El caso Begoña se reanuda con la llegada de septiembre. Y estrecha el cerco sobre la principal investigada de la causa.
El instructor de este procedimiento, el juez Juan Carlos Peinado, ha solicitado a Moncloa todos los correos electrónicos, recibidos y enviados desde 2018 hasta hoy, de la cuenta corporativa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Una vez los reciba, el magistrado los entregará a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su análisis.
Peinado investiga, entre otros asuntos, si Gómez se valió de recursos públicos para beneficiar sus negocios.
Por ejemplo, a través de su asesora pagada con fondos públicos, la también investigada Cristina Álvarez, quien hizo gestiones en favor de los proyectos privados de la mujer de Sánchez.
Asimismo, este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, del que es titular Peinado, entregó a las defensas y las acusaciones del caso Begoña una copia del último escrito remitido por Deloitte al instructor.
En este documento, de tan sólo un folio, la consultora contesta a la petición que le formuló Peinado.
¿Cuál? Que la compañía aportase «los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales» del software desarrollado para la cátedra que co-dirigió Begoña Gómez.
Sin embargo, Deloitte, pese a que cobró un total de 75.500 euros de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por su participación en este proyecto, asegura que nunca tuvo acceso a esta herramienta.
El informe remitida por Deloitte al juez.
E. E.
De hecho, sostiene que su rol se limitó a dar «asistencia» y «soporte» a la oficina que coordinó los diversos trabajos destinados al desarrollo de esta aplicación.
EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la compañía, a fin de conocer en qué consistieron las labores de «asesoramiento» y «soporte» que Deloitte sí admite.
En respuesta a este periódico, un portavoz de la consultora opta por ceñirse «a la documentación remitida al Juzgado», sin aportar ningún detalle extra al respecto. El escueto escrito enviado a Peinado tampoco aclara las funciones concretas.
La cátedra de Begoña
Los contratos entre la UCM y Deloitte formaron parte de las colaboraciones entre la universidad y ciertas empresas privadas para impulsar la cátedra co-dirigida por Gómez.
Este proyecto académico echó a andar en 2018 con el objetivo de fomentar estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social en el ámbito empresarial.
De hecho, el software ofrecía a pequeñas y medianas empresas (pymes) la posibilidad de analizar si cumplían los requisitos de estos ámbitos y adecuarse a los estándares al respecto.
Deloitte —fuese cual fuese su concreta función, ya que asegura que no tuvo «contacto directo» con el software— participó en la fase final de la creación de dicha herramienta.
Recibió dos adjudicaciones por parte de la UCM: un contrato menor, en 2022, de 14.999 euros, y otro, en 2023, de 60.500 euros. Ambos suman un total de 75.499 euros, desembolsados por la universidad pública.
Como el propio rector de la Complutense admitió ante el juez, Deloitte tenía la encomienda de «adaptar la plataforma informática a los fines de la cátedra».
Apropiación indebida
Las bases del contrato de mayor cuantía fueron supervisadas y rubricadas por Begoña Gómez. Por ello, la asociación Hazte Oír, acusación popular en esta causa, se querelló contra la esposa de Sánchez por «intrusismo profesional».
También, por el supuesto delito de apropiación indebida. La organización acusa a Gómez de haberse beneficiado para sí misma de la herramienta, algo que Peinado investiga.
La web de una empresa unipersonal propiedad de la esposa de Sánchez ofreció —gratuitamente— una aplicación similar, con la misma función y también dirigida a las pymes.
Por su parte, la defensa de Gómez sostiene que la herramienta fue registrada conforme a las directrices que le trasladó la UCM. Según defiende su abogado, ese fue el motivo por el que Begoña inscribió la herramienta a su nombre.
El letrado Antonio Camacho asegura que su clienta jamás tuvo ánimo de lucro ni trató de quedarse con la aplicación para su propio beneficio y que firmó el pliego de las bases por orden de la universidad.
Asimismo, Gómez defendió ante el juez que registró en la Oficina de Patentes y Marcas el término Transformación Social Competitiva al tratarse de un concepto inédito en España y que su cátedra desarrollaba de forma pionera.
El ‘software’ y las empresas
Hubo importantes empresas que, en vez de cobrar por su participación en el software, aportaron dinero para su financiación.
Google invirtió 110.000 euros para el desarrollo de la herramienta, mientras que Indra realizó una aportación de 128.442 euros, según informaron al juez ambas compañías.
Telefónica, por su parte, cifra en 55.000 euros el coste de sus labores en favor de este proyecto tecnológico.
El 22 de enero, un representante legal de esta empresa testificó que la compañía brindó servicios con intención de beneficiar a la UCM, sin conocer que, después, la herramienta acabaría siendo ofrecida en la web de Transforma TSC SL, sociedad unipersonal propiedad de la esposa de Sánchez.
En un escrito, la Complutense se le quejó a Peinado de que esta mercantil fue registrada, en diciembre de 2023, sin su «consentimiento» ni «participación».
De hecho, a juicio de la UCM, «por su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y los promotores (…) de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva».
Los ‘e-mails’
A través del análisis de los e-mails de Gómez desde el año 2018, Peinado también pretende investigar si Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, cometió algún delito al desempeñarse en favor de los negocios privados de la mujer de Sánchez.
Principalmente, en lo referido a la cátedra y su software. EL ESPAÑOL publicó varios correos electrónicos, firmados por esta asistente, que demuestran que, cuando menos, excedió sus funciones.
Intercedió, en nombre de Begoña, para que Reale Seguros siguiera siendo patrono de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva y, con ello, continuase aportando fondos.
Otros e-mails —con el correo corporativo de la UCM que tenía Gómez incluido como destinatario en copia— evidencian que Álvarez hizo gestiones con la universidad relativas al registro del software.
Sobre este asunto, las versiones de la Complutense y de Begoña Gómez chocan.
El centro sostiene que ese trámite nunca se completó según lo previsto; que la herramienta nunca acabó inscrita como propiedad pública, sino que acabó alojada en un entorno privado.
Por ello, la UCM no se hizo cargo de determinados gastos, como los derivados del dominio de la web transformatsc.org, la que acabó ofreciendo gratis la herramienta. Esta página ya no está activa.
