La guerra a la izquierda del PSOE complica aún más la viabilidad de los Presupuestos. El compromiso del Gobierno de presentarlos en los próximos meses choca con la realidad parlamentaria, con un Podemos centrado en su tarea de oposición que, advierte, no dudará en tumbar las cuentas, y con un Sumar envuelto en turbulencias internas, donde ni siquiera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, puede garantizar ya todos los votos de su grupo parlamentario. Las negociaciones entre los socios de coalición para un acuerdo presupuestario, advierten en Sumar, tampoco han comenzado.
Los presupuestos son para Sumar una oportunidad única para fijar posiciones propias frente al PSOE. Algo que se hace aún más necesario tras la previsible derrota la semana el miércoles de la reducción de la jornada laboral, la medida estrella de Yolanda Díaz. Entre las exigencias del socio minoritario de coalición estará continuar la batalla por la remuneración de los permisos parentales y las bajas por nacimiento. Una medida que lograron sólo a medias el pasado julio. Otro de los asuntos centrales que marcará la negociación es la prestación universal por crianza, una ayuda de 200 euros por hijo hasta que éste alcance la mayoría de edad. Además, exigirán medidas en cuestión de vivienda, donde han reclamado endurecer la fiscalidad del alquiler turístico o la prohibición de compra de inmuebles que no sean para vivir.
En un escenario de mayorías complejas, desde el Gobierno miran con preocupación a Podemos. La formación, que tiene cuatro votos decisivos, ya fue uno de los elementos que el año pasado el Ejecutivo renunciara a presentar las cuentas, después de que los morados pusieran dos condiciones para sentarse a negociar: la ruptura de todas las relaciones con Israel y la bajada por ley del 40% del precio de la vivienda. La formación llegó a hacer una consulta a sus inscritos el pasado octubre para ratificar sus posiciones, que hacían imposible un voto favorable.
En el último año, los morados han añadido más elementos a su lista de exigencias. Desde Podemos apuntan a dos nuevos asuntos centrales. El primero de ellos es la corrupción, tras la imputación y encarcelamiento preventivo del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Tras estallar este caso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, proclamó que la legislatura «está muerta» y «ha llegado a su fin», reclamando medidas de regeneración.
El segundo asunto es el «rearme,» con el incremento del gasto en defensa tras el compromiso adquirido por Sánchez de alcanzar el 2% del PIB este año. Los morados han centrado en este punto buena parte de la estrategia política de los morados, llegando a condicionar pactos electorales a la cuestión bélica. No descartan a día de hoy lanzar una nueva consulta para volver a reforzar sus posiciones.
Los morados admiten que las relaciones con el Gobierno están congeladas. No hay contactos. Ni para presupuestos ni para otros asuntos. El perfil de oposición que ha venido exhibiendo Podemos ha alejado al máximo las posturas, y en distintas sesiones parlamentarias el propio presidente ha llegado a dirigirse a ellos como un partido más de la oposición.
En los últimos días se esfuerzan en remarcar que sus exigencias son asumibles, pero advierten que no dudarán en rechazar las cuentas. Están convencidos de que un eventual rechazo no les pasará factura, al considerar que tanto la cuestión bélica como la vivienda «generan consenso en toda la izquierda», y el votante no les penalizaría. Ven reforzada su posición en las declaraciones de Pedro Sánchez el lunes en TVE, cuando minimizó la importancia de los presupuestos, asegurando que eran «un instrumento, no un fin», y asegurando que seguiría gobernando aunque no los aprobase. Una declaración de intenciones que, creen en Podemos, les «quita presión» a la hora de dar su apoyo, facilitando así un rechazo que ven a día de hoy muy probable. «El Gobierno no va a caer por ninguna votación, sino cuando a Sánchez le convenga», es la tesis que mantienen dentro de la formación.
Podemos lleva meses centrado en enmarcar sus diferencias con Sumar, al que dibujan como una suerte de extensión con el PSOE. Por eso, en una eventual negociación de presupuestos, deberán cumplir dos objetivos: demostrar su utilidad política con medidas ambiciosas y demostrar que «no hay que aceptar los límites» de los socialistas, «obligándoles» a traspasar sus propias líneas rojas. Para evitar el rechazo a las cuentas, explican, la prueba del algodón del Gobierno es que «hiciera cosas que de ninguna manera haría si no fuera por Podemos». Una posición que dificulta aún más una mayoría, ya que otros socios como Junts o PNV tienen un corte más conservador.
Un voto menos
Pero las dudas sobre los apoyos van más allá de las fronteras de Podemos y comienzan a extenderse en otras formaciones de izquierda, con un Sumar deslavazado y cuyos integrantes remarcan aún más sus posiciones propias. El ejemplo claro es Compromís, ahora fracturado en dos, después de que su diputada Águeda Micó, del partido Més, rompiera con Sumar y fuera al Grupo Mixto, al considerar que Yolanda Díaz hacía seguidismo al PSOE. Sumar tiene así un voto menos que ofrecer al Gobierno.
En este sector de Compromís, representado por Micó, están lejos de garantizar su apoyo a los presupuestos. Avanzan que exigirán una negociación propia al Gobierno y que no lo apoyarán a menos que incluyan la agenda valenciana, con una mayor financiación para su territorio. Advierten además de la falta de sintonía con el Ejecutivo. Después de negar su apoyo a la quita de deuda aprobada por el Gobierno, creen que esta medida era «una oportunidad para negociar» que el Ejecutivo ha dejado pasar y que ahora dificulta cualquier negociación.
Pero la ruptura Compromís no son las únicas turbulencias que afronta la coalición de partidos, que lleva meses deslavazada. La crisis abierta en Sumar por las exigencias de las fuerzas territoriales abrió la veda para que otras formaciones exijan tener más protagonismo en la negociación con el PSOE, complicando aún más unos apoyos ya de por sí complejos.
Sumar, deslavazado
En este contexto, Díaz no puede ahora garantizar el apoyo de los 26 diputados de su grupo parlamentario, puesto que algunos de ellos ponen exigencias propias más allá del acuerdo que alcance Sumar con el PSOE. Las formaciones que han exigido más autonomía a Díaz son Compromís, ahora con un diputado, pero también Més per Balears y Chunta Aragonesista, que tienen pendiente un debate sobre su continuidad en la coalición de Sumar.
Estas fuerzas trasladarán al socio minoritario del Gobierno sus exigencias para que se incluyan en la mesa de negociación. Pero en caso de no incluirse en la versión final, advierten, abrirá una nueva fase donde serán estos propios partidos los que exijan sentarse con el Ministerio de Hacienda para negociar. Y de no incluirse sus exigencias, no dudan en romper la disciplina del voto. Cómo transcurra la negociación con Sumar influirá también en la propia coalición, y podría precipitar futuras rupturas o reunificar a una coalición ahora desunida. Es el caso de Més, que tendrá que votar este otoño si continúa en Sumar o pasa al Grupo Mixto.
En Chunta, su diputado Jorge Pueyo ya advirtió hace unos meses de que no apoyaría las cuentas a menos que incluyera un fondo de compensación de 87 millones de euros para Aragón, además de un paquete de medidas que mejoren su financiación y contemplen un compromiso respecto a infraestructuras. La mejora de la financiación es también una reivindicación del diputado de Compromís que se mantiene en Sumar, Alberto Ibáñez, mientras en Baleares, Més pide pactar con el Gobierno una mejora de la compensación por insularidad, un desarrollo ferroviario en las islas y un compromiso para la inversión en infraestructuras hidráulicas.
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