¿En qué consiste el Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo?
Somos un grupo de profesores de Derecho que creamos un laboratorio de derechos humanos en la Universitat de les Illes Balears. Trabajamos haciendo formación, sensibilización e investigación sobre derechos humanos. En el grupo también está Valentina Milano, que acaba de publicar el libro sobre los derechos de los menores migrantes en la frontera, o el sociólogo David Abril, que además del de Balears también ha estudiado los casos de Malta y Grecia. Impartimos una titulación de posgrado de Experto Universitario en Migraciones en el Mediterráneo. El año pasado se hizo un primer curso y tuvo muchísimo éxito, llenamos las plazas y se quedaron más de 40 personas en lista de espera. Tuvo mucho éxito porque hay mucha necesidad de formación sobre el fenómeno de las migraciones.
Desde el Observatorio avisaron hace tiempo de que había que tomar medidas ante la migración en Balears.
En el informe que presentamos en 2020 ya dijimos que faltaban recursos y medios y que hacía falta que existieran unos protocolos que articulasen una atención integral a las personas que llegaban en patera.
¿Va a seguir creciendo la ruta argelina?
No puedo vaticinar números, pero estoy segura de que sí. La ruta hacia Canarias está bajando sus números, pero la cuestión es que la ruta argelina ya se ha situado como una ruta posible, e incluso más segura que la canaria, en las comunidades de origen subsahariano. Ven lo que está pasando y están aprovechando la ruta que se ha abierto. Es verdad que hay muchas mafias y muchas organizaciones criminales, pero esta gente está desesperada y va a seguir por esta ruta. Lo único que se está planteando políticamente es que intervenga Frontex.
¿No hay contactos políticos entre España y Argelia?
Yo supongo que diplomáticamente se está intentando conducir la situación, pero también debemos tener en cuenta que Argelia es el principal suministrador de gas de España. Es verdad que ha habido una ruptura de relaciones diplomáticas por la cuestión del Sáhara, pero los contactos diplomáticos han continuado. Si se cierra la ruta argelina debemos tener bien claro que será a costa de dejar a miles de personas con el riesgo de ser torturadas, maltratadas y víctimas de abusos de los derechos humanos.
¿Cómo afectan nuestras relaciones con Argelia y Marruecos a la ruta migratoria?
Hay una parte diplomática que no se suele ver y otra parte política de los representantes políticos que depende del momento, de si son aliados o no tanto. Después está la realidad de la frontera. Hay países que tienen una financiación de la Unión Europea para reforzar la policía o para obstaculizar la salida de personas en pateras o cayucos. España está pagando la formación y el desarrollo de fuerzas policiales de países como Mauritania o Marruecos para fortalecer los controles de salida. Con eso no solo se obstaculiza la salida, también se consigue que se ejecuten deportaciones. Cuando se interceptan los cayucos o las vallas y se devuelven al punto de salida, se ha documentado el maltrato sistemático de esas personas. En algunos países incluso los recogen y los dejan en el desierto. Por eso, cuando se habla de Frontex y de poner impedimentos para que lleguen por mar a Balears a nosotros nos preocupa porque esto va a suponer el maltrato, la tortura o la muerte de estas personas. Esto tiene que ver con la política europea de inmigración y los visados. Hay países que, según la normativa de la Unión Europea, necesitan un visado y otros que no.
¿Qué países se encuentran en cada categoría?
De países de América Latina, la mayoría pueden entrar en España con un visado turístico. A los tres meses les vence y se quedan en situación ilegal en España. Esto está generalizado. En cambio, todos los países de África necesitan un visado especial, no pueden entrar solamente como turistas y tienen que demostrar que vienen para trabajar. De hecho, está bloqueada la política de visados. Hay que reivindicar vías legales y seguras porque estamos abocando a miles de personas al mar. Y la mayoría están llegando, pero no todas. Entre los visados y las mafias, que se están aprovechando de toda esta política, tenemos unas situaciones dramáticas. Hasta ahora mirábamos a otra parte y no veíamos Lampedusa, no veíamos El Hierro ni Canarias, no veíamos Ceuta y Melilla… Pero el problema nos ha llegado ya.
El Gobierno sigue sin reconocer oficialmente la ruta argelina.
