Ante la «crisis histórica» de incendios que ha vivido España este verano, con más de 400.000 hectáreas de masa forestal ardiendo, una sesentena de expertos han participado este jueves, reunidos en Madrid por la Fundación Pau Costa, en una jornada para abordar la problemática de los nuevos megaincendios y lanzar sus propuestas para una estrategia que permita prevenir y gestionar grandes fuegos. Uno de los los elementos que se han puestos sobre la mesa es el hecho de que gestionar el 1% de la masa forestal que hay en el país costaría mil millones de euros al año. Y, entre las propuestas más urgentes; la de velar por el mundo rural. Para los municipios rurales, los expertos han planteado una bajada de impuestos para evitar la despoblación y asegurar así la actividad agrícola y ramadera.
Además de esa inyección de recursos al medio rural, la sesentena de expertos han señalado como claves para prevenir incendios la coordinación entre administraciones, la identificación de las zonas de mayor riesgo, el estudio de la evolución de la tipología de fuego por el cambio climático, una mayor educación y divulgación y una menor burocracia. Estos elementos, han coincido, son fundamentales para prevenir y actuar con más prontitud «ante la realidad que nos viene, con fenómenos cada vez más extremos«, causados por el cambio climático, y «que han venido para quedarse».
«No estamos viviendo los incendios de hace décadas; son más frecuentes, más intensos y de más difícil control»
«No estamos viviendo los incendios de hace décadas; los de ahora son más frecuentes, más intensos y de más difícil control», ha incidido Luis Berbiela, ingeniero de Montes y miembro del Patronato de la Fundación Pau Costa, ante el drástico aumento de las temperaturas, que han hecho que se intensifiquen los efectos del fuego y con ello las labores de extinción se compliquen.
Entre los objetivos a corto plazo, los expertos, ingenieros y profesores entre ellos, han apuntado que habría que destinar mil millones de euros al año para la gestión del 1% de paisaje forestal a nivel nacional. Es decir, trabajar en alrededor de 260.000 hectáreas anuales para tener un territorio preparado para hacer frente a los incendios, «generando oportunidades» a los dispositivos de extinción.
Este 1% demuestra que actuar en todo el territorio español arbolado es imposible económicamente y técnicamente
Este 1% demuestra que actuar en todo el territorio español arbolado es imposible económicamente y técnicamente. En muchas zonas, el fuego seguirá siendo parte de los ecosistemas mediterráneos. No obstante, los expertos sí ven margen para actuar en estos puntos clave, «de oportunidad», para frenar fuegos y en las zonas cercanas a las urbanizaciones o las áreas habitadas, para proteger bienes y personas.
En 2019, se gastaron 600 millones de euros sólo en tareas de extinción, de acuerdo a los datos del Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas, más de la mitad de estos mil millones que, según la Fundación Pau Costa, deben llegar capilarmente a diferentes lugares. «Hay que preparar escenarios futuros de prevención», ha destacado Juan Picos, ingeniero de Montes y profesor de la Universidad de Vigo.
Varios bomberos observan la evolución del fuego en el incendio forestal en La Baña (Castilla y León). / Carlos Castro – Europa Press
«Con ese presupuesto», ha añadido Berbiela, «hay que garantizar que no queden núcleos rurales sin proteger», facilitando sistemas de autoprotección y una catalogación de las «zonas estratégicas de extinción», con «formación, acreditación y capacitación» de cada puesto de trabajo, para evitar, como ha ocurrido este año, que sean los propios habitantes de los pueblos los que luchen en solitario contra las llamas con lo que tengan a mano (mangueras, batefuegos, tractores…).
Generar pueblos vivos
Otra de las propuestas planteadas ha sido la de generar «pueblos vivos» para ayudar así a crear empleo rural, «con un sector primario medioambientalmente sostenible, fomentando el consumo de productos locales y la puesta en valor de los productos forestales (madereros y no madereros)».
Una de las medidas para lograrlo sería la disminución de la presión fiscal para habitantes y gestores del mundo rural, con el fin de evitar una despoblación que desprotege los bosques. «Tenemos una gran decisión por delante: debemos elegir si queremos bosques o queremos atravesar carbón», ha descrito Corella. «Hay que generar comunidades mas resilientes, para ello hace falta formación y educación», ha añadido Ferran Dalmau, ingeniero de Montes y director de Medi XXI GSA.
Los expertos plantean reducir la fiscalidad en las zonas rurales para evitar la despoblación y fomentar «pueblos vivos»
«La masa forestal es casi la mitad de nuestro país, por lo que hay dimensionar su magnitud e invertir más recursos. Somos el país europeo con mas superficie de diversidad forestal», ha recordado Arantza Pérez, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
Otra de las propuestas puestas sobre la mesa es que la gestión del territorio se haga en función de la particularidad y riesgos de cada situación, «fomentando la heterogeneidad del paisaje y promoviendo la conservación de la naturaleza» con el apoyo de la selvicultura, el uso del fuego y «la herbivoría (doméstica y salvaje)», entre otras.
Las quemas controladas y la ganadería son fundamentales para reducir la biomasa
Al hilo de esto, Barbiela ha recordado cómo en su día las quemas controladas en el Parque Nacional de Doñana ayudaron a regenerar el hábitat, reduciendo la biomasa, y a la proliferación de animales en peligro de extinción, como el lince ibérico. «Como dicen en Castilla, el fuego es buen siervo, pero mal amo», ha resumido.
Menos burocracia, más coordinación entre administraciones y más educación; otras recetas para frenar los fuegos
Por su parte, Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales, ha apuntasdo que «nuestros ganados sufren una legislación que no entiende su realidad; el pasto bajo arbolado no se considera admisible en la PAC (Política Agraria Común)», lo que hace que el territorio esté «colapsado» de una biomasa que ante el fuego actúa como el peor combustible.
Asimismo, ingenieros y conservacionistas han recordado que es «prioritario» planificar, ejecutar y mantener «el 100% de las infraestructuras de protección en las zonas de interfaz urbano-forestales de España a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos/as». «Es que la planificación nos permite hacer la prevención dónde se debe y no dónde se puede; tenerlo todo pensado», ha zanjado Picos.
Acuerdo entre administraciones
Los expertos han incidido en que «no hay que perder más tiempo» y hay que «convertir las propuestas en políticas públicas«, ya que está en juego la «seguridad, la salud y el patrimonio cultural y natural», por lo que han instado a los partidos políticos a alcanzar un Pacto de Estado para mitigar «estas tragedias» que tienen lugar en el entorno natural. Pacto de Estado que Pedro Sánchez ya formuló el pasado agosto, en plena ola de incendios, pero que ha topado con el portazo del PP.
En ese sentido, durante la ponencia se ha incidido mucho en la necesidad del acuerdo entre administraciones, planteando incluso un órgano director que «sirva de paraguas» en situaciones de incendios. También han resaltado la importancia de la educación a la ciudadanía para que sepa que es «corresponsable» en el asunto, en referencia al alto número de fuegos que se originan por imprudencias (el 69% se produce por accidentes o negligencias).
Por último, Mónica Parrilla de Diego, ingeniera forestal, responsable de las campañas de incendios forestales en Greenpeace España, ha recordado que el cambio climático «no origina los incendios, sino que los agrava» y, según estudios, hará que en los próximos años aumenten un 40% los incendios originados por rayos [en Castilla y León, según el Seprona, el 60% de los fuegos este verano ya se originaron durante tormentas eléctricas].
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