Que en la víspera de la Diada el catalán en la escuela reciba un nuevo golpe judicial ha puesto en guardia al Govern de Salvador Illa. Esta vez, se trata de una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anula varios artículos del decreto que blinda el catalán como lengua vehicular en las aulas, un veredicto que el president de la Generalitat ya ha anunciado que piensa recorrer. «No permitiremos que nadie haga un uso político de la lengua porque es lo peor que se puede hacer por la convivencia», ha espetado en una velada crítica a la decisión del tribunal.
La réplica de Illa ha sido tan escueta como rotunda. «Defenderemos el modelo lingüístico con toda contundencia y tomaremos todas las medidas que consideremos oportunas», ha asegurado justo antes de confirmar que el Govern va a presentar un recurso contra el texto, tal como también han reclamado los sindicatos educativos y entidades como Òmnium Cultural. También desde los partidos de la oposición han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran un «ataque» al catalán y han exigido al Executiu una reacción urgente. Ha sido dicho y hecho.
La lengua de inclusión
El president no ha querido dejar lugar a dudas, y menos aún a las puertas de la celebración del Onze de Setembre, de que su proyecto político concibe el catalán como la lengua «inclusiva, propia y transversal» de Catalunya y, por ende, también de su escuela. Y es que la sentencia, además de anular el catalán como lengua normalmente vehicular y de aprendizaje, también tumba que el catalán sea la única lengua de acogida del alumnado recién llegado, sin prever mecanismos de aprendizaje equilibrado del castellano.
Defenderemos el modelo lingüístico con toda contundencia y tomaremos todas las medidas que consideremos oportunas
Para el Govern, esta sentencia es una suerte de antesala del veredicto final que debe emitir el Tribunal Constitucional sobre la ley que blinda el catalán como lengua vehicular en las aulas. Consciente de la estocada que puede encajar el modelo educativo catalán en los próximos meses y con el curso ya empezado, Illa ha querido dejar claro su compromiso con la defensa de la lengua. La conselleria de Educació y la de Política Lingüística hace meses que tienen el encargo de anticiparse a los posibles escenarios.
La difícil respuesta al TC
No entra dentro de los esquemas del president de la Generalitat apartarse del cumplimiento de toda sentencia que llegue de los tribunales, que considera que se tiene que respetar con independencia de si la comparte o no. Pero, al mismo tiempo, promete preservar el modelo de inmersión, por lo que en caso de que la sentencia sea desfavorable al catalán, no será fácil una respuesta que cumpla con las dos premisas. Fuentes del Govern rechazan por ahora situarse en el peor de esos escenarios. «Hay que ver qué dice», aseguran acogiéndose a la cautela, aunque reconocen que este asunto puede ser una bomba de relojería.
En todo caso, aseguran, hace falta «un consenso político» para hacer frente tanto a la defensa del catalán en la escuela como a la promoción de la lengua, que gana hablantes pero que retrocede en su uso social. El Pacte Nacional per la Llengua, recuerdan desde el ejecutivo, va en esta dirección. Y ante los partidos que dudan sobre el compromiso de Illa en esta materia -principalmente, Junts y la CUP, que no se han sumado a ese consenso-, recuerdan que ha sido con este president que se ha alumbrado una estrategia de país para dar un espaldarazo al catalán y que hay en el Govern una conselleria específica para ello, que fue pactada con ERC.
A las puertas de la Diada
El president ya tenía previsto hacer una referencia explícita a la defensa del catalán en su discurso institucional con motivo de la Diada, pero la sentencia de este miércoles hace que la importancia de esta referencia suba un escalafón más. Junto a la pendiente aplicación de la amnistía y el reto de impulsar la financiación singular, la revitalización de la lengua es uno de los principales retos que tiene el Govern por delante. Lograr la oficialidad en la Unión Europea ya ha constatado que es un camino largo y costoso -más aún con el bloqueo que promueve el PP-, y en la Generalitat ya han tomado nota de que los tribunales tampoco pondrán fácil el intento de mantenerla como vehicular en la escuela.
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