Sumar eleva la presión dentro del Gobierno para que España lidere una ofensiva diplomática contra Israel, con una serie de medidas y sanciones que incluyen la declaración de Benjamin Netanyahu como persona ‘non grata’, además de la prohibición de pisar suelo español. Los cinco ministros del ala minoritaria de la coalición trasladarán formalmente al PSOE esta petición, en un intento por marcar el paso a Pedro Sánchez y abrir un nuevo capítulo en las relaciones internacionales con Israel después de casi dos años de conflicto en Palestina que se ha saldado con 64.000 víctimas gazatíes. «Solo una reacción fuerte y decidida de la comunidad internacional puede poner fin a la barbarie que sufre el pueblo palestino», defienden.
El ala liderada por Yolanda Díaz lleva meses reclamando al PSOE más dureza sobre Israel para liderar la ofensiva internacional sobre el país, y ahora serán sus máximos representantes en el Gobierno quienes soliciten formalmente «sanciones concretas e inmediatas» tras lo que consideran un «genocidio». Piden además celeridad en la aplicación de estas medidas, apuntando a que la mayoría de ellas «dependen exclusivamente del Gobierno y, por tanto, pueden ser aplicadas de manera inmediata«. En los próximos días se trasladará esa petición formal, con medidas que en muchos casos ya han defendido, como la llamada a consultas y la retirada de la embajadora israelí o la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, impidiendo también el «acceso a contratos» con la administración pública por parte de empresas israelíes vinculadas a la logística en el traslado de material militar a Israel, además de prohibir el uso de aeropuertos y puertos españoles para el tránsito de este material con origen o destino a Israel.
Entre ellas destaca la petición de sanciones a Benjamin Netanyahu, pero también a al ministro de Defensa Israel Katz, el exministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir y el ministro de Finanzas israelí Bezalel Yoel Smotrich. Entre ellas está la declaración de personas non gratas y la prohibición de que puedan entrar en España, por «su incitación al genocidio, la hambruna forzada y la limpieza étnica».
Piden entre otras cosas suscribir la Declaración del Grupo de La Haya y adquirir el compromiso formal de aplicar plenamente sus medidas. Este grupo, liderado por los presidentes de Colombia y Sudáfrica, suscribió en julio una declaración para tomar acciones diplomáticas y comerciales contra Israel, pero sólo doce estados —Bolivia, Colombia, Cuba, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas y Sudáfrica— se comprometieron a aplicarlo de manera inmediata. Fijaron el 20 de septiembre, coincidiendo con la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, como fecha para que otros Estados se unieran a ellos.Sumar reclama ahora ser el primer país de la Unión Europea en unirse a esta entente.
Otra de las peticiones es aprobar de forma inmediata la Ley de embargo de armas o, «en su defecto, un real decreto ley». El pasado mayo, el Congreso admitió a trámite la ley de Sumar para el embargo de armas a Israel, una propuesta que incluía estas prohibiciones así como la compra o venta de material con origen israelí. La medida generó cierta división en el seno del Gobierno, al presentar el PSOE y el Ministerio de Defensa ciertas dudas sobre la medida, al considerar que su aplicación podía comprometer la seguridad nacional en caso de prescindir de la tecnología israelí, clave para los servicios de inteligencia. La ministra Robles apuntó entonces a las «dificultades técnicas» para materializar la norma, aunque dijo compartir el sentido político de la norma. El PSOE votó finalmente a favor.
A mediados de julio, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez se comprometieron a impulsar la tramitación de la ley, que debe debatirse en Comisión de Defensa del Congreso para introducir enmiendas y aprobar el texto definitivo, que deberá aprobarse después en el Congreso. El objetivo era entonces que la aprobación definitiva tuviera lugar en septiembre. Un objetivo compartido que Sumar pide ahora «acelerar al máximo».
La norma modificaba la Ley 53/2007 sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, introduciendo la figura del embargo y su régimen jurídico, con la obligación de embargar material militar y de doble uso cuando se inicie un procedimiento contra un Estado por genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra ante un tribunal internacional. Además, la norma establece la obligación de inspección y vigilancia de puertos marítimos y aeropuertos de cargamentos que estén destinados o procedan de un Estado afectado por el embargo.
En su lista de exigencias, añaden vetar contratos con la administración pública a «empresas con vínculos directos o indirectos con la industria militar israelí o con operaciones comerciales y logísticas relacionadas con el conflicto en Gaza» y su exclusión del Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior (REOCE), «que es esencial para poder solicitar la autorización para las operaciones» internacionales, señalan fuentes de Sumar.
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