España se la juega en los próximos 12 meses con los fondos europeos Next Generation EU y se asoma al riesgo de perder parte de los 80.000 millones de euros a fondo perdido asignados por la Comisión Europea por una doble vía: si no completa su ejecución antes del 31 de agosto de 2026 o si no se logra que el Congreso apruebe algunas de las reformas legales comprometidas con Bruselas. De momento, Bruselas ya ha penalizado a España con un descuento de 1.100 millones por no haber logrado aprobar aún la subida de la fiscalidad del diésel y, según estimaciones de Caixabank Research, aún no se ha terminado de ejecutar el 72% de los proyectos de inversión del Plan de Recuperación.
El Gobierno es consciente del reto al que se enfrenta. «Sabemos que el tiempo apremia y por eso estamos actuando con ambición, pero también con sentido práctico», decía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su última comparecencia en el Senado, en julio. «Seguimos trabajando en clave interna, pero también con la propia Comisión Europea para asegurar una implementación completa del plan en fecha, para el mes de agosto del año 2026«, dijo a los parlamentarios.
El servicio de estudios BBVA Research calcula que si se mantiene el ritmo actual de realización de ayudas y licitaciones (que cifra en unos 1.200 millones al mes) existe riesgo de perder unos 6.000 millones de euros al cierre del Plan de Recuperación, por lo que llama a apretar el acelerador (hasta los 1.500 millones al mes).
Los cálculos de la consultora LLYC llevan a una conclusión más pesimista. «España nunca ha ejecutado más del 80% de los programas vinculados a otros fondos europeos. En este caso podemos prever entre 10.000 y 12.000 millones que se dejarían de ejecutar. Van a unirse dos cosas, no se va a poder adjudicar ni recibir todo» apunta Francesc García Donet, asesor de LLYC.
El problema no es exclusivo de España. Consciente del riesgo de no lograr la absorción de los 357.000 millones de euros en subvenciones (y 291.000 millones en préstamos) que la Comisión Europea asignó a los países de la UE dentro del programa ‘Next Generation EU’, Bruselas pidió en junio acelerar el cumplimiento del Plan de Recuperación, pues hasta entonces solo se había gastado poco más de la mitad del dinero a fondo perdido.
Quedan cuatro de los nueve desembolsos previstos
Dentro del programa de los fondos europeos Next Generation EU, la Comisión Europea asignó en 2021 a España una cantidad aproximada de 163.000 millones de euros, la mitad de ella en transferencias (unos 79.854 millones a fondo perdido) y la otra mitad, en préstamos. En el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), el Gobierno español articuló los proyectos y las ayudas en las que gastar las citadas cantidades entre 2021 y 2026 a cambio de cumplir algo más de 500 compromisos de inversiones y reformas repartidos, ahora, en nueve tramos.
Urge, sobre todo, gastar las transferencias (79.854 millones), pues lo que no se gaste, será dinero perdido. También hay un plazo límite para que empresas u organismos soliciten los préstamos ventajosos (83.160 millones), pero esto último preocupa menos, pues lo que no se utilice no será dinero perdido.
Hasta ahora, el cumplimiento de algo más de 250 hitos y objetivos ha permitido a España acceder a cinco desembolsos de transferencias por un total de unos 56.000 millones de euros, el 70% del total previsto, a lo largo de los últimos cuatro años (entre agosto de 2021 y agosto de 2025). El último de estos desembolsos (el quinto) se ha recibido este mismo mes de agosto, por un total de 22.926 millones netos, de los cuales 6.991 millones corresponden a transferencias y 15.935 millones, a préstamos.
A partir de ahora, el Gobierno debe asumir el reto de acreditar en un solo año (antes de 31 de agosto de 2026) el cumplimiento de otros 250 hitos y objetivos que permitan ir solicitando a Bruselas el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno de los desembolsos programados (por un total de casi 24.000 millones).
La dificultad de lograr aprobar ocho leyes pendientes
Ciertamente, las reformas más complicadas comprometidas por el Gobierno ya han sido cumplidas. Es el caso, por ejemplo, de la reforma de la pensiones o de la reforma laboral, cuyo cumplimiento permitió anteriores desembolsos de fondos europeos.
