El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Marchena será el ponente que deberá decidir si admite el recurso de casación que presentó el exvicepresidente del Gobierno del PP Rodrigo Rato contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de condenarle a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel como responsable de la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. El expresidente de la Sala de lo Penal tendrá que determinar si el recurso del que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene interés casacional, es decir, si se considera la posible existencia de un error jurídico en la sentencia.
Rato presentó en abril un recurso de casación en el que aseguraba, entre otras cosas, que los correos electrónicos dirigidos al exministro del PP Cristóbal Montoro, que está imputado por el juez de Tarragona Rubén Rus Vela por entre otros delitos los de organización criminal, tráfico de influencias y prevaricación, acreditan que la causa judicial que se le abrió sobre su patrimonio «no tenía un fundamento jurídico, sino político», según adelantó EL PERIÓDICO.
El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena. / Roca
También recurrieron la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid otros de los condenados: el que fuera asesor fiscal de Rato Domingo Plazas y el empresario Alberto Portuondo; pero también Anticorrupción, cuya responsable en el juicio fue la fiscal Elena Lorente y no estaba de acuerdo con el fallo.
El análisis sobre la relevancia del recurso de casación se lleva a cabo mientras la defensa Rodrigo Rato ha recurrido el auto por el que el juez de Tarragona Rubén Rus Vela, que investiga a Cristóbal Montoro por presunto tráfico de influencias para beneficiar a empresas de gases industriales, no ve delito en que el que fuera responsable de Hacienda con el PP tuviera acceso a información tributaria de particulares, entre ellos rivales políticos, pero también el propio exvicepresidente del Gobierno.
En concreto, tal y como avanzó EL PERIÓDICO en exclusiva, el primer mensaje que alude a Rato lo envió el 21 de enero de 2015 -cuatro meses antes de que fuera detenido el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)- el entonces jefe de gabinete de Montoro en Hacienda, Felipe Martínez Rico, quien relata que el jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quería hablar con él sobre la «situación fiscal de Rato»: «Tienen ahora indicios de que está procediendo a alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro”, explica este alto cargo, que finaliza el mensaje destacando que esta y otras informaciones podían comentarse «el jueves después del comité de dirección (es muy tarde, no sé si es oportuno), o después del CM [Consejo de Ministros] del viernes (que creo que es más apropiado). Como prefieras», especifica el mencionado email.
Revelación de secretos
Según el recurso de casación de Rato, la causa del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha incorporado evidencias de hechos que presentan caracteres de delitos de revelación de secretos cometidos por funcionarios y autoridades públicas, y que «obligan a incorporar ese objeto de investigación a los fines de su esclarecimiento y de la determinación de sus autores responsables».
Sin embargo, el magistrado de Tarragona niega la existencia de delito alguno en los correos en los que Montoro accedía a información fiscal de políticos y personajes públicos, al entender que como ministro de Hacienda le correspondía «la superior dirección de la Secretaría de Estado que dirige la Agencia Tributaria». Y como tal estaba «plenamente autorizado para conocer del contenido de las actuaciones de la Agencia Tributaria, por lo que el hecho de que sea informado sobre tales actuaciones forma parte de las funciones que tiene atribuidas».
Alejandro Luzón
La decisión del juez Rus Vela coincide con la posición mantenida por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en su discrepancia con una de las fiscales del caso, Carmen García Cerdá, partidaria de investigar estos emails.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona mantiene imputado desde el 16 de diciembre de 2021 a Montoro para determinar si integrantes del despacho Equipo Económico, -que fundó el propio exministro en 2006-, usaron sus influencias en Gobiernos del PP en beneficio de sus clientes, según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, adelantado por esta redacción.
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