Como en las imágenes en blanco y negro del vídeo sobre el ataque letal que Estados Unidos lanzó el martes en aguas del Caribe sobre una supuesta narcolancha venezolana, provocando la muerte de 11 personas, no está nada clara la autoridad legal del gobierno de Donad Trump para emprender semejante acción militar. Lo que sí es cristalino es el mensaje que el presidente estadounidense lanza: está dispuesto a seguir empujando el uso de fuerzas armadas para labores policiales, algo que ya ha hecho dentro de EEUU con despliegues en la frontera y en ciudades.
Trump también se muestra dispuesto a escalar su lucha contra narcotráfico y bandas incluso fuera de sus fronteras, una de las cosas que quiso y no pudo hacer en su primer mandato, convirtió en promesa central en su última campaña presidencial y acaba de volver realidad.
Desde que anunció por sorpresa el ataque, ni Trump ni su gobierno han dado demasiados detalles de la operación ni, tampoco, de los argumentos legales sobre los que la sustentan. Pero se enmarca en una directiva que Trump firmó en julio, de la que informó ‘The New York Times’ pero que aún no se ha hecho oficialmente pública, en la que ha dado instrucciones al Pentágono de empezar a usar fuerza militar contra bandas y carteles de droga que su Administración ha clasificado como organizaciones terroristas.
Ya el primer día de su segunda presidencia Trump firmó una orden ejecutiva para hacer esa clasificación. En marzo, después de otra orden ejecutiva, el secretario de Estado, Marco Rubio, designó a varios grupos como una “amenaza de seguridad nacional más allá de la que presenta el tradicional crimen organizado”. Entre ellos estaba Tren de Aragua (banda de la que la Administración dice que formaban parte los 11 ocupantes de la lancha), la Mara Salvatrucha y seis carteles mexicanos.
Han sumado luego otras organizaciones como algunas bandas violentas de Haití y el Cartel de los Soles, organización que dicen dirigida por Nicolás Maduro y otros líderes del gobierno de Caracas. Washington también ha subido a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve al arresto de Maduro, imputado con cargos de tráfico de drogas.
Leyes internacionales y nacionales
Los interrogantes legales sobre el ataque del martes son numerosos. La ley Posse Comitatus de 1878 limita el uso de las fuerzas armadas de EEUU en operaciones policiales o de ley y orden salvo en contadas excepciones. Además, la ley estadounidense prohíbe los “asesinatos selectivos” y el Congreso debe dar autorización para hacer excepciones en esa prohibición y matar a civiles que no representan una “amenaza inminente”.
El cumplimiento de la legislación internacional y de las leyes de guerra en la operación del martes es también cuestionable. Hay preguntas sobre si se dio a los ocupantes de la lancha de cuatro motores la opción de rendirse antes de que se lanzara el ataque desde el aire (desde un helicóptero de ataque o un dron MQ-9 Reaper). Y hay interrogantes sobre qué base legal se atribuye Washington para realizar operaciones militares contra cárteles en aguas y suelo extranjero sin consentimiento de los países afectados, aunque la operación del martes supuestamente sucedió en aguas internacionales, donde algunos límites podrían no aplicar. (Ya en abril Trump propuso a Claudia Sheinbaum que permitiera al Ejército de EEUU luchar contra carteles en suelo mexicano pero la presidenta lo rechazó).
Antecedentes
EEUU no es un país ajeno a violaciones de las leyes en su lucha contra las drogas y numerosos casos en el pasado han mostrado la disposición a hacerlo. Por ejemplo, cuando en 1989 se enviaron 20.000 tropas a Panamá para arrestar Manuel Noriega, imputado en EEUU por narcotráfico, y se escribió un memorando legal donde Washington se arrogaba autoridad para arrestar fugitivos en extranjero sin consentimiento de otros países, Naciones Unidas condenó la invasión como una “flagrante violación del derecho internacional”.
Durante décadas, no obstante, se han mantenido prácticas habituales y lo normal en la lucha internacional contra el narcotráfico por vía marítima, por ejemplo, ha sido que la Marina estadounidense interceptara en aguas internacionales cualquier embarcación sospechosa y la abordara. Normalmente se hacía con un oficial de la Guardia Costera a cargo para invocar la autoridad para aplicar la ley.
“Amenaza inminente”
La Administración Trump claramente está buscando apoyarse en el argumento de que la lancha atacada representaba una “amenaza inminente” para EEUU y es lo que públicamente ha dicho, por ejemplo, Rubio. Pero fue el propio secretario de Estado el que alimentó dudas sobre la inmediatez de esa amenaza. Inicialmente dijo que la lancha se dirigía hacia Trinidad y Tobago, contradiciendo la versión de Trump, y para el miércoles había cambiado el discurso y también afirmaba que se dirigía a EEUU.
El gobierno ha dado indicaciones de que no piensa frenar en este enfoque. Lo ha dicho Trump, lo ha dicho Rubio y lo ha dicho el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que en febrero despidió a los principales abogados del Pentágono que se supone que dan asesoría independiente y no política sobre las leyes internacionales de guerra y sobre los límites legales nacionales que constriñen a las Fuerzas Armadas.
De lo que no cabe duda, además, es de que Washington intenta enviar un mensaje ejemplarizante y de fuerza sin que la principal preocupación en su empeño sea la legalidad. “Lo que los detendrá es cuando los haces saltar por los aires, cuando te deshaces de ellos”, dijo Rubio el miércoles en México.
Denuncia de Venezuela
Desde el gobierno de Venezuela se ha denunciado que el gobierno de Trump ha incurrido en graves violaciones legales con la operación, informa Abel Gilbert. Durante su programa “Con El Mazo Dando” Diosdado Cabello, el número dos de Maduro, enfatizó que la acción de Washington contraviene principios fundamentales del derecho internacional y el derecho a la vida, al no capturar, detener y juzgar a los ciudadanos a bordo.
Siguiendo esta línea, enumeró tratados multilaterales vulnerados, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) y la Convención de Viena de 1988 sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, así como el artículo 51 de la Carta de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, señaló contradicciones con la propia legislación estadounidense, como la Maritime Drug Law Enforcement Act y la 5ª Enmienda de la Constitución de EEUU, que consagra el debido proceso.
Ante esta supuesta campaña de lucha contra las drogas que promueve el Gobierno estadounidense, Cabello cuestionó su efectividad y afirmó: “nosotros nunca hemos visto que acaban con un cartel de drogas en Estados Unidos“.
