«Soy responsable de los hechos. Sé el daño que he causado». Con estas palabras ha admitido el crimen el acusado de matar a su inquilina en Alicante tras asestarle 16 puñaladas y después convivir con su cadáver durante un mes. El procesado se sienta a partir de este lunes en el banquillo ante un jurado en la Audiencia de Alicante acusado de un delito de asesinato. Sin embargo, la mayor dificultad para el tribunal popular no es determinar la autoría, sino establecer si se trató de un crimen a sangre fría y premeditado o bien se trató de un brote psicótico, derivado de la enfermedad mental que padece el acusado.
La clave del veredicto va a estar en decidir hasta qué punto estos trastornos limitaron su conducta y qué agravantes o atenuantes hay que aplicar. Hay informes a lo largo del procedimiento con conclusiones muy diferentes sobre el alcance de su enfermedad mental, motivo por el que el magistrado que preside el tribunal, José Antonio Durá, ha dedicado una jornada para que todos los peritos que han tratado al acusado expongan sus conclusiones y debatan sobre ellas en una declaración conjunta para que el jurado pueda cerrar una opinión.
El asesinato ocurrió a finales de agosto de 2023 en un domicilio de la calle San Vicente de Alicante donde la mujer asesinada, de 64 años de edad, tenía alquilada una habitación. La convivencia entre acusado y víctima no era para nada pacífica y ya habían tenido otras discusiones. Tras el apuñalamiento, el cadáver fue escondido en una habitación, tapado con plásticos y un edredón, hasta que, un mes más tarde el asesino llamó al 091 para confesar los hechos. Hasta las propias acusaciones discrepan en la calificación jurídica de los hechos. Para la Fiscalía se trata de un asesinato con alevosía, al valorar que la víctima no pudo defenderse al no esperar que fuera ser acuchillada hasta la muerte en el pasillo de su casa. Para la acusación particular que ejerce el hijo de la fallecida a través del abogado Leonardo Vargas del despacho Legal Law, también hubo ensañamiento y sostiene que el acusado hizo padecer a la víctima un sufrimiento innecesario para causar la muerte. La defensa asegura, en cambio, que el acusado no era imputable a causa de su enfermedad mental, un trastorno de personalidad clúster y una esquizofrenia paranoide.
«Me hacía la vida imposible»
El acusado ha venido acogiéndose a su derecho a no declarar desde el momento de su arresto. Al inicio del juicio, tampoco ha querido responder a ninguna de las partes y se ha limitado a hacer una breve declaración, en la que ha admitido ser el autor del crimen. Aunque a continuación ha tratado de justificarse: «Me hacía la vida imposible» y aseguró que la situación complicó su tratamiento. Durante ese tiempo en el que la convivencia se deterioraba, ha asegurado que su inquilina llegó a tirarle a la calle y «la mayor parte del día lo pasaba refugiado en el comedor». Una breve declaración tras la que el procesado ya no ha querido añadir nada más.
El acusado estaba incapacitado judicialmente a causa de sus enfermedades mentales en un proceso que arrancó en el año 2008, momento en el que sus padres pasaron a ser sus tutores legales. Un cambio legal motivó que fuera la Generalitat Valenciana la que asumiera ese papel como curatela. En los informes en los que cada una de las partes ha expuesto al jurado para avanzar sus posturas en el proceso, ha trascendido que el acusado seguía recibiendo una asignación de sus padres y había alquilado una habitación a la víctima a en la vivienda, de la que disponía del usufructo.
Doce días antes del crimen, el acusado y la víctima llegaron a tener una discusión que terminó con ella denunciándole en la Comisaría. La acusación particular incidió en que en esa disputa ella le dijo que ya no le iba a pagar y eso acabó desencadenando el crimen. Para este martes está previsto que declaren los vecinos, los policías que intervinieron en aquellas discusiones anteriores y familiares tanto del acusado como de la víctima.
Para la acusación particular no se trató de un asesinato ocurrido en un brote psicótico, ya que el acusado estuvo ocultando el cadáver durante un mes, consultando en YouTube tutoriales para ocultar el olor. Durante esas semanas intentaba aparentar que llevaba una vida normal, saludando a los vecinos y visitando a su madre en el hospital. Según aseguró, el hecho de llamar a la Policía para confesar el crimen buscaba tratar de asegurar que se le aplicaría una atenuante cuando supo que ya no iba a poder ocultar el cadáver por más tiempo. La acusación particular pide también la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana por tener asignado el Instituto Valenciano de Servicios Sociales el seguimiento del paciente. La indemnización que se reclama por esta parte es de 90.000 euros, dinero que con toda probabilidad tendría que asumir la Administración al ser el acusado insolvente.
Una bomba de relojería
Se trata de un punto en el que la acusación particular coincide con la defensa, el abogado Eduardo Gómez Cañizares, que considera que la Administración hizo una dejación de funciones en el seguimiento del paciente. «Había informes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en los que alertaban que la situación del acusado era una bomba de relojería«, señaló la defensa, que subrayó que el procesado llevaba más de un año sin tomar su medicación. Por este motivo, la defensa asegura que el acusado es inimputable por su enfermedad mental. Para la Fiscalía, esta enfermedad limitaba las facultades del acusado, pero no las anulaba. El Ministerio Público en cambio no ve responsabilidad de la Generalitat en estos hechos.
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