Equipo Económico, el despacho que fundó en 2006 el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, ha enviado un escrito al juez de Tarragona, Rubén Rus Vela, en el que le reclama que agrupe bajo la dirección letrada del PSOE a Vox, Manos Limpias y al resto de acusaciones populares personadas: Sociedad Humana, Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada y Iustitia Europa, según especifica el documento de 3 de septiembre, al que ha tenido acceso esta redacción.
«Resulta procedente agrupar todas las acusaciones populares en una única representación y defensa (por ejemplo, la de la primera que efectuó la personación, criterio éste que, siendo el más objetivo, viene siendo también el habitual en los Juzgados de Instrucción y en las causas especiales seguidas ante el Tribunal Supremo)», concluye el escrito, que alude, aunque sin nombrarlo, al PSOE, que fue la primera en reclamar su personación como acusación popular. Lo hizo en mayo de 2024 tras las informaciones publicadas por este diario al considerar que las actividades investigadas tenían «enorme trascendencia para los intereses generales».
«Dilaciones indebidas»
El despacho Equipo Económico reclama la unificación para evitar «dilaciones indebidas» en una causa que fue abierta el 2 de agosto de 2018. Considera esta empresa que la actuación por separado de las distintas acusaciones vendría «a agravar la lesión de este derecho fundamental», que considera perjudicado por haber sido investigada «durante siete años, en secreto y sin más partes que el Ministerio Fiscal. Si ahora le sumamos a la imprescindible actuación procesal de las defensas, la de una pluralidad de acusaciones particulares, la duración del presente procedimiento que ya es excesiva puede convertirse en disparatada«.
Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca
En cuanto a la posible confrontación de opiniones entre las acusaciones populares, por ejemplo entre dos partidos antagónicos como son el PSOE y Vox, Equipo Económico recuerda que una sentencia reciente del Tribunal Supremo, en concreto de 8 de mayo de 2024, señala que los intereses que persiguen los responsables de la acción popular «no deben ser otros que la búsqueda de la verdad y la acción de la Justicia, y no tanto desde la perspectiva de la satisfacción de intereses individuales como desde la óptica de la defensa del interés general, por lo que procede proteger el proceso del riesgo de dilaciones indebidas, sin que ello cause perjuicios al derecho de defensa”.
Equipo Económico está en el centro de la presunta trama que investiga el juez Rubén Rus Vela, que considera que pretendía «influir decisivamente en reformas legislativas favorables«, algo que habría conseguido, según la fiscalía anticorrupción, para unas empresas gasísticas que habrían logrado modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
«Incompetente territorialmente»
La defensa de la empresa pidió a la Audiencia Provincial de Tarragona que declarara la nulidad de todas las actuaciones declaradas secretas, al ver vulnerado el derecho de defensa por la decisión del juez de mantener el secreto de la causa durante siete años. La compañía negó haber pagado comisiones, y señalado que el juzgado de Tarragona es «incompetente territorialmente» para asumir la causa, ya que considera que debería llevarlo uno de Madrid o incluso la Audiencia Nacional.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona investigó en secreto hasta julio de este año las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro fundó en 2006 y del que dice haberse desligado en 2008. Sin embargo, la fiscalía anticorrupción descubrió que en realidad una parte de las acciones de las que se desprendió Montoro al volver a la política acabó en manos de su hermano Ricardo Montoro, quien mantuvo la propiedad de las participaciones sociales de la mercantil hasta 2012.
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