Carles Puigdemont ha activado el cronómetro. Tras meses avisando de que su relación con el PSOE estaba en la «prórroga«, Junts ha decidido autoimponerse una fecha de caducidad. «Usted está en prórroga, y la prórroga no dura toda la legislatura», avisó la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, el pasado mes de julio. Y, un mes más tarde, Puigdemont añadió un poco más de presión: «En otoño pueden pasar cosas que no han pasado hasta ahora», dijo. Unas advertencias que esta semana han empezado a concretarse, como mínimo dentro de las bambalinas de Junts. Puigdemont comunicó a la cúpula del partido que deberán tomar una decisión sobre la continuidad de su apoyo a Pedro Sánchez este próximo trimestre.
La formación considera que el rédito obtenido a cambio de dar la investidura a Sánchez es demasiado bajo. Y el tiempo apremia. Este otoño se cumplirán dos años de aquel acuerdo, y ya hace nueve meses del primer ultimátum de Puigdemont, es decir, de cuando el líder de Junts exigió al presidente del Gobierno que se sometiera a una moción de confianza. De las tres carpetas que el líder posconvergente puso encima de la mesa, ninguna se ha resuelto de forma completa. El catalán sigue sin ser oficial una lengua oficial en la Unión Europea, la ley para el traspaso de competencias en inmigración no ha empezado la tramitación parlamentaria y la amnistía no ha servido para que Puigdemont pueda regresar a Catalunya sin riesgo de ser detenido.
Sin embargo, de las tres reclamaciones, solo hay una que está -y lo está de forma parcial- en manos de Sánchez. La oficialidad del catalán en la Unió Europa necesita la unanimidad de 27 Estados y el PP ha hecho campaña, a través de sus socios populares, para bloquearlo. Una situación similar a la que atraviesa la ley de inmigración, que no cuenta con el apoyo de Podemos para poder ver la luz verde en el Congreso. Por último, aunque la aplicación efectiva de la amnistía está en manos de los tribunales, Sánchez tiene cierto margen de maniobra. No puede conceder una amnistía judicial a Puigdemont, pero sí puede reunirse con él y reconocerlo como actor político.
«Que se miren a los ojos es importante. […] Sería una forma de decir: aunque haya jueces que no quieren aplicar la amnistía, nosotros hacemos una amnistía política de reconocimiento del president Puigdemont como actor de primera fila», insistió esta semana el secretario general de Junts, Jordi Turull. De momento, el Gobierno sigue dejando en el aire el cuándo y el dónde de una hipotética reunión entre Sánchez y Puigdemont, pero asegura que se producirá. Más aún después de que el president de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, haya dado el primer paso y se haya entrevistado con el jefe de Junts en la delegación del Govern en Bruselas. Illa pidió verse con Puigdemont al regresar de sus vacaciones con Sánchez en Lanzarote, algo que para los posconvergentes no es casual.
El president Salvador Illa alarga la mano al líder de Junts, Carles Puigdemont, el pasado martes en Bruselas / JASPER JACOBS / EUROPA PRESS
En la reunión no se discutió el apoyo de Junts a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la principal herramienta que actualmente tiene Junts encima de la mesa para forzar al PSOE a cumplir los acuerdos pendientes, pero el líder independentista sí aprovechó para avisar a Illa que las relaciones con el PSOE «no van bien». Y también le advirtió de que este trimestre la formación tomaría «una decisión» sobre la continuidad de su apoyo a Pedro Sánchez.
¿Cuál puede ser esta decisión? Oficialmente, desde el partido no quieren desvelar estrategias y aseguran que «no hay nada decidido». Sin embargo, al haber descartado ya sumarse a una moción de censura con PP y Vox, las posibilidades se reducen. Junts podría levantarse de la mesa de negociación con el Gobierno y votar solo en función del contenido de cada propuesta, lo que dificultaría la continuidad de la legislatura pero también restaría peso a Puigdemont. O podría inclinarse por otras opciones más contundentes, como hacer una especie de boicot parlamentario, votando ‘no’ sistemáticamente a todas las iniciativas del Gobierno. De momento, la formación ha empezado una «reflexión» y un «debate interno», a la espera de si hay avances en las negociaciones y de si se produce finalmente la reunión con Sánchez.
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