No obstante, entre los compromisos de reformas pendientes, aún queda el cumplimiento de ocho cambios legales cuya aprobación en el Congreso de los Diputados debe superar el escollo de los débiles apoyos parlamentarios con que cuenta el Gobierno. Cada reforma que no se logre aprobar llevará aparejada una penalización –en forma de un descuento en los 24.000 millones que quedan por recibir-, como ya ha sucedido con la fiscalidad del diésel.
Entre las ocho leyes pendientes de aprobación en el Congreso para solicitar a Bruselas los últimos 24.000 millones en transferencias, está la ley de industria, la de universalidad del sistema nacional de salud, la de uso racional de medicamentos y la del cine. También se debe aprobar una ley de profesiones del deporte, la ley de movilidad sostenible, la de grupos de interés (lobies) y la de la autoridad de defensa del cliente financiero.
El Gobierno deberá lograr los apoyos parlamentarios para acreditar la aprobación de todas ellas, en este caso, antes del próximo 30 de septiembre de 2026, que es la fecha máxima que tiene los Estados para solicitar desembolsos a la Comisión Europea.
El reto de gastar hasta el último euro
Pero España no solo se expone a perder dinero de los fondos europeos por la vía de no poder acreditar el cumplimiento de reformas previstas (hitos). También debe cumplir los objetivos comprometidos en forma de gasto en inversión y en ayudas a particulares, empresas y organismos.
España debe haber terminado la ejecución del gasto de los 80.000 millones en transferencias antes del 31 de agosto de 2026. No bastará con que se hayan adjudicado las cantidades. Tendrán que haber sido pagadas. Y es aquí donde los expertos de BBVA Research o de LLYC ven el riesgo de que España pueda perder hasta 12.000 millones de euros si no se han logrado completar los procesos.
Imagen de un parque con paneres solares y aerogeneradores. / Archivo
Según los datos del Ministerio de Economía, la gestión de los fondos europeos avanza a buen ritmo. El portal de información ‘Elisa’ muestra que hasta junio se había realizado convocatorias por 80.163 millones de euros (incluso por encima del dinero asignado por Bruselas a España) y que se habían resuelto gran parte de ellas, por importe de 54.521 millones. El dato que no se conoce es cuál es la cantidad que ya ha sido pagada a sus beneficiarios. Este es el que se tendrá en cuenta en agosto de 2026.
«El problema es que a la administración le está costando muchísimo pagar», explica Francesc García Donet. «Quien haya solicitado ayudas del plan Moves 3 o para la rehabilitación energética, sabrá que hay que cumplir muchos requisitos y presentar una documentación exhaustiva para que te paguen. Pueden pasar 18 meses, o hasta dos años«, añade el asesor de LLYC, a modo de ejemplo, para referir las dificultades burocráticas que puede acabar complicando la ejecución total de los fondos.
Aún no se ha ejecutado el 72% de los proyectos de inversión
Con estos condicionantes, no es extraño que, según los cálculos de Caixabank Research, a finales de 2024 aún faltara por ejecutar el 85% de los proyectos de inversión del Plan de Recuperación. Con datos actualizados, aún queda por terminar de ejecutar el 72% de los objetivos de inversión, según Javier García-Arenas, analista de este servicio de estudios.
Entre los hitos que estaban pendientes de culminar a finales de 2024 y que aún no han sido evaluados se incluye, por ejemplo, implantar zonas de bajas emisiones municipales, incrementar el uso de tecnologías digitales en 171.000 pymes, modernizar la irrigación de 160.000 hectáreas, renovar 285.000 viviendas con un ahorro energético mínimo del 30%, construir 20.000 viviendas sociales, desplegar 238.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga, cubrir al 75% de la población con 5G o restaurar 145 kilómetros de zonas costeras, entre otros.
No obstante, García-Arenas puntualiza que aún no se han evaluado proyectos que en buena parte ya activados, pendientes de su ejecución final, y se muestra optimista sobre el resultado final: «Creemos que España tiene suficiente capacidad para cumplir con los plazos marcados. Será esencial asegurar una buena canalización de los préstamos de la Adenda y la selección de proyectos asociados. Después de esa fecha, los proyectos de inversión ligados a los fondos van a seguir desplegándose (no habrá un efecto acantilado)», explica.
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