El Gobierno eleva el límite a las inversiones en la red eléctrica un 62% hasta los 7.700 millones de euros al año para las redes de media y baja tensión (distribución) y hasta los 3.600 millones de euros en el caso de la alta tensión (transporte) para habilitar nuevos enchufes a la industria y centros de datos, según ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que ha presentado la nueva planificación para la red de alta tensión.
El transporte y la distribución son actividades reguladas en España que se desarrollan en un régimen de monopolio natural. En el caso de la red de transporte con Red Eléctrica (REE) y en el de distribución con Iberdrola, Endesa y Naturgy. Estas compañías son las encargadas de desarrollar las redes pero tienen un tope anual a la inversión porque esas inversiones las pagan los consumidores a través de los del recibo de la luz.
En la actualidad, el límite máximo de inversión es del 0,065% del PIB anual para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB para la distribución. Pero el Gobierno ha decidido elevarlo un 62% sin impacto en la factura.
«Damos cabida a nuevas demandas que llegan pero no suponen incrementos de la factura de los consumidores, ni de la industria ni de los hogares”, ha afirmado Sara Aagesen en la presentación de este Real Decreto que se publica este viernes a consulta pública hasta el próximo 6 de octubre. El argumento del ministerio es que al dar cabida a nueva demanda, el coste de las inversiones se repartirá entre más consumidores, con lo cual el impacto no se debería notar en las facturas.
Con todo, este volumen de inversión adicional estará condicionado. Al menos el 10% de la inversión se debe destinar a mejorar la seguridad de la red, tanto en las redes de transporte como en las de distribución, para tratar de evitar nuevos apagones, como el del 28 de abril. El 15% a cubrir nuevas necesidades de consumo –contribuyendo a compartir y compensar el coste del despliegue de infraestructuras en las facturas de los consumidores–, y al menos el 5% a proteger la avifauna contra colisión y electrocución.
Además, el Ejecutivo controlará el destino de las inversiones de forma que las empresas tendrán que someter sus planes de inversión a consulta pública. Además, establecerá un sistema de evaluación anualpara el cumplimiento de dichos planes, que incluirá penalizaciones en caso de incumplimientos. Por ejemplo, las empresas perderán un 25% del volumen de inversión incremental –adicional al cubierto por el límite del PIB– si durante los dos años previos a la entrada en vigor de este Real Decreto no hubieran alcanzado el 80% de sus límites particulares de inversión y perderán el 10% si han invertido por debajo del 75% de la inversión aprobada en los tres años previos; y lo perderán totalmente si no presentan su informe anual de cumplimiento o si durante dos años consecutivos no han hecho uso del volumen de inversión incremental asignado.
Planificación eléctrica
Por otra parte, el Gobierno ha presentado la nueva planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030, que prevé una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década, orientada a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC).
La propuesta de planificación plantea atender 27,7 gigavatios (GW) desde la red de transporte, lo que implica multiplicar por 14 los 2 GW de la vigente Planificación con horizonte 2026. Este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución).