Eso no tiene ninguna importancia. Nosotros reclamamos medios para asistir y salvar a personas que están llegando aquí de forma ilegal porque no tienen más remedio. La consecuencia de que España califique la ruta como consolidada es que se van a activar recursos que no son de salvamento, son de frontera. Es decir, medidas de carácter policial, incluso centros de detención. Y esto no tiene sentido porque Balears es una vía de tránsito. Y podemos llegar a que se cree en Balears un centro de triaje o de selección en el que se considere que no se aplica el derecho español ni europeo. Desde allí se deportaría a las personas que no fueran solicitantes de asilo y no sabemos hacia dónde. Los británicos lo están intentando con Ruanda y los italianos con Albania. Lo siguiente va a ser esto y no consideramos que sea la solución.
¿Cómo ha cambiado el perfil de migrante que llega a Balears?
Hasta 2023, el perfil mayoritario eran hombres magrebíes. Marroquíes, pero sobre todo argelinos. Ahora el perfil mayoritario depende de la semana, pero hay más subsaharianos, más mujeres y más menores. Estamos viendo casos de niños de 13 o 14 años que llegan solos. Hasta julio habían llegado 3.500 personas y 500 eran mujeres. Eso es muchísimo. Debemos tener en cuenta que los migrantes sushaharianos son potenciales solicitantes de asilo y cuando vienen se tienen que activar los recursos del sistema de acogida. El sistema se ha sobrepasado porque no está pensado para que lleguen 5.000 personas en ocho meses, como ha ocurrido ahora. Y hace años que sabían que esto estaba pasando porque las estadísticas dicen que en cuatro años se han triplicado las llegadas. Hasta hace unas semanas, en Balears sólo había 44 plazas de primera acogida, que están en Mallorca. Las mujeres que llegan a Ibiza y Formentera las derivan a Mallorca y, si no hay sitio, a centros de la Península. No sé si es una estrategia no crear plazas para derivar el problema hacia la Península o sencillamente es que no ha habido capacidad para incrementar las plazas. Ahora se han aumentado en 20.
¿Qué opina de la postura de Balears de recurrir ante la justicia el reparto de menores procedentes de Canarias?
La aprobación de esta distribución ha coincidido con el aumento de las llegadas de pateras a Balears y entiendo que esto ha provocado que se diga que no caben más en los centros, pero desde hace un año se estaba diciendo que había que repartir a los menores y hay una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno español a hacerlo. Yo creo que aquí ha habido una falta de previsión porque si no hay plazas se tienen que crear, hay presupuesto. Existe este reparto y se tiene que cumplir. La situación de Balears no ha llegado al extremo de Canarias, pero claro, Balears va a necesitar la solidaridad de otras Comunidades Autónomas. De hecho, ya tiene la solidaridad de varias porque está derivando adultos a la Península.
¿Enfocamos bien como sociedad el tema de la migración o se están colando discursos peligrosos?
Una cosa es el discurso político y otra, el discurso que hay en gran parte en las redes, que es muy peligroso porque se está generalizando y criminalizando a todo un colectivo que es muy diverso. Es muy necesario proyectar otro discurso que existe en la sociedad. En este último medio año ha habido un grupo de personas ayudando en el puerto de Palma porque no llegaba la ayuda del Gobierno ni de Cruz Roja y hemos estado recibiendo la solidaridad de muchísima gente. Cuando llegan en patera con hambre, frío y sed muchísima gente se moviliza. Hace falta visibilizar que hay mucha más gente solidaria que gente que odia porque el discurso del odio lamentablemente está cundiendo. La gente solidaria actúa, no está haciendo discursos en Twitch, y sobre todo no está amenazando a nadie. La gente actúa y punto. Vamos a ver si la sociedad civil se une, da la cara y contesta que hay otra manera de ver este problema.
¿Tenemos alguna forma de combatir a las mafias desde Europa?
Lo que se está haciendo desde la Unión Europea es alcanzar acuerdos con estos países para afianzar las policías y los sistemas judiciales. También se está intentando perseguir a los patrones, pero esto no está funcionando muy bien. En el caso de los argelinos, quizá pueda funcionar más esta vía; pero en el caso de los subsaharianos, vienen sin patrón. Vienen sólo con un móvil y un GPS, con las peores barcas y en las peores condiciones. Los ves llegar y se te cae el alma al suelo.
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