Las cuatro grandes eléctricas propietarias de centrales nucleares en España ultiman un pacto para alcanzar una posición común y pedir juntas al Gobierno retrasar el cierre de todas las plantas. Iberdrola, Endesa (que son socios mayoritarios en las diferentes centrales), Naturgy y EDP (que tienen participaciones menores en algunas de ellas) han mantenido conversaciones de alto nivel en las últimas semanas en busca de un consenso de todo el sector para intentar retrasar la clausura de todos los reactores.
Las cuatro eléctricas han conseguido avances en busca de una posición compartida para trasladársela al Ejecutivo de manera formal, para lo que solicitarán una reunión cara a cara con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para abordar el plan de las compañías, según confirman varias fuentes al tanto de la situación a EL PERIÓDICO. Las cuatro compañías energéticas han preferido no hacer comentarios sobre esta información.
Alguna de las energéticas ya ha trasladado de manera informal y muy recientemente al Ministerio para la Transición Ecológica la necesidad de sentarse para abordar esta posición compartida en ciernes sobre el futuro nuclear, pero se pretende tramitar próximamente una solicitud oficial de encuentro con la vicepresidenta cuando se cierre por completo el acuerdo.
Un consenso de todas las eléctricas
Iberdrola y Endesa ya enviaron el pasado junio al Ministerio para la Transición Ecológica una primera propuesta para ampliar la vida de las centrales nucleares y postergar el calendario de cierres previsto. Pero esa carta solo estaba firmada por las dos mayores eléctricas españolas, no por Naturgy ni por EDP.
Una circunstancia que resulta relevante porque las decisiones estratégicas sobre las centrales nucleares han de adoptarse por unanimidad de todos los socios, con independencia del peso accionarial de cada uno. Por esta razón, el Gobierno ha venido advirtiendo desde entonces que para estudiar cualquier propuesta sobre el futuro de la nuclear era imprescindible un consenso entre las cuatro compañías eléctricas.
Fueron estas cuatro energéticas las que firmaron hace cinco años el acuerdo en el que se contempla el calendario de cierres de todas las centrales actualmente vigente, que establece las clausuras escalonadas de los reactores entre 2027 y 2035. Y el Ejecutivo exige ahora que primero las cuatro se pongan de acuerdo entre ellas si quieren plantear una revisión de esas fechas.
Retrasar todos los cierres
La declaración de intenciones remitida en junio solo por Endesa e Iberdrola al Gobierno recogía un consenso mínimo entre las dos eléctricas, y planteaba retrasar el cierre entre dos y tres años solo de algunas centrales (Almaraz I y II, Ascó I y II, y Cofrentes), pero mantenía la fecha del apagón nuclear total en 2035 y desenchufar entonces las últimas plantas operativas.
La nueva posición común en la que se trabaja entre las eléctricas busca un pacto con el que todas se sientan cómodas, que atienda intereses no siempre exactamente coincidentes y, previsiblemente, contendrá una propuesta más ambiciosa para retrasar el cierre de todas las centrales. Endesa, la más interesada en mantener operativas lo máximo posible las plantas nucleares españolas, es la que ha venido insistiendo en articular una posición común que contemple un aplazamiento de tres años del cierre de todos los reactores en relación a la fecha prevista (incluyendo Vandellós II y Trillo) y con ello retrasar el apagón nuclear total en España de 2035, como está ahora programado, hasta el año 2038, como adelantó este diario.
Choque por los impuestos
Las grandes eléctricas tratan desde hace meses de explorar con el Gobierno un cambio en el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas. Pero el intento había entrado en punto muerto y parecía encallado antes de iniciar ninguna negociación formal, porque ambas partes mantenían firmes sus posiciones con condiciones previas que chocaban de manera frontal, fundamentalmente sobre una rebaja de impuestos que pagan las plantas.
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la carga fiscal que asumen y aseguran que la fiscalidad hace inviable la continuidad rentable de las instalaciones. De hecho, las compañías eléctricas han venido condicionando directamente presentar una propuesta de ampliación de la vida de las centrales a que se aplique una rebaja impositiva, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza de plano y que ha provocado que el intento de estudiar un cambio en el calendario de cierre haya quedado hasta ahora bloqueado. El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha advertido de que no tramitará ninguna propuesta de ampliar la vida de las nucleares si las empresas no garantizan antes que ninguno de los costes que ahora soportan serán trasladados a los consumidores a través del recibo de luz.
Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares actualmente paga 28,2 euros por megavatio hora (MWh) tras las últimas subidas. De este importe, unos 17 euros por MWh corresponden a impuestos y tasas tanto estatales como autonómicos, y a estos se suman otros 10,36 euros de la tasa que pagan las centrales en función de la electricidad que producen para financiar los costes de que el Estado gestione sus residuos radiactivos y ejecute su desmantelamiento futuro. En total, las grandes eléctricas estiman que las centrales nucleares pagarán más de 1.500 millones de euros por tributos y tasas durante 2025.
Las eléctricas pretenden mantener su reclamación de que se revise la fiscalidad de las plantas, con una rebaja de los gravámenes que cobra el Gobierno como los que han establecido varias de las comunidades autónomas en las que se localizan las centrales. En este sentido, Endesa ha llegado a plantear abiertamente la necesidad de que los 17 euros por MWh de impuestos y tasas que se carga a la electricidad que producen las nucleares se ha de rebajar al menos 10 euros, con un fuerte recorte del 60% de la carga fiscal actual.
Un recorte de 10 euros por MWh que se repartiría prácticamente a partes iguales entre la fiscalidad de la Administración central y la de las comunidades autónomas en que se localizan las centrales, tanto con rebajas como con eliminación de algunos impuestos y tasas. A esa rebaja del 60% de los impuestos y tasas que pagan las nucleares se sumaría también un recorte de la tasa que las centrales abonan a la sociedad pública Enresa por gestionar sus residuos radiactivos.
Las plantas abonan este gravamen en función de la electricidad que producen cada año y el cálculo de su cuantía se realiza en función del tiempo previsto de funcionamiento de las plantas. Así que si las centrales nucleares amplían su vida operativa y retrasan el cierre, el importe de la tasa bajaría de una manera semiautomática. Tras la subida del 30% aprobada por el Gobierno a mediados del año pasado, la previsión del sector es que las centrales pagarán este año en torno a 600 millones de euros por la ‘tasa Enresa’.
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