¿Debe acudir Álvaro García Ortiz al acto solemne de apertura del año judicial que se celebra este viernes y leer su discurso anual más importante ante el rey de España? Destacados miembros de la judicatura y la Fiscalía se hacen esta pregunta en los últimos días, señalando que quizá lo más acertado sería dar a otro miembro de la Fiscalía la encomienda, después de que el fiscal general haya sido procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos que podría haber vulnerado la presunción de inocencia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Además, existen antecedentes. En 2022 el covid impidió al recién nombrado García Ortiz -en sustitución de Dolores Delgado- acudir al salón de Plenos del alto tribunal y leer su primer discurso sobre la Memoria de la Fiscalía y sus objetivos en el cargo ante Felipe VI y el aún presidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes. Tres años después, y en medio de la inédita causa criminal que se ha abierto contra él, muchos consideran que el fiscal general debería hacerse a un lado y no perjudicar la imagen de la justicia con su presencia. «Cada uno asume su propia responsabilidad», señala un magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo sobre esta cuestión.
Por otro lado, y aunque desde diversos sectores se confiesa que existen las ganas de evidenciar el rechazo a García Ortiz con algún tipo de gesto, como podría ser un plante a su intervención, esta posibilidad (que se ha planteado por parte de algún juez y fiscal en particular) parece descartada finalmente en aras a la institucionalidad del acto y por respeto tanto al Rey como a la anfitriona, la presidenta del Supremo y del Consejo Isabel Perelló. «No parece el momento», señalan a EL PERIÓDICO diversos magistrados y fiscales consultados.
«Es a su majestad el Rey y a Perelló a los que rinden consideración los asistentes y a ellos a los que ofender con su ausencia, lo que no quiere decir que la asistencia del fiscal General del Estado sea inconveniente cuando se han apreciado indicios racionales de criminalidad contra él, después de una investigación llevada a término», destaca otro de los miembros del alto tribunal.
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, interviene acto de entrega de despachos de la 73 promoción de la Carrera Judicial. / Kike Rincón – Europa Press
Otro de los integrantes de esa Sala coinciden en el análisis: «No se considera prudente que vaya por su situación judicial pero él sabrá lo que hace y además si va debe hablar, por lo que el principal incómodo será él, al tener que hacerlo ante el Rey». Agrega que la percepción general en la carrera es que no debería ir y delegar en otra persona.
Pese a todo, desde el entorno del Fiscal General no se plantean ningún cambio en el programa del próximo viernes, según manifiestan a este periódico. «Lo que sería marciano es que no fuera siendo, como es, fiscal general del Estado, en plenitud de facultades y responsabilidades», agregan.
Responsabilidad institucional
Las asociaciones de jueces también aluden a la responsabilidad personal de García Ortiz a la hora de tomar una decisión con respecto a su agenda. «Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el fiscal general, como cualquier ciudadano que estuviese en su situación, goza de la presunción de inocencia y así debe ser considerado, por eso las asociaciones no hemos hablado de hacer ningún plante ni nada parecido, pues estaríamos cumpliendo con nuestras responsabilidades institucionales», explica Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente.

Imagen de archivo del Rey Felipe VI. / Diego Radamés – Europa Press
«Ahora bien -añade-, una cosa es su responsabilidad penal y otra muy distinta la institucional por el daño que, estando a punto de sentarse en el banquillo por graves delitos cometidos presuntamente en el ejercicio de su cargo, hace a la Fiscalía». Considera el portavoz que ese » daño la imagen de la institución y a la apariencia de imparcialidad de los fiscales que estarán en su juicio, aconsejarían no compatibilizar su posición de acusado con la de jefe de todos los fiscales, pero admite que «esa decisión solo le compete a él». Subraya además que mientras García Ortiz siga siendo fiscal general «parece inevitable que acuda allí donde es llamado, como es este acto.»
Desde sectores más progresistas de la carrera no creen tampoco que sus compañeros conservadores evidencien su descontento con el fiscal general en el acto formal del viernes, y ello pese a que «es obvio que le tienen ganas porque la imputación carece de justificación, como desnudó el voto particular» del auto de procesamiento que rechazaba procesarle por falta de consistencia de las pruebas existentes. «La situación es anómala, pero ha mejorado para el fiscal general con el voto particular del auto de impugnación», señalan desde sectores progresistas del Consejo General del Poder Judicial.
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