La Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles su proyecto de ley de vivienda con el objetivo de que entre en vigor antes de la finalización de la legislatura. Sin embargo, las principales medidas se adelantaron al mes de marzo, cuando se aprobó un decreto urgente que facilitaba cambios de uso de terrenos para hacer VPO, que formalizaba la creación de una bolsa de suelos disponibles para promotores a nivel andaluz o que habilitaba la vía de la aceleradora de proyectos para reducir a la mitad los trámites para una construcción de pisos.
Todas estas medidas, que se vuelven a recoger en la ley de vivienda para reforzarlas, han permitido hasta el momento que medio centenar de ayuntamientos, entre ellos casi todas las grandes ciudades, hayan comunicado sus disponibilidades de suelo. El resultado es que hay 630 terrenos urbanizados donde se pueden construir viviendas que suman 1,3 millones de metros cuadrados y en los que se podrían llegar a ejecutar 40.000 viviendas, de renta libre, alquiler asequible o protección oficial.
Dentro de estas bolsas de suelo, el decreto de medidas urgentes permitía cambios de calificación para que terrenos calificados como terciarios o para equipamientos pudieran modificarse sin necesidad de una revisión del PGOU para hacer VPO. También en los casos de suelos residencias se autoriza una mayor edificabilidad si se cambia el tipo de vivienda a protegida.
Al mismo tiempo, todos estos proyectos siempre que cumplan una serie de requisitos en cuanto al volumen de VPO y el número de viviendas totales tienen la posibilidad de entrar en la unidad aceleradora de la Junta de Andalucía que permite una reducción casi a la mitad de los plazos administrativos. En estos momentos hay cuatro grandes proyectos, según ha explicado la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, que están avanzando en esta vía.
«No vamos a imponer nada a ningún ayuntamiento»
«Estamos consiguiendo que afloren suelos y creo que son unos buenos datos. Pero en cualquier caso, nosotros no vamos a imponer nada a ningún ayuntamiento. Esta es una herramienta para facilitar que hagan vivienda asequible, pero no es obligatoria», apuntó la consejera en respuesta a la reflexión del presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado, de que faltan demasiados ayuntamientos por sumarse a esta medida.
Junto a esta bolsa de suelos, el decreto de medidas urgentes y la nueva ley también configuran la posibilidad de crear un sistema informatizado que coordine toda la oferta de VPO de los municipios y que sea accesible para toda la ciudadanía. Esta medida, que facilitará un aumento de la transparencia y del acceso a la información, estará disponible antes de la finalización de la legislatura.
