La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha pronunciado este sábado acerca de la relación institucional entre el Gobierno de España y el de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu. En declaraciones a los medios, Díaz ha adelantado que desde su formación están negociando medidas contra Israel junto con el PSOE con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros del próximo martes.
Al respecto, la dirigente de Sumar ha preguntado: «¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas», ha indicado. Asimismo, Díaz ha instado a romper relaciones con Israel e imponer sanciones a este Gobierno, que ha calificado de «genocida«.
Todo ello se produce después de que este pasado jueves Sumar solicitara al ala socialista del Gobierno la aplicación de sanciones al primer ministro de Israel, así como a los ministros de su gobierno Israel Katz, Itamar Ben Gvir y Bezalel Yoel Smotrich. En concreto, desde la formación de Díaz exigen que todos ellos sean declaradas personas ‘non grata’ y que se les impida en su caso la entrada al país «por su incitación al odio, a la hambruna forzada y la limpieza étnica» del pueblo palestino.
En líneas similares, desde Sumar han solicitado también al PSOE que el Gobierno suscriba la Declaración del ‘Grupo de La Haya’ suscrita por diversos países y adquirir el «compromiso formal» de aplicar plenamente sus medidas legales y diplomáticas de defensa del derecho internacional y solidaridad con el pueblo palestino. Asimismo, urge al PSOE a la aprobación inmediata de la proposición de ley para formalizar el embargo a la compraventa de armas con Israel, con la obligación de inspeccionar cargamentos que tengan como destino Israel en puertos y aeropuertos.
Con todo ello, desde Sumar defienden que hay que acelerar al máximo la tramitación de esta iniciativa legislativa, o en su defecto aprobar un decreto en el Consejo de Ministros. Paralelo a ello, el socio minoritario de Gobierno reclama impedir el uso de aeropuertos y puertos al tránsito de armas con origen o destino a Israel. Así, insta a excluir a empresas con «vínculos directos o indirectos con la industria militar israelí o con operaciones comerciales y logísticas relacionadas con el conflicto en Gaza» y, de nuevo, reforzar la inspección y vigilancia de buques y aeronaves.
Exclusión de la contratación pública
Al hilo de todo ello, desde Izquierda Unida (IU) han solicitado también este viernes que el Gobierno central introduzca una cláusula en todos los contratos públicos que impida la participación de empresas —nacionales o extranjeras— que “colaboren con la ocupación” israelí de los Territorios Palestinos Ocupados. La propuesta, formalizada el pasado viernes, busca garantizar que los recursos del Estado no se destinen a compañías que, de manera directa o indirecta, apoyen lo que considera una violación del Derecho internacional.
Así, ha pedido a los responsables del Ejecutivo «adoptar las medidas necesarias para incluir en todos los pliegos de contratación pública (ministerios, organismos autónomos, empresas públicas y demás entidades dependientes del Estado) una cláusula que excluya de la participación en licitaciones a empresas nacionales o extranjeras que colaboren, directa o indirectamente, con la ocupación ilegal de los Territorios Palestinos Ocupados».
Según detalla el escrito presentado por IU, la exclusión de estas empresas debería aplicarse a ministerios, organismos autónomos, empresas públicas y cualquier entidad dependiente de la Administración. La medida se extendería también a aquellas compañías relacionadas con actos que puedan ser considerados como genocidio, en línea con las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y con la opinión consultiva emitida el 19 de julio de 2024, que declaró ilegal la ocupación de Palestina.
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