inicio. «No se pueden tomar decisiones desde Madrid para actuar en lugares como La Restinga o la playa de Arinaga», advierte González. En este sentido, destaca el papel que debería desempeñar la Oficina de Cambio Climático en Canarias -tal como contempla la ley- así como el compromiso de científicos y técnicos de la Administración, que también deben integrarse en estos procesos desde una lógica participativa y no técnica.
Un agricultor trabaja en una finca de plátanos canaria. / Andrés Gutiérrez Taberne
El consumo local
Más allá de los riesgos, el cambio climático puede ser una oportunidad para transformar modelos económicos y generar nuevas vías de desarrollo. Sin embargo, en el reciente marco se echa en falta la inclusión de sectores estratégicos como la economía azul -vinculada a los recursos del océano- que en territorios insulares como Canarias representa una alternativa clave. Las Islas «tienen en su mano» la capacidad de impulsar una economía circular real gracias a las características propias del Archipiélago. Aunque existen avances -como la estrategia insular del Cabildo de Gran Canaria que incluye un análisis del flujo de materiales y conecta turismo, agua, agricultura, ganadería y pesca-, el reto es escalar estas iniciativas a nivel regional.
La prevención
En esta tesitura, la prevención es imprescindible. Los ciudadanos «deben saber» en qué territorio viven, qué hacer en caso de inundación o de ola de calor. «Es mucho más barato invertir en esto que hacerlo en la compra de aviones frente a los desastres», apunta López. Este desconocimiento se extiende al sistema educativo. Los niños «tienen que conocer dónde viven», añade Caraballo. Aunque la tarea es titánica, trabajar en prevención es «evitar que haya problemas en el futuro».
Una agencia de protección civil
Con la mirada puesta en el futuro, el Pacto contempla la creación de una oficina o agencia específica de protección civil. Sin embargo, expertos cuestionan la necesidad de duplicar estructuras cuando ya existen organismos como la Agencia de Cambio Climático, que establece un marco de actuación y podría asumir esta función. «Uno de los brazos de esa agencia debería enfocarse en protección civil, riesgos y vulnerabilidades», comenta Aridane González. Esta integración no solo agilizaría los procesos administrativos, sino que también evitaría la fragmentación que actualmente dificulta la eficacia en la lucha contra el cambio climático.
Grandes desafíos, urgencias por atender y asuntos pendientes marcan la agenda: la adaptación al cambio climático se impone como una prioridad ineludible, con efectos que ya comienzan a manifestarse. Así, Canarias requiere un trato diferenciado que reconozca su singularidad y potencial. La región tiene la oportunidad de convertirse en un laboratorio natural para diseñar y poner en práctica soluciones innovadoras, tanto en mitigación como, especialmente, en adaptación, aprovechando sus características para liderar la respuesta ante esta crisis global.
