Yolanda Díaz intenta pasar página al revés parlamentario de este miércoles, cuando el Congreso echó por tierra la reducción de jornada laboral, su medida estrella con la que se presentó a las generales. La vicepresidenta segunda ya amenazó a Junts durante las negociaciones con aprobar vía decreto y sin votación un nuevo registro horario para aumentar el control sobre las empresas. Una medida que iniciará este mismo jueves, unas horas después de que el partido de Carles Puigdemont haya tumbado su propuesta.
Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que firmarán y publicarán el texto del real decreto ley para su consulta pública un día después de la votación fallida de la reducción de la jornada, iniciando así los trámites para aprobar la nueva legislación, que deberá pasar también por el Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva. Este registro tendrá rango reglamentario, de manera que no tendrá que someterse a votación en el Congreso y podrá sortear el rechazo de Junts que este miércoles tumbó el anteproyecto de reducción de jornada, que incluía también la reforma del control horario.
Sin embargo, la nueva fórmula que emprende Díaz no permite modificar el régimen sancionador a las empresas en caso de incumplimiento, de manera que la nueva norma dejará fuera el endurecimiento de sanciones que contemplaba el proyecto de ley que cayó hace unas horas. Para hacer una modificación de ese calado, indican desde Trabajo, sí habría que pasar por el Congreso.
El nuevo registro
El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales incluía más elementos que la propia disminución del tiempo de trabajo, y el control horario es el que genera una especial preocupación entre las empresas. La ministra de Trabajo ya advirtió durante las negociaciones que cambiaría, con o sin Junts, una ley vigente desde 2019 y que obliga a toda empresa a recopilar cuántas horas hacen cada día sus empleados.
La principal novedad que introducirá Díaz una vez decaiga el proyecto de ley en el Congreso será la supresión del registro de jornada a papel y boli. Esta es una de las fórmulas habituales entre pymes o en determinados sectores, como la construcción. Un tipo de registro fácilmente manipulable por aquellas compañías que pretendan engañar a la Inspección de Trabajo, según han denunciado durante los últimos años los sindicatos de este organismo.
La idea es obligar a todas las compañías a pasarse a medios digitales, lo que permitiría a la autoridad laboral acceder a ellos en remoto y supervisar mejor que no se produzcan excesos de jornada. Según datos de la consultora Wolters Kluwer, que comercializa programas de fichado, tres de cada cuatro empresas no tiene totalmente digitalizado su registro de jornada.
La capacidad del Gobierno de modificar la normativa sin tener que pasar por el Congreso es limitada y desde las organizaciones empresariales están preparadas para presentar demandas al respecto. Lo judicializará el proceso y añade incertidumbre. Algunos aspectos de la norma no los podrá cambiar el Ejecutivo, tal como pretendía vía ley, como, por ejemplo, aumentar el importe de las sanciones.
