La declaración de la esposa del presidente del Gobierno ante el juez instructor del caso continúa generando debate jurídico y político. El abogado penalista Juango Ospina analizó en El Cascabel las claves de la investigación, subrayando que los indicios de delitos son suficientes para abrir juicio oral y que, aunque el futuro procesal dependerá del desarrollo del plenario, “existe la posibilidad de que se dicte sentencia condenatoria”.
La defensa de los jueces y el papel del magistrado Peinado
Ospina comenzó destacando la dificultad del trabajo de los magistrados en España, en especial cuando investigan a personas vinculadas con el poder político. En este sentido, quiso reivindicar la independencia judicial y respaldar la actuación del juez Juan Carlos Peinado.
“Hay que hacer una defensa de nuestros jueces y magistrados. Lo difícil que es ser instructor en este país, con las presiones que se sufren, incluso con el propio presidente del Gobierno señalando a quienes investigan causas que afectan a su entorno”, señaló.
El penalista recordó que la investigación contra Gómez no responde a una decisión aislada del juez, sino que fue avalada por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, quienes autorizaron avanzar en la imputación por malversación de caudales públicos. “No es un trabajo arbitrario ni sin sentido; se trata de una instrucción con respaldo judicial”, subrayó.
“No hay anomalía en la instrucción”: la malversación y los correos electrónicos
Consultado sobre las críticas desde Moncloa a la supuesta “erraticidad” del juez instructor, Ospina negó irregularidades. Aseguró que la instrucción responde a la legislación vigente, aunque reconoció que se trata de una normativa “del siglo XIX” que necesitaría una reforma.
“Esto es lo que tenemos hoy, una ley inquisitorial que obliga a investigar cuando existen indicios. Si el presidente Sánchez quiere cambiarlo, tiene el Congreso para hacerlo. Pero mientras no lo hagan, los jueces tienen que cumplir con la obligación de investigar”, afirmó.
El abogado explicó que el delito de malversación implica abuso de autoridad y administración desleal de recursos públicos, y que los correos electrónicos solicitados por el juez buscan determinar si se instrumentalizó dinero público para favorecer a terceros desde que Gómez llegó a Moncloa.
En cuanto a la proporcionalidad del posible delito, Ospina sostuvo que será el tribunal quien valore la “intensidad” de la supuesta apropiación. “Podría dictarse una sentencia absolutoria si se considera que no hay entidad suficiente. Pero hay otros delitos, como el tráfico de influencias o la apropiación indebida, que pueden tener más recorrido para acabar en condena”, matizó.
Estrategia de silencio y posibles consecuencias penales
Sobre la decisión de Gómez de responder únicamente a su abogado, Ospina mostró cautela: “El que calla, otorga. Es legítimo no declarar, es un derecho fundamental, pero a veces deja un vacío en la opinión pública”. Explicó que en su experiencia suele recomendar que los clientes ofrezcan una versión coherente ante el juez, aunque admitió que la estrategia de silencio puede formar parte de un plan de defensa legítimo.
El penalista insistió en la importancia de no adoptar una actitud beligerante con el magistrado: “El juez no es el enemigo, está cumpliendo con su obligación. La mejor defensa es tratar de explicar los hechos con respeto y colaborar con la instrucción”.
En cuanto a la posibilidad de prisión, Ospina recordó que aunque varios de los delitos imputados contemplan penas de cárcel, si las condenas son inferiores a dos años podrían beneficiarse de una suspensión automática del ingreso en prisión. Aun así, consideró que “los delitos de tráfico de influencias y apropiación indebida tienen mayor claridad para una sentencia condenatoria”.
Por último, advirtió que el debate jurídico se centrará en la intensidad de la supuesta malversación: “No se trata solo de si se usaron recursos públicos, sino de cuánto y con qué impacto. Ahí es donde se dirimirá gran parte del caso en el juicio”.
