Más de un millón de estudiantes que están haciendo o harán prácticas a lo largo del año arrancan otro curso académico sin las mejoras contempladas en el Estatuto del Becario. El pasado 15 de junio de 2023, es decir, hace más de dos años, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pactó con los sindicatos obligar a las empresas a pagar el transporte y el material a los estudiantes que acogieran en prácticas, así como garantizar más horas de tutorías por alumno y mayores sanciones en caso de incumplimiento, entre otros. Un pacto, no obstante, que no ha llegado hasta ahora al Boletín Oficial del Estado (BOE) y que «previsiblemente se llevará al Consejo de Ministro durante lo que queda del mes de septiembre», afirmó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante la rueda de prensa de los últimos datos del paro.
Un total de 1,15 millones de estudiantes –ya fueren de formación profesional o universitarios– realizaron prácticas y cotizaron por ellas durante el pasado curso académico, según datos facilitados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social a petición de EL PERIÓDICO. De estos, 170.393 estudiaban en Catalunya. El año pasado todos los becarios estuvieron dados de alta en la Seguridad Social, realizarán prácticas remuneradas o sin remunerar.
Una novedad reivindicada históricamente por las organizaciones estudiantiles que permite a los jóvenes empezar a llenar su particular cuenta de cotizaciones de cara a futuras prestaciones. A esa cotización obligatoria se opusieron tanto universidades públicas como privadas –las principales empleadoras de becarios en España-, así como la patronal CEOE. El Gobierno, no obstante, no completó ese nuevo escudo social con las promesas pactadas con los sindicatos –y a las que también se opuso la patronal-. El adelanto electoral en 2023 y las reticencias del PSOE, frente al entusiasmo de Sumar, retrasaron la medida. «Está ya adecuadamente pacificada en el interior del Gobierno para que pueda ver la luz cuanto antes», explicó el ‘número 2’ de Yolanda Díaz.
Abono transporte
El principal beneficio contemplado para los estudiantes es el abono del transporte. A día de hoy los estudiantes que hacen prácticas suelen pagarse de su bolsillo el desplazamiento hasta el centro de trabajo. En cuanto entre en vigor el Estatuto, deberán ser las empresas, vía pago en metálico, vía especies, las que asuman este coste.
Otro elemento que incorpora el Estatuto es un mayor control a las empresas que pretendan abusar de la figura del becario como “trabajador low cost”. Por un lado, limita el número de horas que un estudiante puede hacer a lo largo del año. El tope máximo estará en 480 horas al año o el tiempo equivalente al 25% de los créditos que el alumno fuera a realizar durante un curso. Por el otro, establece un tope de número de becarios dentro de una empresa. Estos no podrán superar el 20% de la plantilla, lo que persigue frenar que determinadas compañías apuntalen posiciones básicas con estudiantes y se ahorren así una nómina de trabajador.
Además, en caso de incumplimiento, el texto supondrá un incremento de las sanciones a las empresas incumplidoras, que en su grado máximo deberán pagar multas de hasta 225.018 euros por suplantar trabajadores con becarios.
Entrada en vigor incierta
La entrada en vigor de estas novedades es todavía muy incierta. Primero el Ministerio de Trabajo deberá elevar en primera vuelta a Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de la medida. Algo para lo que no hay fecha todavía fijada, por más que Trabajo confía en hacerlo antes de que acabe septiembre. Luego deberá superar una serie de plazos legales y volver a aprobarse en Consejo de Ministros, para ya derivarse al Congreso.
Allí deberá sumar las mayorías necesarias, algo que la actual aritmética no facilita. De hecho, formaciones como PNV y EH Bildu –claves en la mayoría parlamentaria del Gobierno- han mostrado hasta ahora claras reticencias a apoyar el texto pactado entre Trabajo y los sindicatos debido a la influencia de centros de estudios y fundaciones privadas en Euskadi que tienen mueven a muchos estudiantes en prácticas a lo largo del año.
Esas resistencias parlamentarias abren la puerta a modificaciones respecto a la norma pactada entre Yolanda Díaz y las centrales. También queda por ver si el texto final, de prosperar, acaba incorporando algún periodo de adaptación. Todo ello dificulta que este curso entre en vigor.
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