El Gobierno intentó aprovechar el ‘macrodecreto’ con medidas energéticas tras el gran apagón para lanzar un balón de oxígeno al sector de las renovables. El Ejecutivo incluyó en la norma aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio una reforma legal para salvar decenas de plantas solares y eólicas que estaban en riesgo por no llegar a tiempo para cumplir los plazos obligatorios para estar funcionando.
El real decreto ley no fue convalidado por el Congreso (con los votos en contra de PP, Vox, Podemos y Junts) y la nueva regulación decayó. Pero algunos promotores de plantas renovables aprovecharon el mes en que de facto el decreto estuvo formalmente en vigor para ejecutar una maniobra exprés y conseguir prórrogas para poner en marcha sus proyectos, y cuya legalidad ahora el Gobierno avala plenamente.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, atendió el SOS del sector renovable y otorgó un plazo adicional de hasta tres años para los proyectos en riesgo de perderse, concediendo una flexibilización generalizada de los plazos de todas las plantas obligadas por ley a cumplir hitos temporales para no perder el cotizadísimo derecho de acceso a la red eléctrica. Con la no convalidación del real decreto ley, los proyectos renovables ya no pueden beneficiarse de la reforma. Pero algunas empresas renovables fueron rápidas para acogerse a las prórrogas antes de que la norma decayera.
Durante el mes en que estuvo en vigor el real decreto ley, hubo promotores de instalaciones renovables que solicitaron al Ministerio (las de mayor tamaño, de más de 50 megavatios de potencia) o a las comunidades autónomas (las que están por debajo de ese límite) prórrogas extra y cambiaron la fecha prevista en que prevén culminar los proyectos durante los próximos años.
Muchos de ellos consiguieron en esas semanas la aprobación por parte de las Administraciones de esas solicitudes y el Gobierno avala que los nuevos plazos obtenidos se mantendrán pese a la caída del decreto, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes ministeriales, que tratan de acabar con la incertidumbre que cundía en el sector energético en las últimas semanas.
Problemas en algunas CCAA
El Ministerio para la Transición Ecológica asegura que atendió todas las peticiones de cambio de fecha de puesta en funcionamiento presentadas por las empresas energéticas mientras el real decreto estuvo en vigor, correspondientes al 10% de todos los expedientes verdes tramitados por el Gobierno central por ser los de mayor tamaño. La inmensa mayoría de los proyectos que estuvieron rápidos y solicitaron los nuevos plazos corresponden a futuras plantas fotovoltaicas, y una minoría a parques eólicos.
El departamento comandado por Sara Aagesen no detalla cuántos proyectos se han beneficiado de la maniobra exprés para ganar más tiempo, pero previsiblemente se trata de varias decenas de plantas con inversiones millonarias previstas, dado que en fases previas de la tramitación el Ministerio ha dado el visto bueno a cerca de 300 proyectos con inversiones vinculadas de 17.000 millones de euros en total.
Fuentes del sector renovable apuntan a que la mayoría de las comunidades autónomas también han aprobado con celeridad las prórrogas solicitadas para proyectos de menor tamaño, pero se quejan de que algunas administraciones regionales no tramitaron a tiempo las peticiones y esos proyectos han perdido el derecho de acceso a la red.
Un breve balón de oxígeno
El Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley y entró en vigor el 24 de junio, tan sólo un día antes de que expirara el plazo legal para que varias decenas de proyectos entraran en funcionamiento para no perder el derecho de conexión a la red eléctrica y evitar tener que volver a la casilla de salida de un proceso burocrático de varios años. El Ejecutivo lanzaba así una tabla de salvación para esos proyectos en riesgo inminente, y se les dio un plazo extra para comunicar el semestre en que podrían estar en marcha antes de mediados de 2028.
Y el Gobierno también dio un balón de oxígeno al resto de proyectos renovables cuyo plazo expiraba más adelante, permitiendo también que cambiaran el semestre de los próximos años en que habían notificado para entrar en funcionamiento y pudiendo elegir una nueva fecha. Parte de estos proyectos también aprovecharon el mes de vigencia del real decreto ley y han podido ampliar los plazos para estar operativos, según confirmen fuentes gubernamentales y del sector energético.
Tras la derrota parlamentaria que tumbó el real decreto ley, el Gobierno ha activado un atajo para salvar parte de las medidas que decayeron sin tener que volver a pasar por el Congreso de los Diputados. El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha iniciado la tramitación de un real decreto (no un real decreto ley) en el que ha incluido reformas que no necesitan estar incluidas en una norma con rango legal y así sólo tener que aprobarlas en el Consejo de Ministros, sin requerir el apoyo mayoritario de las Cortes. Entre las medidas incluidas en el nuevo texto no se encuentra la reforma de los plazos de los hitos de los proyectos renovables, que previsiblemente volverá a incluirse en una norma con rango de ley con otras medidas para intentar sacarlas adelante en el Congreso.
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